Desde la posesión del presidente Gustavo Petro las invasiones a la propiedad privada, principalmente a los terrenos cultivados con caña de azúcar, se ha agudizado en el departamento del Cauca. Para el senador del partido Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, el Gobierno es el gran responsable de esta problemática.
De acuerdo con el congresista vallecaucano, el establecimiento ha enviado mensajes erróneos que han motivado a los invasores, que en el caso del Cauca son comunidades indígenas que alegan tener un derecho ancestral sobre la tierra y que han visto en algunas declaraciones una ventana para invadir.
“Estas invasiones tienen como causa los anuncios improvisados del Gobierno nacional, la tesis que sostuvo la ministra de Agricultura fortaleció y dio motivos para que estas personas sintieran la protección del Estado, incluso el acompañamiento, para realizar esas acciones ilegales”, aseguró Motoa.
Hay que recordar que el presidente Petro llegó a mencionar que la tierra no es de quien la posee, sino de quien la necesita, y que el Ministerio de Agricultura trabaja en una reforma agraria que repartiría terrenos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Tras la escalada de invasiones, Cecilia López, titular de dicha cartera, ha pedido que cesen estas acciones ilegales porque, dice, esto le da argumentos a quienes no quieren que prospere la reforma.
El congresista sostiene entre tanto que la disputa por las tierras en el Cauca afecta económicamente a la industria de la caña y socialmente a las poblaciones afro que trabajan las tierras invadidas.
Las invasiones de los indígenas han generado rechazo entre los afros que laboran en los terrenos. Este choque ha generado enfrentamientos en reiteradas ocasiones, pues las comunidades negras dicen que debe primar su derecho al trabajo y buscan hacerlo respetar a como dé lugar.
“Este conflicto no ha sido atendido de manera oportuna por parte del Gobierno y ellos mismos generaron mensajes erráticos que permitieron a esas comunidades sentirse avaladas para tomar acciones de hecho. El deber del Gobierno debe ser proteger de manera urgente la propiedad privada, ese es su deber constitucional”, argumentó Motoa.
El Gobierno hace unos días les dio un ultimátum a las comunidades indígenas para que desalojaran los terrenos en un lapso de 48 horas y frenaran las invasiones, pero la medida ha sido desafiada, como quedó evidenciado el miércoles, cuando encapuchados se tomaron un terreno de la Hacienda El Chimán, ubicada en jurisdicción de Guachené.
Uno de los indígenas encapuchados que invadió este predio habló con SEMANA y sostuvo, como lo hizo el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que las invasiones no se detendrán. “Se entiende que legalmente esta propiedad es privada, pero como comunidades indígenas reclamamos un derecho ancestral a las propiedades de la tierra plana, independiente de que se llamen haciendas o como se llamen, porque estos títulos en la época de la colonia fueron mal repartidos. Los criollos y los colonos se quedaron con todas las tierras injustamente”, afirmó el indígena.