La Defensoría del Pueblo emitió un llamado urgente al Gobierno Nacional y las instituciones públicas para que hagan presencia en el departamento de Arauca, donde las comunidades viven en constante zozobra debido al recrudecimiento del conflicto armado. La situación ha llegado a niveles alarmantes tras una serie de homicidios y atentados perpetrados por grupos armados ilegales.
Entre el jueves 22 y el martes 27 de agosto, se registraron ocho homicidios en los municipios de Saravena, Fortul, Puerto Lleras, Arauquita, Puerto Rondón y Tame. La mayoría de las víctimas eran personas jóvenes, lo que incrementa la preocupación por la seguridad en la región.
Entre los asesinados se encuentran Willis Guillermo Robinson Sánchez, líder comunal de Puerto Rondón, y Óscar Guerrero, presidente de la junta de acción comunal de Corocito. Con estos crímenes, ya son 13 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Arauca en lo que va del año. En total, los homicidios en el departamento superan los 100 entre enero y agosto de 2024.
El oscuro panorama no se limita a los homicidios. La Defensoría también ha alertado sobre el alarmante aumento de desapariciones forzadas, retenciones y secuestros, con más de 110 casos reportados en el mismo periodo. Estos hechos comprometen gravemente los derechos a la libertad y a la integridad de la población civil, que cada vez más se siente desprotegida. Ante esta situación, la entidad ha insistido en la necesidad de implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad y la vida de los habitantes de Arauca.
Atentados intensifican la crisis en Arauca
El pasado fin de semana, la estación de Policía de Fortul, ubicada en plena zona céntrica del casco urbano, fue atacada con artefactos explosivos y ráfagas de fusil, poniendo en grave riesgo a los habitantes del municipio. Este hecho se suma a una serie de atentados con explosivos contra la infraestructura petrolera en los últimos seis días, lo que agrava la crisis en la región.
Los ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas afectaron a los pobladores de las veredas El Consuelo, Islas de Bojaba y La Pava, en Saravena, mientras que el oleoducto Bicentenario fue blanco de un atentado en las veredas Palmarito, en Fortul, y Bajo Tamacay, en Tame. Estos incidentes no solo afectan la infraestructura económica, sino también los derechos de la población a un medioambiente sano, especialmente en las zonas rurales.
La Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo sobre el violento panorama que enfrenta Arauca. En un documento enviado el 20 de agosto a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), la entidad subrayó los altos niveles de riesgo debido a la falta de ratificación o continuidad del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y el ELN.
El informe advirtió sobre la posibilidad de que estas estructuras armadas realicen ataques contra comunidades, fuerzas de seguridad, instituciones y la infraestructura petrolera y energética. En consecuencia, la Defensoría ha reiterado su llamado a los actores armados no estatales para que cesen las acciones contra la población civil y respeten el derecho internacional humanitario (DIH).