Este miércoles, desde horas de la mañana, el Congreso se reunió para darle trámite a la conciliación del proyecto de seguridad ciudadana del Gobierno nacional, que busca que haya menos impunidad en casos de delitos y hurtos cometidos contra los ciudadanos.

Sin embargo, ha generado polémica que algunos puntos les darían más poder a los uniformados, agravarían las sanciones contra la fuerza pública y hasta permitirían la justicia por mano propia de parte de los ciudadanos.

La conciliación era el trámite que faltaba para que se convirtiera en ley, luego de que fuera aprobado el martes por el Senado y el lunes por la Cámara. La Cámara de Representantes ya aprobó el texto de la conciliación. En el Senado hubo una votación de 60 votos a favor y diez en contra.

Este es el texto conciliado:

En Cámara la sesión ya terminó en medio de polémicas de congresistas que se opusieron y quienes lo aprobaron. La representante Juanita Goebertus calificó el hecho de “lamentable” y cuestionó que se haya presentado tan solo hace un mes por el Gobierno y se le haya dado un trámite acelerado.

“Es un proyecto que no contribuye a mejor la situación urbana y rural. Son puras medidas de populismo punitivo en donde insisten que aumentar penas y flexibilizar las capturas va a mejorar la seguridad”, aseguró la congresista.

“Este proyecto lo que permite es que el Estado mate y que se mate en función del privilegio”, dijo Gustavo Petro, quien la calificó como una “ley de paramilitarismo”.

Por su parte, quienes acompañaron al Gobierno, aseguraron que esta ley evitará que se puedan volver a presentar hechos como los que ocurrieron en medio del paro. La senadora Paloma Valencia cuestionó a quienes se oponían, diciendo que los bloqueos y el vandalismo afectaron a la ciudadanía.

“Estos senadores que no acompañaron el proyecto de seguridad ciudadana son los senadores que promueven el caos en Colombia. Son los senadores que les gustan los bloqueos, que les gusta que secuestren las ciudades. Estos son los senadores que creen que la protesta puede ser violenta”, aseguró la senadora del Centro Democrático.

El senador Gabriel Velasco, del mismo partido, concordó con Valencia en que hay un sector que habla de democracia pero promueven las vías de hecho, el caos y la violencia para acabar con la institucionalidad.

“Ahora votan no a un proyecto que lo único que busca es proteger y defender a la ciudadanía. Proteger y dar herramientas a la fuerza pública para que regiones como el occidente colombiano, el eje cafetero, el Valle del Cauca, Cauca y Nariño y muchas regiones del país no vuelvan a estar secuestradas”, afirmó Velasco que es caleño.

Entre los puntos más polémicos de la iniciativa quedaron consignados que quien asesine a un Policía en el ejercicio de sus funciones podrá tener hasta 60 años de prisión intramural. Asimismo, quienes agredan a un uniformado no tendrían el beneficio de la casa por cárcel.

Igualmente, se permitirá que se firmen contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en cárceles del país, lo que algunos han calificado de “privatización” de estos centros de reclusión. Y se fortalecerá la propiedad de tierra rural para prevenir las invasiones.

Por otro lado, se ha celebrado la figura de “peligro para la comunidad” que castigaría la reincidencia en delitos, se crea la Dirección de Delitos Informáticos en la Fiscalía para combatir este tipo de delitos. Y se regulan las armas menos letales que antes no necesitaban permisos.

El proyecto, al ser ley ordinaria, no tendrá revisión de la Corte Constitucional, por lo que solo le resta la sanción presidencial del presidente Iván Duque.