El Tribunal Superior de Bogotá anuló la imputación de cargos que había hecho la fiscal Angélica Monsalve por el delito de violación al régimen legal de inhabilidades contra el exconcejal de Bogotá Felipe Ríos, por presuntas irregularidades en un contrato para el sistema de recaudo de TransMilenio.
El Tribunal consideró que la Fiscalía no fue clara en explicar cómo pudo haber incidido el exconcejal en la adjudicación de dicho contrato, por lo que ahora se tendrá que repetir la imputación de cargos.
SEMANA se comunicó con la fiscal Angélica Monsalve quien señaló que la Fiscalía radicará una tutela ante la decisión del Tribunal.
“Para la Fiscalía es una justificación absurda por parte del Tribunal, toda vez que sí se determinó su participación por la acción omisiva de Felipe Ríos al no declarar el impedimento ante el Concejo, eso fue determinante para que se configurara el delito”, le dijo la fiscal Monsalve a SEMANA.
La polémica que rodea el caso
En un hecho bastante particular, tras la imputación de cargos, la fiscal Angélica Monsalve se comunicó con un abogado de la oficina de Jaime Lombana para decirle que le haría bien “pasarse al lado de los buenos” y advertir que a “Lombana le dicen el abogado del diablo”.
SEMANA conoció conversaciones que la fiscal Monsalve sostuvo con un abogado que comparte la defensa de los Ríos Velilla con el también abogado Jaime Lombana. En el diálogo la fiscal le dice al abogado que le revele qué “está tramando Lombana” en contra de ella.
La comunicación llama la atención en el sentido de que resulta muy extraño, contradictorio y hasta irregular, de acuerdo con algunos expertos en derecho, que una fiscal a cargo de una investigación trate de infiltrar la oficina del abogados de los procesados y les pida que revelen información, mientras ataca o señala a los otros defensores de ser “abogados del diablo”.
La fiscal Monsalve fue la misma que denunció que por cuenta de su trabajo, particularmente de este mismo caso, se ordenó su traslado de Bogotá a Putumayo. Ella aseguró que, cuando tomó la determinación de citar a imputación de cargos al exconcejal Felipe Ríos y sus tíos, fue notificada del traslado.
La funcionaria explicó en la audiencia de imputación de cargos cómo fue la participación o responsabilidad del exconcejal Felipe Ríos; no advirtió al Concejo de Bogotá la incompatibilidad al momento de debatir los asuntos respecto del millonario contrato, tampoco lo hicieron sus tíos cuando participaban de la licitación.
“En este sentido era su deber legal de acuerdo con la ley, que cuando sobrevenga al acto de nombramiento, oposición alguna, inhabilidad o incompatibilidad del servidor público, debe advertirlo inmediatamente a la entidad, pues al revisar las actas del Concejo de Bogotá se evidencia que usted no manifestó ningún tipo de intereses ante el Concejo respecto del sistema de transporte y mucho menos advirtió alguna inhabilidad o incompatibilidad para el transporte masivo de Bogotá”, manifestó la fiscal.
Las conversaciones de la fiscal con el abogado se conocen en un momento coyuntural para el proceso, cuando justamente la defensa de los ahora imputados aseguró que la imputación, en el caso del exconcejal, padece de argumentos legales; pues es una falacia advertir que Felipe Ríos, desde su cargo como concejal, tenía la posibilidad de interferir en la adjudicación del millonario contrato.
“Hay un error de la Fiscalía en la imputación, la delegada del ente acusador se equivoca a involucrar a mi cliente en los hechos que a su consideración son jurídicamente relevantes, pues es ambigua y viola derechos fundamentales, como lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia, al advertir que no puede haber control material de la imputación, pero sí control formal cuando se dé violación a derechos fundamentales como en este caso”, señaló Lombana.
El problema, en criterio de los expertos en derecho, es lo irregular del escenario: una fiscal que se comunica con los abogados de las personas que investiga, a los mismos que acusa de estar detrás de su traslado y de interferir en su trabajo, que les pide que le revelen información de reserva de la oficina y que además advierte que el líder de ese despacho es, en su criterio, el “abogado del diablo”.
Para estos expertos, consultados por SEMANA, la actitud de la fiscal debe ser investigada por la misma Fiscalía y la sala de disciplina de la judicatura. No es normal que un fiscal, funcionario público, que se supone debe ser imparcial y mostrar el debido respeto —no solo por la presunción de inocencia, sino por las otras partes en el proceso—, se exprese de esa manera de sus rivales de audiencia; así como tampoco es normal que trate de acceder a la información de esa manera.