Para este jueves, a las 9:00 a. m., está citada la indagatoria al exsenador Armando Benedetti dentro de la investigación que se le adelanta por el presunto delito de concusión, por hechos cuando fue congresista de la República. Los hechos tienen relación con la supuesta exigencia de dineros, en el año 2010, para que la Fiduprevisora les desembolsara a un grupo de docentes del departamento de Córdoba, principalmente de los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica, el pago de derechos pensionales.
La Sala, más específicamente el despacho del magistrado Francisco Javier Farfán, investiga si Benedetti habría pedido dineros a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales sobre estas prestaciones, para que la Fiduprevisora pagara esas pensiones vitalicias y liquidaciones.
Benedetti —cuyos procesos pasaron nuevamente a la Corte Suprema de Justicia después de renunciar a su cargo como embajador de Colombia en Venezuela— tiene pendiente una indagatoria por la investigación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, tema relacionado con el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Sin embargo, la audiencia fue aplazada debido a que Benedetti recusó a la magistrada Cristina Lombana, quien lleva el proceso.
La defensa de Benedetti también asegura que la magistrada Cristina Lombana promovió audiencias bajo los principios de la Ley 906 en casos que debían tramitarse con la Ley 600 ante el Tribunal Superior de Bogotá, para tratar de conservar los procesos, pese a que la decisión mayoritaria de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia era que estos debían pasar a Fiscalía.
Finalmente, la recusación señala que en otro de los casos que se abrió contra el exsenador, la magistrada Lombana, pese a no tener competencia en el proceso, ordenó una supuesta práctica de prueba para revisar e inspeccionar las actuaciones del fiscal Gabriel Jaimes en el caso, lo que a juicio de la defensa se traduce en una irregularidad sin precedentes en la Rama Judicial. Esta recusación está pendiente de resolverse.
Armando Benedetti manifestó que el objetivo de la recusación es que se le dé la garantía de tener un juez imparcial en los procesos judiciales que enfrenta.
“Espero que la Honorable Sala de Instrucción evalúe estos hechos irregulares y me garantice un juez imparcial. En cualquier caso, la decisión que adopte la Sala será acatada, y ante quien ellos dispongan seguiré afirmando mi inocencia”, dijo en su cuenta de Twitter.
En este caso en particular, los hechos por los que se investiga a Benedetti hacen referencia a las irregularidades que se habrían presentado en la celebración del contrato que tenía como objeto garantizar el bodegaje, la custodia y la actualización del inventario mensual de documentos, así como la digitalización e indexación del archivo del Fonade. Se le entregó a una empresa que, según la investigación, no cumplió los requisitos definidos en la convocatoria ni entregó la póliza para la firma de ese contrato. Aun así, terminó ganando.
El pasado 3 de agosto, el exembajador de Colombia en Venezuela le notificó a la Fiscalía General su deseo de guardar silencio en la investigación que se adelanta por el denominado proceso 15.000. En una misiva, enviada a la Unidad Delegada ante la Corte Suprema, el otrora exsenador y diplomático manifestó que hará uso de ese derecho constitucional.
“Me dirijo a ustedes para reiterar, por un lado, mi compromiso y respeto con la administración de justicia, y por el otro, la voluntad de ejercer mi derecho fundamental a guardar silencio”, precisa la carta conocida por SEMANA. Igualmente, cita un informe periodístico en el que se señala que por estos hechos se le adelanta una investigación penal y disciplinaria. “Por lo que haré uso de la citada garantía, ya que estoy cubierto por el alcance que se ha dado”.
La Fiscalía anunció en mayo pasado, por medio de un comunicado de prensa, que llamaba a Benedetti en el marco de las líneas de investigación por el escándalo del caso de la exniñera de la exjefe de gabinete del presidente, Laura Sarabia. En la citación se advertía la necesidad de que Benedetti “precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”