A finales del 2015 se instalaron los tribunales de arbitramento convocados para resolver las demandas del Consorcio Ruta del Sol contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por los cambios en los planes de obra dentro del contrato para la construcción del tramo 2. Las pretensiones del consorcio, que se unificaron en un solo pleito y suman unos 798.000 millones de pesos, causaron el rechazo de los entes de control que pusieron la lupa en el cuantioso proceso. ¿La razón? No parecía lógico que Odebrecht, firma involucrada en la entrega de un soborno para ganar dicho contrato, terminara demandando a la ANI. Después de diciembre, cuando se destapó el escándalo de Odebrecht en el mundo, el interés en el tribunal se concentró no sólo en defenderse de la demanda más grande de Odebrecht y sus socios contra Colombia, sino en que en este tribunal estaba puesta la carta más importante del Gobierno para lograr, en tiempo récord, la nulidad del contrato de adjudicación de las obras Ruta del Sol tramo 2.Le puede interesar esta columna de Daniel Coronell: El silencio de García ArizabaletaEsta acción, que tenía como propósito causar el menor daño en la continuidad de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, quedó frustrada temporalmente por la renuncia de los abogados Stella Villegas, William Namén y Ariel Hernández. Los tres árbitros, en una sorpresiva decisión, resolvieron en la audiencia de este miércoles los recursos pendientes y abandonaron su designación. Las renuncias causaron de inmediato el rechazo del vicepresidente, Germán Vargas Lleras, quien a través de su cuenta de Twitter pidió que los abogados fueran investigados por la Fiscalía, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Consejo Superior de la Judicatura. Cuestionó que por cuenta de unas medidas cautelares, que fueron levantadas en diciembre, a favor del concesionario, la ANI no pudo imponerles multas desde diciembre del 2015.En el mismo sentido se pronunció el ministro de Transporte, Jorge Rojas, quien a través de un comunicado anunció demandas contra los árbitros, por retardar las acciones legales contra el concesionario. El jefe de esta cartera aseguró que pedirá que los árbitros no puedan volver a ejercer.Recomendamos: Columna Duda sobre Duda Semana.com tuvo acceso al acta de la audiencia, esa en la que se dio una acalorada discusión. En el documento, los árbitros defienden su autonomía y su independencia, pero reconocen su cercanía con los abogados de las partes, esto es, con Jorge Eduardo Chemás Jaramillo, apoderado de la firma concesionaria (Odebrecht); Henry Sanabria Santos, abogado de la Agencia, y Ramiro Bejarano, apoderado de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. “Todos, egresados y profesores del Externado, conocidos de vista y trato desde hace muchos años”, indicaron. Los árbitros aseguraron que la actitud hacia las partes fue “respetuosa, independiente e imparcial” y que todas las actuaciones del caso se adelantaron con estricta sujeción al imperio de la ley y a los elementos procesales. En la constancia de la renuncia, sobresale que los abogados también dejan claro que no será de su comportamiento “interceder ante ningún magistrado del Consejo de Estado, autoridad, servidor público o judicial por asunto alguno, menos respecto de las actuaciones y decisiones adoptadas en proceso arbitral”. Los árbitros justifican su paso al costado argumentando que las condiciones en las que aceptaron su designación ya no son las mismas que se plantean en la controversia actual. Lo que comenzó como una reclamación de carácter contractual fue “rebasado” por una situación no conocida por los apoderados y por las partes: “La situación se tornó de índole criminal y cambia completamente el marco de las circunstancias en las que aceptaron la convocatoria”. Y dijeron que se deben investigar los graves hechos que rodearon la firma del contrato para que se sancione a los responsables. ¿Qué pasó en la audiencia? En el acta de 40 páginas queda consignado cómo se desarrolló la audiencia, que comenzó con un punto a favor del Gobierno, cuando el tribunal rechazó la solicitud del Consorcio Ruta del Sol de desestimar la petición de anular el contrato. Esta petición fue apoyada por el procurador delegado para la conciliación judicial, quien solicitó en audiencia que se declarara la nulidad “inmediata y absoluta” del negocio jurídico, incluidos allí los otrosíes –entre los que está la vía Gamarra-Ocaña- al mismo tiempo que se nieguen las pretensiones por 798.000 millones de pesos.Puede leer: "Si Óscar Iván fue informado... sería muy grave": Álvaro Uribe Lo anterior enmarcado en los vicios de nulidad que aparecieron cuando el ex viceministro de Transporte Gabriel García admitió ante un juez haber recibido un soborno de 6,5 millones de dólares para adjudicar el contrato al concesionario (del que es socio Odebrecht). La ANI y la Agencia de Defensa del Estado también solicitaron que se condenara en costas al contratista por el daño causado por el tiempo en que estuvieron vigentes las medidas cautelares. Estas impedían que la ANI pudiera imponer sanciones o tomar medidas por hechos relacionados con el pleito entre las partes. Sin embargo, ordenaban que se aplicaran medidas transitorias que fueran necesarias para evitar la parálisis de las obras. La controversia se desató al interior de la audiencia cuando el tribunal consideró que era necesario garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa sin decidir de fondo. Ordenó incorporar al expediente el documento reservado, entregado por el Ministerio Público, que contiene las evidencias sobre el supuesto hecho de corrupción que enmarcó la firma del contrato. Le puede interesar: Ruta del Sol 3, bajo la lupa de la Fiscalía por escándalo de OdebrechtAunque haya una aceptación de cargos de parte del ex viceministro García, el tribunal determinó que es muy delicado imponer una sanción y más teniendo en cuenta que de la concesionaria hacen parte socios que no son Odebrecht. “No se puede adoptar una decisión sin que las pruebas hayan sido sometidas a la contradicción y defensa”. Justamente esos socios -Episol (filial de Corficolombiana) y CSS Construcciones de Carlos Solarte- aseguraron en la audiencia que no tenían "conocimiento alguno sobre los hechos revelados por las autoridades” y que rechazan enfáticamente cualquier actividad ilegal.