A partir de este lunes comenzará la primera gran prueba de fuego para el Gobierno en el Congreso, cuando la Comisión Primera del Senado le dé trámite al debate sobre la reforma al equilibrio de poderes, el primer proyecto que el Ejecutivo puso a consideración del parlamento. Se trata de la reforma constitucional que tiene como principal propósito eliminar la reelección presidencial inmediata, pero a la que se adicionaron una reforma política y una reforma a la justicia, circunstancia que hace pensar sin duda, que este es un proyecto complejo y de difícil discusión. A pesar de tener matemáticamente mayorías en el Capitolio, el Gobierno no puede estar convencido de que esta reforma vaya a ser aprobada. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, encargado de impulsarla, sabe que no la tendrá tan fácil. Sobre todo porque es consciente de que muchas de las propuestas que plantea el Gobierno no convencen a los parlamentarios. Este proyecto ocupará la atención del Congreso esta semana. La iniciativa debe ser aprobada en ocho debates, pero los primeros cuatro se tendrán que dar en menos de tres meses, pues si el 16 de diciembre no ha sido aprobado el proyecto por las comisiones primeras de Senado y Cámara, y las plenarias de ambas corporaciones, la iniciativa se hunde y no puede volver a ser tramitada hasta julio del 2015. El primer debate será en la Comisión Primera del Senado, la cual está integrada por 19 senadores. El proyecto debe contar con el respaldo de mínimo 10 senadores. Las matemáticas del Gobierno parten de la base de que nueve senadores (los cuatro de La U, los tres del liberalismo, y los dos de Cambio Radical, van a respaldar incondicionalmente el proyecto, lo que obliga al Gobierno a llegar a consensos con los cuatro senadores del Centro Democrático, los tres del conservatismo, uno de Opción Ciudadana, otros dos más de la Alianza Verde y el del Polo. Precisamente con los partidos con los que Cristo no alcanzó consenso, como era su propósito, antes de presentarle el proyecto al Congreso. Y es que son varios los aspectos en los que los partidos están divididos. Al punto de que el Centro Democrático y la Alianza Verde tienen sus propias iniciativas con marcadas diferencias a la propuesta del Gobierno. Por eso se habla en los pasillos del Congreso que el proyecto no la tiene fácil. La reelección Es mayoritario el respaldo a eliminar la reelección presidencial. En la Unidad Nacional, La U y el liberalismo están jugados por eliminarla. Cambio Radical no se ha pronunciado y no se sabe si sus dirigentes quieran impedirle a Germán Vargas Lleras, su presidenciable, la posibilidad de ser reelegido de llegar a la Presidencia. Polo y Verdes la apoyan, pero también que se haga extendida a procurador, contralor y defensor del Pueblo. El Centro Democrático dará la pelea por mantener la reelección. Y los conservadores, en principio, quieren acabarla. El Tribunal de aforados La propuesta del Gobierno contempla reemplazar las funciones de la Comisión de Acusaciones con la creación de un tribunal de aforados que se encargue de investigar a los magistrados de las altas cortes, al fiscal general, al contralor y al procurador. Estará integrado por siete jueces con calidades de magistrados que serán elegidos por el Senado. Esta propuesta ha sido ya cuestionada por los partidos políticos, el fiscal general y las altas cortes. Para la senadora Claudia López, el cambio genera impunidad para los altos dignatarios del Estado. Las listas cerradas En el capítulo de la reforma política, el Gobierno propone que en adelante 89 senadores sean escogidos por circunscripción nacional y 11 por territorial. La idea no les gusta ni al Polo, ni a los verdes, ni al Centro Democrático, pues consideran que les va mejor si se mantiene como está en la actualidad, que todo el Senado sea escogido en circunscripción nacional. El proyecto establece que los partidos políticos deberán presentar listas cerradas. El Gobierno sabe que será muy difícil que los actuales congresistas lo acepten, pues no se advierte una fórmula en los partidos para ubicar a los candidatos entre las primeras plazas, las que tienen posibilidad de alcanzar curul. Por eso, prefieren que se mantenga la disputa interna por los votos en las urnas. De hecho, los conservadores, en voz de su presidente, David Barguil, han descalificado la propuesta. Los súper poderes de los congresistas En principio, el Ejecutivo también plantea limitar a cuatro períodos (dos en Cámara y dos en Senado) la posibilidad de que los parlamentarios sean reelegidos. La idea no convence a muchos congresistas que quieren seguir teniendo la posibilidad de reelegirse indefinidamente. A cambio son varias las nuevas gabelas que les otorga el proyecto, por ejemplo, librarse del control disciplinario del procurador y levantarse la inhabilidad para poder ser ministros de Estado o embajadores de la República. Seguramente, el despojarse de esas inhabilidades será objetado por la opinión pública, más aún después de que una de las razones del fracaso de la pasada reforma a la justicia fue que los parlamentarios le metieron mano para quedar con mayores gabelas y posibilidades de blindarse de la justicia. Los impedimentos Pero, más allá de estos asuntos de fondo, el Gobierno tendrá que enfrentar un obstáculo de procedimiento para sacar adelante el proyecto. Y no es otro que el de los impedimentos de los congresistas. Al ser un proyecto que toque a las altas cortes, se prevé una avalancha de impedimentos de aquellos parlamentarios que tengan investigaciones en la Corte Suprema o disciplinarias en la Procuraduría. También si podrán abordar algunas reformas políticas, pues se podría configurar algún conflicto de interés. En todo caso, la discusión de los impedimentos dilatará el trámite del proyecto que ya comienza su carrera contra el reloj. Después del episodio del debate de Cepeda y Uribe, que ocupó la atención del parlamento la semana pasada, el Congreso ahora se ocupará de la primera reforma de Santos II, la cual tendrá un trámite muy enredado.