En Argelia, Cauca, epicentro del recrudecimiento de la violencia en ese departamento, hay una rutina de lo extraordinario. Los disparos, desplazamientos, confinamientos, enfrentamientos armados y niños atropellados por el estrepitoso sonido de la guerra ahora son comunes. En ese municipio se convive con la aspereza de la vida y el miedo constante a la muerte.

El ciclo de la violencia en Argelia durante el último año es el mismo: enfrentamientos entre Ejército, ELN, disidencias de las Farc y Clan del Golfo. Esa acción provoca desplazamientos y confinamientos; las familias desplazadas llegan al casco urbano; aparecen asesinados uno o dos líderes campesinos, así como miembros de estas estructuras criminales, en las orillas de las carreteras; hay un periodo de calma (pueden ser un par de días); los desplazados regresan a sus territorios, porque no encuentran más opciones. Después de esto, la historia se repite. Toda una rutina de aquello que está por fuera de lo ordinario, pues la violencia siempre será un factor extraordinario en la sociedad.

En el último mes, la Defensoría del Pueblo ha documentado cinco desplazamientos masivos que afectaron a 2.077 personas, confrontaciones armadas entre grupos ilegales con interposición de población civil, un accidente con minas antipersonas e incidentes con artefactos explosivos en el corregimiento El Plateado. Para el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hay una alarma grande de reclutamiento de niños y adolescentes, así como riesgo inminente por el uso –cada vez más frecuente– de artefactos explosivos convencionales e improvisados.

La Defensoría también señala que actualmente en Argelia están atendiendo un desplazamiento masivo de 617 familias, alrededor de 915 personas, ubicadas en los albergues del coliseo central del municipio, en un hogar juvenil, la caseta comunal de la vereda La Playa, y en los centros poblados del Mago, Belleza y vereda La Mina.

Pero los desplazamientos no son el único problema que enfrenta la población civil. Generalmente, no alcanzan a salir de sus casas cuando comienzan los combates. Deben esperar por horas o días encerrados mientras cesa el ruido de las balas. Por ejemplo, al cierre de esta edición, había combates en las veredas El Pinche, La Ceiba y Las Vegas. Ningún habitante logró salir de la zona y permanecen en confinamiento alrededor de 1.000 personas.

El alcalde de Argelia, Jonathan Patiño, asegura que todo lo ocurrido es porque en su municipio no se implementó de manera correcta el proceso de paz. “Como municipio, como territorio y como región campesina, estamos siendo víctimas del recrudecimiento del conflicto, dado por malas decisiones que se han tomado en el país alrededor de la no implementación del acuerdo de paz con las Farc”.

Señala, con cierto enojo, que hay una invisibilización nacional de lo que ocurre en Argelia, pues su administración no comparte la “línea ideológica del Gobierno, y tal vez por eso somos una región tan olvidada y estamos atravesando tantas dificultades”. Y agrega: “Si se hace un acuerdo para que se acabe la guerra, pero no se implementa, pues lo más lógico, tristemente, es que la guerra continúe”.

Él, que nació en zona rural de Argelia, precisa que estos picos de violencia solo son comparables con una arremetida de grupos herederos de paramilitares entre 2006 y 2008. “Eso fue algo trágico y terrible”, añade.

¿Quiénes se enfrentan?

La disputa se centra en el cañón del Micay, una subregión del sur del departamento que comprende las áreas rurales de los municipios Argelia y El Tambo, ruta clave de salida terrestre hacia Guapi, Timbiquí y demás zonas del Pacífico caucano.

Allí, desde 2015, opera el ELN tras la salida de la columna Jacobo Arenas de las Farc. Pero en los últimos meses arribó el frente disidente Carlos Patiño, ahora apoyado por las columnas móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, del norte del Cauca. A esta última la encabeza Jhoany Noscué, alias Mayimbú, sindicado de la masacre en que murieron la candidata liberal Karina García y seis personas más en Suárez.

Estas disidencias se unieron en un plan de unificación de las antiguas estructuras de las Farc en el Cauca bajo el recién creado Comando Coordinador de Occidente. Lo componen tres estructuras móviles: Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Franco Benavides; y tres frentes: Carlos Patiño, Ismael Ruiz y Rafael Aguilera.

Esa estructura criminal ya controla el comercio ilegal en Caloto, Miranda, Santander de Quilichao, Toribío y Corinto con la presencia de la columna Dagoberto Ramos; y, del otro lado, Suárez, Buenos Aires, Timba, así como el área rural alta de Jamundí, Valle, con la Jaime Martínez.

En estos municipios siembran y producen marihuana tipo creepy, que sacan al Pacífico por el Naya, una región del noroccidente del Cauca con caminos estrechos y difíciles de transitar. Por eso cobra importancia el cañón del Micay, que facilita el traslado de estupefacientes al mar, para luego comerciar con emisarios de carteles mexicanos instalados en la zona.

El Comando Coordinador de Occidente surgió a partir de la columna Jacobo Arenas de las Farc, una de las más reacias al proceso de paz de La Habana. Incluso, ninguno de los cabecillas de estos grupos participó en las negociaciones. Desde 2013 partieron cobijas y a partir de 2016 se reorganizaron en pequeñas estructuras. Primero tuvieron una disputa interna. Hasta el año pasado, disidentes de las Farc combatieron entre sí para hacerse con territorios cocaleros. A principios de 2020, firmaron un pacto y crearon el Comando Coordinador de Occidente para recrear una línea de mando similar al secretariado de la otrora guerrilla.

No comparten ideales El Comando de Occidente no comparte ideales con la autodenominada Organización Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez y alias el Paisa, a quienes consideran traidores.

El frente Carlos Patiño viene desde el sur. Su operación –según inteligencia militar– estaba limitada hasta hace unos meses en la subregión nariñense de La Cordillera, que agrupa a los municipios Policarpa, Cumbitara, El Rosario, Leiva y Taminango. Entraron al Cauca por Balboa a plantarle cara al ELN, que controla la producción y tráfico de coca. La gran alianza de disidencias quiere quedarse con todo el negocio en ese departamento: la marihuana del norte y la coca del sur.

El territorio en el cañón del Micay ya está repartido: las disidencias tomaron posesión de los corregimientos Betania, Honduras y otras veredas de El Tambo. El ELN resiste en parte de San Juan del Micay y Argelia, último municipio del macizo antes de encontrarse con el Pacífico.

En medio de esta maraña violenta, ha quedado la población civil y sus líderes sociales y campesinos (cada vez son menos), que tratan de resistir desde el territorio, pero que cada tanto empacan maletas para hacerles el quite a las balas.

Por ejemplo, al líder campesino Ildo Gutiérrez lo asesinaron en su casa hombres del frente Carlos Patiño. La víctima venía apoyando distintos proyectos para el desarrollo vial y social del municipio, entre ellos el peaje comunitario. También se destacaba por ser deportista y organizador de eventos recreativos en la región.

Ese caso fue el último de una lamentable lista de 28 líderes asesinados en Argelia en el último año. Este tipo de homicidios e historias ya no generan la misma alarma que antes, porque la rutina de lo extraordinario ha logrado normalizar las noticias trágicas.