En el barrio 26 de octubre de Arauquita, en el departamento de Arauca, corren lo niños descalzos, con palos en las manos que asemejan un fusil. Pequeños de cinco años en adelante juegan a la guerra. “Yo soy eleno”, grita uno de ellos parado en un estaco de agua que se funde con la carreta empedrada. Otro le responde: “Listo, yo soy farucho”, escondido detrás de una de las casas con paredes de madera, ventanas y techos de plástico que conforman el barrio de invasión, junto al río Arauca y justo donde se separa Colombia de Venezuela.
La escena la ve a diario con angustia Néstor Suárez, presidente de la junta. Dice que en estas noches de enero se han escuchado enfrentamientos sostenidos durante más de tres horas, estallidos que retumban junto a la cama de los menores. Al día siguiente se desconoce cuál de los dos bandos —Farc o ELN— tuvo más bajas, por eso cuando el sol sale los niños quieren representar lo que pudo haber pasado del otro lado del río.
Ese “inocente juego” refleja la realidad que afrontan actualmente los araucanos. 59 muertos por homicidios selectivos en lo corrido del año, activación de artefactos explosivos, secuestros y desplazamiento forzado por cuenta del enfrentamiento entre dos guerrillas.
A diferencia de los juegos de ladrón y policía, en Arauca pocos quieren identificarse con las autoridades. Ningún niño grita “soy del Ejército”, porque en este departamento, en cualquiera de los municipios, sus padres les han enseñado que donde hay militares se corre más peligro de ser atacados.
La presencia del Estado con infraestructura militar en Arauca se empezó a ver en el año 2003 durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe. El departamento tiene una brigada y batallones en Tame, Saravena, Arauquita y Jordán. Solo el Ejército cuenta con aproximadamente siete mil uniformados. El aporte de tales batallones no ha sido únicamente en seguridad, sino en desarrollo vial, pues ingenieros militares para el mismo periodo culminaron 174 km en la vía Tame–Arauca; los soldados sacaron adelante esa obra pese a que las guerrillas se oponían.
“No es que no los queramos”, aclara Mariela, quien cuenta cómo su piel se eriza cuando ve pasar las tropas del Ejército junto a su casa en Saravena; “me encierro, apago la luz y me pongo a orar”. Con comunicados y cadenas en redes sociales, las guerrillas advierten a los civiles que se tienen que alejar de las autoridades porque en cualquier momento los van a hostigar o activarle cargas explosivas, “caiga quien caiga”.
Se volvió común que en algunos barrios, mientras las autoridades patrullan, los habitantes salgan cargando colchonetas alejándose de la posibilidad de quedar en medio de los supuestos ataques a la fuerza pública.
En lo corrido del año van dos lanzamientos de tatucos contra uniformados del Ejército. Sin mayores afectaciones.
En Arauca están acostumbrados a que las amenazas de la guerrilla se cumplen, eso explica las calles desérticas a partir de las 3:00 p. m. Cuando el ELN asesinó a 27 personas iniciando el 2022 porque, según ellos, tenían nexos con las disidencias de las Farc, los frentes 10 y 28 de estas últimas advirtieron que tomaría represalias y el 18 de enero, faltando 15 minutos para las 11:00 p. m., activaron un carrobomba cerca de oficinas de derechos humanos. Días antes, el ataque con explosivos fue contra la sede del acueducto comunitario en Saravena y se han escuchado al menos tres estallidos más.
Eso tiene una explicación, según le dijo el comandante Ernesto, uno de los hombres claves de las disidencias de las Farc, a Salud Hernández en entrevista para SEMANA: “Aplicaremos la pena máxima a los corruptos”. Para los que conocen el territorio araucano, la corrupción está arraigada al ELN.
En Arauca es un secreto a voces que no se mueve un dedo sin contar con la autorización de esa guerrilla. Antes que la lucha por el control del narcotráfico, el ELN pelea por lo que considera suyo: Arauca, el departamento del que, por años, ha sacado provecho económico. Allí es un secreto a voces que esta guerrilla ha puesto alcaldes, gobernadores y dirigentes sociales.
Investigaciones a las que ha tenido acceso SEMANA demuestran que el ELN ha logrado filtrase en todos los partidos políticos sin importar que su línea ideológica sea contradictoria. Es que en Arauca pocos, por más firmes que parezcan en sus convicciones, se atreven a contradecir a los comandantes; de por medio están la vida y la ambición de quedarse con parte de la torta que se reparte por las regalías, la minería ilegal, la contratación amañada, por nombrar algunos de los males que carcome el territorio.
Y es que nada más los dos últimos gobernadores de Arauca están en la cárcel por supuestos nexos con el ELN. José Facundo y su antecesor, Ricardo Alvarado, ambos por su presunta participación en hechos de corrupción durante tres administraciones continuas en ese departamento.
“En Arauca no todos somos guerrilleros”, dice uno de los pobladores que pide que les quiten el estigma que han tenido que cargar durante años, aunque admite que en la mayoría de las familias algunos de sus integrantes sí han formado parte de los grupos insurgentes.
Sin embargo, esto no algo que no ven como malo los núcleos familiares, pues crecieron escuchando en su realidad que ese era el mejor camino para tener un cambio en Colombia: las guerrillas. Cuando uno hace juegos con los jóvenes o niños en los colegios, el color que escogen para diferenciar equipos es el negro y rojo, porque dicen ese el color del partido ganador profeso”, le relata con preocupación a SEMANA uno de los maestros de las escuelas fronterizas.
Analistas en temas de conflicto y sociopolíticos analizan que la crisis puede pretender varios escenarios y uno de ellos es la ruptura del territorio araucano en la búsqueda de una supuesta Independencia y la adhesión a Venezuela. Incluso temen que se pueda registrar un episodio similar al que vivió Colombia con la división de Panamá y perder el territorio, rico en recursos naturales.
No obstante, esto es inviable para Jairo Libreros, profesor de seguridad y defensa nacional de la Universidad Externado de Colombia: “Un ejercicio de ruptura de la soberanía para independizarse no es un objetivo de los actores armados”, aseguró, independientemente de la economía que manejen, sean estos narcotraficantes, insurgentes o terroristas, explicó.
“Ese sería el peor escenario para estos actores ilegales, porque obligaría al Gobierno nacional a convertir el departamento en un campo de guerra, de tensión máxima con la dictadura venezolana y bajo la observación internacional de Naciones Unidas, en el cual sus actividades criminales, especialmente las relacionadas con el tráfico ilícito de armas y drogas, dejaría de ser rentable”, argumenta Libreros.
Por ahora, la guerrilla se da el lujo de salir a las calles, mandar comunicados amenazantes como en el que advierten que van a asesinar a todos los que sirvan de testaferros a las Farc, a aquellos supermercados que le vendan al enemigo.
SEMANA habló con uno de los conductores de transporte público que tuvo que huir de sus tierras porque sabe que en algunas oportunidades no pudo negar servicios a militantes de las Farc o del ELN. “Allá uno no puede decir no, simplemente trabaja y dice que es neutro para evitar problemas”, pero esta vez ese argumento parece no ser suficiente.
”Es que allá se hace es lo que la guerrilla dice, lo que diga el Estado no sirve porque él no es el que está allá poniendo el pecho”, dice un líder social que salió de Arauca amenazado de muerte por querer proponer hacer las cosas bajo la legalidad y luego de ver cómo asesinaron a presidentes de junta y esposas de estos líderes.
Mandar a militares a custodiar la zona no es la solución, concluyen todos. Es como darle un analgésico a un paciente con una enfermedad tan grave como el cáncer. El mal se cura con soluciones de raíz, lo que exige inversión integral, y descentralizar las instituciones.
El Estado debe ganarse la confianza de los pobladores, garantizar vías de acceso y educación. La receta se viene repitiendo desde hace muchos años, pero no se aplica y, mientras tanto, hay que crecer viendo a nuevas generaciones criarse en medio del conflicto, como los pequeños del 26 de octubre, que prefieren jugar a la guerra, mientras algunos políticos prometen ayudarles a legalizar sus predios, poner un colegio de calidad o una universidad a la que sueñan con llegar, así como unos escenarios deportivos donde entrenen los futuros orgullos del país.