Con su grupo de abogados, este lunes el exsenador Arturo Char Chaljub se presentará ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el norte de Bogotá, para rendir la ampliación de su indagatoria en el proceso que lo tiene actualmente en la cárcel La Picota.
Char, quien fue capturado el pasado 7 de septiembre cuando arribó a Barranquilla, ha calificado de “falsas” las acusaciones que ha hecho en su contra la excongresista Aida Merlano, sobre el plan de compra de votos para las elecciones de marzo de 2018.
Pese a que en su primera indagatoria, que rindió vía teleconferencia desde Miami el pasado 30 de junio, el exsenador guardó silencio; tras su captura, pidió ampliar personalmente su versión y presentar las pruebas con las que busca desmentir las acusaciones en su contra.
Char, investigado por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados, es señalado de participar directa y activamente en un acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017, y en el que habrían intervenido un número plural de personas, entre ellas Aida Merlano Rebolledo, condenada en primera y en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguó desde la sede política Casa Blanca, en el centro de Barranquilla.
En un documento de 219 páginas, conocido en exclusiva por SEMANA, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reseñó el arsenal de pruebas documentales y testimoniales que recolectaron durante cuatro años en contra del expresidente del Senado Arturo Char, miembro de una de las familias políticas y económicas más importantes del país. Su detención suscitó un verdadero revuelo político en pleno año electoral y en el cual su hermano Alex Char es el más opcionado para volver a la Alcaldía de Barranquilla.
En el auto, que resolvió la compleja situación jurídica de Char, el alto tribunal consideró que existe “evidencia suficiente para proferir una medida de aseguramiento de carácter preventivo en su contra”. El propósito es que no interfiera en la investigación y no evada a la administración de justicia, pues se había ido a vivir a Estados Unidos.
En la extensa decisión, la Corte da credibilidad a las cinco declaraciones que rindió la excongresista Aida Merlano, quien lo señaló directamente de participar en el plan de compra de votos para las elecciones de marzo de 2018, a fin de garantizar su reelección y aumentar su poder.
Pese a que Char, por medio de su defensa, reconoció la visita alegando que el objetivo era “finiquitar un asunto relativo a la Mesa Directiva de la Asamblea del departamento del Atlántico”, testigos aseguran que en los encuentros que se llevaron en la sede política ejerció presiones y dio instrucciones para el plan de compra de votos, que ya estaba en marcha.
“El referido acuerdo se tradujo en la organización y logística para la compra de 10.000 votos a favor de Arturo Char”, señaló la Corte en el documento, con el que se resolvió la detención “intramural” mientras se decide si es llamado a juicio por concierto para delinquir y manipulación de elementos materiales probatorios.
Para ratificar el modo, tiempo y lugar de estos encuentros, la Corte citó la declaración de Rafael Antonio Rocha, quien fue el gerente de la campaña de Aida Merlano y aportó evidencia de las reuniones. “Está probada la existencia de las acciones coordinadas para el acceso fraudulento a votos, en orden a lograr la elección de Aida Merlano Rebolledo y Lilibeth Llinás Delgado al Congreso, y la reelección de Arturo Char”.
La relación entre Merlano y la denominada casa Char tenía como factor especial la relación sentimental de la representante a la Cámara con el entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien le había manifestado su apoyo para que diera el salto al Senado en 2018.
Como lo relata la Corte, estaba proyectado para lograr “una especie de gana-gana (...) se promocionaba políticamente a la amiga de Arturo Char, Lilibeth Llinás, y se respaldaba al mismo tiempo a la persona que mantenía una relación sentimental íntima con el alcalde de Barranquilla de la época”.
El convenio criminal, como catalogó la Sala de Instrucción de la Corte al complejo y sofisticado plan, tenía como objetivo principal fortalecer el “liderazgo y hegemonía política” del denominado clan Char en el Congreso y “tener un incremento de aliados en el Legislativo, como parte de la plataforma política que impulsaría la aspiración de su candidato a la presidencia de la república, Germán Vargas Lleras, y, en un futuro, la de Alejandro Char”.
Las amenazas
En el extenso documento se revelan las amenazas que habría recibido Aida Merlano para que no contara la verdad ante las autoridades judiciales sobre los hechos que rodearon la compra de votos.
En octubre de 2019, mientras se encontraba en la cárcel El Buen Pastor, Merlano recibió la inesperada visita de Diego Muñetón, “un abogado emisario de la familia Char, quien le advirtió sobre la necesidad de que guardara silencio y que inclusive le habría leído una carta presuntamente escrita por Alejandro Char, en la cual, según relata Merlano, le ofrecía disculpas por todo lo sucedido, y se habría comprometido a ayudarle en sus procesos judiciales”.
Días después de esa visita, se presentó la cinematográfica fuga de Merlano mientras asistía a una cita odontológica. Por este caso también enfrenta una indagación preliminar Arturo Char, pues habría participado en la planeación y el financiamiento de la fuga, según el dicho de Merlano.
Ocho meses fuera del país
La Corte también tuvo como argumento que, tras renunciar al Senado por la investigación en su contra, Arturo Char salió del país el 23 de noviembre de 2022 rumbo a Panamá y jamás regresó.
“Es decir que salió del país de manera casi simultánea con la orden de apertura de instrucción proferida por la Corte, y desde entonces, como dato objetivo y relevante, no se ha logrado que regrese al territorio nacional, ni siquiera a cumplir con la diligencia presencial, para la cual lo citó el despacho ponente en tres ocasiones”, se lee en el documento.
Esto llevó a la Corte Suprema a considerar que existe un elevado riesgo de fuga, máxime si se tiene en cuenta el “ostensible poder económico y político” para salir a otro país y así entorpecer el trámite de administración de justicia.
Treinta horas después de conocer la orden de captura en su contra, Char volvió a Colombia. En el aeropuerto Ernesto Cortissoz, de su natal Barranquilla, fue capturado. En la actualidad se encuentra detenido en la cárcel La Picota, a donde fue trasladado el viernes en la noche.