El último debate del proyecto de ley para darle un revolcón a la Contraloría se extendió por más de ocho horas. El punto clave de la discusión fue si las contralorías territoriales serían eliminadas o continuarían. Luego de una amplia ilustración en contra y a favor llegó la hora de votar y quienes defendieron la permanencia de esos entes triunfaron. De inmediato vinieron las reacciones de inconformidad. El senador Rodrigo Lara, por ejemplo, señaló que los colombianos tendría que seguir pagando por esos entes politizados e ineficientes 600.000 millones de pesos anuales. Por su parte, el contralor general Felipe Córdoba celebró que la parte clave de su proyecto, que apunta a un fortalecimiento general del ente de control, haya sido aprobado. El contralor insistió en que la iniciativa le da dientes a la entidad. “Prometimos hace un año en la campaña a la Contraloría General que queríamos dar el debate de cambiar el modelo de vigilancia que tenía el país, el Congreso de la República nos lo ha aprobado en octavo debate”, dijo a Cordoba. El funcionario resaltó que con el acto legislativo al régimen de control fiscal, la entidad podrá hacer una vigilancia oportuna y eficaz. "La Contraloría General de la República ya no llegará tarde, cuando ya están consumados los hechos de corrupción en el manejo de los recursos públicos, en adelante habrá un control en tiempo real". Puede leer:El tratado que convocará a 19 países a hablar de Venezuela De acuerdo a lo aprobado, el control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva y podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público. Córdoba resaltó que el nuevo control preventivo y concomitante aprobado no implicará coadministración y se realizará mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno.
El proyecto de ley aprobado propuso aumentar el presupuesto de 500.000 millones con que cuenta la Contraloría. Al respecto Córdoba señaló que las otras “ías” tienen una bolsa mucho más acorde con su misión: la Procuraduría dispone de 60.000 millones de pesos más, y la Fiscalía está 3 billones por encima del presupuesto de la Contraloría. El proyecto habilitó a la Contraloría para recibir 200.000 millones de pesos adicionales, algo así como el 0,5 por ciento del presupuesto general de la nación, a través de una fórmula escalonada año a año. El contralor Córdoba defendió a capa y espada la iniciativa y frente a las críticas de que con la reforma se estaba generando burocracia señaló que un aumento del presupuestos no se reflejaría en puestos, pues el 96 por ciento de la planta de la entidad son funcionarios de carrera, no de libre nombramiento. Respecto al futuro de las 64 contralorías regionales, Córdoba mantuvo una posición neutra. Frente a este polémico punto el contralor no se inclinó de uno u otro lado pues consideró que ello podría poner en peligro el proyecto y su objetivo esencial: dotar de dientes a la Contraloría General. "La Contraloría General de la República ya no llegará tarde, cuando ya están consumados los hechos de corrupción en el manejo de los recursos públicos, en adelante habrá un control en tiempo real": Felipe Córdoba. Le puede interesar:Profesión peligro: ser candidato es un alto riesgo en 7 departamentos Pero al margen de la cautela del contralor Córdoba le debate sobre este punto fue candente y tuvo protagonistas estelares. En su columna del pasado domingo Germán Vargas Lleras señaló que “la Contraloría General cuesta anualmente 570.000 millones y las regionales, cerca de 400.000. Estas últimas solo recuperan el 0,02 por ciento de los recursos involucrados en procesos de jurisdicción coactiva”. Y pidió: “Aún es tiempo de aprovechar esta oportunidad para eliminar de tajo las contralorías territoriales, como lo he propuesto por años. Ello nos permitiría avanzar hacia un control fiscal integral, efectivo y con enormes ahorros para el país”. La posición de Vargas fue compartida no solo por sus coequiperos de partido como el senador Rodrigo Lara de Cambio Radical. También adversarios políticos del ex vicepresidente, como Gustavo Petro y Álvaro Uribe, se alinearon con él. Lo mismo consideró el senador Roy Barreras, ponente del proyecto en esa corporación. Todos estos planteaban que lo mejor es que la Contraloría General fuese la autoridad suprema del control fiscal.
Pero Uribe, Barreras, Lara, Petro y demás senadores que se oponían a la continuidad de la territoriales resultaron derrotados. Senadores como los liberales Miguel Ángel Pinto y Julián Bedoya se opusieron a la eliminación de los entes territoriales y triunfaron. Tras bambalinas jugó un papel clave el lobby que en las últimas semanas han hecho los contralores regionales en el Congreso. Al respecto el Senado también aprobó que los contralores departamentales, distritales y municipales, seguirán siendo elegidos por las asambleas departamentales y concejos municipales, de una terna seleccionada en una convocatoria pública previa. Le recomendamos: Gobierno de Colombia asegura que el 43% del ELN está en Venezuela Así las cosas, la plenaria del Senado dio el sí a la reforma a la Contraloría mientras que una vez más los cuestionados entes territoriales se salvaron. La reforma permitirá robustecer el ente de control nacional y vincular expertos con los que hoy no cuenta la entidad. "No tenemos ni un solo médico auditor y solo dos ingenieros de petróleos, no tenemos grafólogos, documentólogos, ingenieros ambientales... Yo tengo que decirle la verdad al país. Lo único que he hecho aquí es venir con nuestros ocho sindicatos, y con la academia a socializar el proyecto. Por eso, luego de ocho debates, foros, audiencias públicas, finalmente nos dieron estas facultades", celebró el contralor Córdoba.