De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, en la actualidad el tope o monto máximo de la base de aportes a la seguridad social corresponde a los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
Sin embargo, esto estaría por cambiar, puesto que el ministro del trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó que se adelanta la modificación para que este tope aumente hasta los 45 SMMLV de acuerdo con la orden dictada por el Gobierno nacional.
Aunque este empezaría a funcionar desde abril de 2022, ya se han dado a conocer los borradores del documento.
La base para aportar a salud y pensión es la misma y no puede exceder los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero ahora pasará a los 45 SMMLV desde abril de este año, a falta de sanción presidencial.
Según el Ministerio del Trabajo, esto será para “garantizar en este último sistema pensiones hasta de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Sin embargo, el portal Asuntos Legales señala que “quienes actualmente aportan sobre 25 salarios mínimos no reciben una mesada pensional por ese monto”.
Eliminar los aportes a salud
De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el desempleo de Colombia en julio se ubicó en 14,3 % y, hace un año fue del 20,2 %. Sin embargo, la disminución fue leve en comparación con junio de 2021, cuando el desempleo fue de 14,4 %.
Otra de las preocupaciones del mercado laboral colombiano son los altos niveles de informalidad, los cuales bordean el 50 %, lo que significa que hay una cantidad de trabajadores que no están protegidos por seguridad social y que no contribuyen a su pensión.
Con el fin de solucionar los problemas estructurales del mercado laboral, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) realizó al Gobierno, una serie de propuestas que consideran que pueden ayudar con la problemática.
La primera de Anif tiene que ver con la seguridad social que pagan los trabajadores de hasta 10 salarios mínimos mes a mes, pues considera que estos aportes se deberían eliminar y ser adoptados por el Gobierno.
“Proponemos desligar la seguridad social del tipo de vinculación que tenga el trabajador con el mercado laboral, con esto proponemos que los empleadores y trabajadores dejen de cotizar paulatinamente a salud y se recauden los recursos por medio de impuestos generales”, dijo Anif.
Según la entidad, las cotizaciones a salud del régimen contributivo generan una barrera a la contratación formal por doble vía. Por un lado, para el empleador las cotizaciones a salud de los empleados se convierten en un costo que prefieren evitar. Así mismo, los empleados informales del régimen subsidiado prefieren no formalizarse con el fin de no perder beneficios.
“Para 2020 el recaudo por cotizaciones fue de $20,5 billones (37 % de los recursos del sistema), los cuales se podrían recaudar por medio de otros impuestos manteniendo la progresividad que existe en la actualidad. La propuesta contempla una implementación gradual por etapas priorizando los grupos poblacionales que se ven más afectados en el mercado laboral empezando por los jóvenes entre 18 y 25 años y seguidos por las mujeres”, aseguró la Anif.
La asociación estima, además, que con esta iniciativa los trabajadores tendrán más recursos (pues ya no se les descontarán el aporte de manera mensual) que podrán destinar a otros aspectos como la pensión.