En la noche de este jueves, las autoridades hicieron efectiva la orden de captura que existía en contra del expresidente del Senado, Arturo Char Chaljub, en el marco de la investigación por la compra de voto que se ejecutó en el departamento del Atlántico para las elecciones de marzo de 2018 y que tuvo como gran protagonista a Aida Merlano.
Char, quien se encontraba en Miami, Estados Unidos, viajó en la noche de este jueves a Colombia. Tras llegar al aeropuerto Ernesto Cortissoz, en la capital del Atlántico, fue detenido por las autoridades migratorias. Acto seguido le realizaron la correspondiente reseña.
¿Será trasladado a Bogotá?
Fuentes cercanas al proceso indicaron que el viernes será traslado a Bogotá para ser puesto a disposición de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que definirá su lugar de reclusión. En la medida de aseguramiento se dejó expresamente señalado que el expresidente del Senado no podrá recibir el beneficio de detención domiciliaria ni una no privativa de la libertad.
“Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EE.UU. por razones estrictamente familiares y porque, hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país”, afirmó por medio de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter).
Lo más probable es que sea trasladado al pabellón de funcionarios públicos, ubicado en la cárcel La Picota de Bogotá. Igualmente, su defensa pidió a la Corte una diligencia para ampliar su indagatoria y aportar más pruebas. “Mi inocencia será rarificada en lo que queda por delante del proceso. Tengo la certeza que mis abogados pondrán a disposición de la honorable corte todas las pruebas para controvertir los testigos en mi contra. Y resolver mi situación de manera favorable rápidamente”.
Los fundamentos de la medida de aseguramiento
En la medida de aseguramiento, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta varios factores, además de la gravedad de los hechos por los que se investiga a Char. Desde que renunció al Congreso en febrero de este año, el dirigente político no había vuelto a Colombia. Se radicó junto a su grupo familiar en Miami, Estados Unidos, ciudad desde la cual rindió su indagatoria el 30 de junio pasado.
A esto se le suma el hecho de que Char cuenta con doble nacionalidad y ya tiene todos los documentos de residencia. No existía, pues, plena garantía, para ese momento, de que regresara por sus propios medios a Colombia para atender las citaciones del alto tribunal que lo investiga por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.
Por esto, se llegó a la conclusión de que existía un alto riesgo de no comparecencia, uno de los tres puntos fundamentales cuando se evalúa la necesidad de emitir una medida de aseguramiento, según dicta el Código de Procedimiento Penal.
Igualmente, los movimientos migratorios de Char en los últimos años dejaron ver un fenómeno que llamó la atención de la Sala, al considerar que durante su cargo tuvo una decena de salidas del país, pero regresaba en un plazo razonable.
Esta situación no se presenta desde que salió del Congreso, puesto que, una vez en los Estados Unidos, no había vuelto a atender ningún asunto.
Teniendo en cuenta varias declaraciones, entre ellas las de la misma Aida Merlano, quien reseñó que estando en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, en el año 2019, recibió la visita de los abogados Diego Muñetón y Teodoro Antonio Dejón, muy cercanos a la familia Char. Estos la presionaron y ofrecieron varios beneficios para que no declarara ante la Corte Suprema de Justicia en el caso de la corrupción electoral. Es decir, que guardara silencio.
Esta versión fue confirmada por Merlano hace unos meses ante la Sala de Instrucción, señalando que en efecto tuvo conocimiento de las presiones de Arturo Char y del empresario Julio Gerlein, quien fue el principal financiador y promotor de su campaña, con el fin de que no siguiera contando nada de lo ocurrido en las proximidades de los comicios del 2018.
Por estos hechos, la Fiscalía anunció una imputación de cargos en contra del empresario y los dos abogados por los delitos de soborno en actuación penal y determinador de falso testimonio.
Estas presiones denunciadas por el abogado de Aida Merlano llevaron a la conclusión a la propia Corte de que, estando en libertad, Char podría seguir ejerciendo presiones o realizando acciones para manipular y eliminar elementos materiales probatorios.
En sus declaraciones, Merlano fue más allá y aseguró que el propio Char fue a su sede de campaña en Barranquilla para entregarle un dinero y verificar que el estructurado plan de compra de votos estuviera marchando sin ningún tipo de problemas, puesto que él también se beneficiaría.
Merlano no dudó en calificar a Arturo como el “artífice” de toda esta estrategia de corrupción electoral.