Luego de que se acusara al senador Armando Benedetti de estar involucrado en las presiones para que continuara el contrato con Centros Poblados, en el cual se perdieron cerca de $70.000 millones, el congresista publicó varios trinos sobre el tema defendiéndose.

En principio, señaló que “con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un tinto o una CocaCola, ni me he reunido, hablado telefónicamente o cruzado un email o un chat. Como en las viejas épocas del ‘rufián’, quieren meterme en cuanto caso de corrupción hay”, indicó en su cuenta de Twitter.

Acto seguido, explicó que unos “duquistas” y uribistas “se robaron los $70.000 millones y ahora para crear una cortina de humo quieren decir que alguien de la oposición tuvo que ver con eso. ¡Tienen huevo! ¡Tronco de estrategia la de estos mezquinos y ladrones!”.

Luego, agregó: “Advertí en Twitter y pregunté en Palacio si sabían de las vagabunderías que se estaban haciendo en @MinTIC_responde. Soy de la oposición, he liderado dos mociones de censura y ahora pretenden hacer creer que los duquistas y uribistas no se robaron nada”.

Emilio Tapia y Centros Poblados

Cuando la unión temporal Centros Poblados se ganó el millonario contrato con el Ministerio TIC para llevarles internet a los niños de las escuelas más apartadas del país, hubo júbilo en la oficina 601 de un edificio cercano al Parque de la 93, en Bogotá.

Emilio Tapia, el mismo que fue condenado por el carrusel de la contratación en la capital del país, brindó ese día con whisky junto a algunos de sus compinches. De nuevo lo había logrado. A un grupo de empresas que él había coordinado le acababan de adjudicar, en diciembre de 2020, un contrato por más de un billón de pesos para instalar más de 7.000 puntos digitales.

Así se lo contó a la Fiscalía Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, dueño de la firma Novotics y uno de los involucrados en el sonado escándalo que decidió colaborar con la justicia, y cuyo testimonio fue conocido en exclusiva por SEMANA. “Ese día estábamos en las oficinas de la 93 en Bogotá, estaban Emilio, la esposa, Robert Gómez, yo, la doctora María Mónica Pino, el doctor Lucas, había otro abogado, y ese día llegó el momento de abrir los sobres”, les confesó Cáceres a los investigadores, el pasado 3 de septiembre.

Luego, cuando se dieron cuenta de que eran los ganadores del jugoso contrato, empezó la fiesta. “Yo inmediatamente celebré y todos celebramos, eso fue una gritería porque nos la habíamos ganado, yo me fui a una oficina, oré, lloré, llamé a mi esposa, llamé al doctor Oswaldo Medina y dije que Dios había hecho justicia porque nos la habíamos ganado. Abracé a Robert y lloramos, entonces ofrecieron una copa de whisky y después llegó el doctor Pino Ricci (...) Como a las 5:30 o 6:00 de la tarde nos fuimos a una cena todos los que estábamos ahí”, agregó Cáceres en su relato.

Este hombre dejó al descubierto que Emilio Tapia era el verdadero dueño del contrato de Centros Poblados, que le costó la renuncia a la ministra Karen Abudinen, y por el cual acaba de ser nuevamente capturado.

Hoy, el país, en medio de la indignación, no entiende cómo un condenado por corrupción, que obtuvo beneficios de la justicia, reincidió olímpicamente pasando por encima de los organismos de control y todas las autoridades y burlándose de los colombianos.

En las últimas horas se confirmó que la justicia de Estados Unidos ya tiene abierto un proceso por lavado de activos, teniendo en cuenta que 58.000 millones de pesos del anticipo del contrato con Centros Poblados habrían circulado por el sistema financiero de ese país. Los giros, al parecer, fueron hechos directamente por Cáceres, a quien ya le congelaron sus cuentas. En las próximas semanas podrían librarse órdenes de captura con pedidos de extradición contra algunos de los protagonistas de este escándalo.