Después que la Corte Suprema de Justicia avalara el traslado del exsenador Arturo Char Chaljub a Barranquilla por cuestiones de arraigo, este jueves se conoció que el expresidente del Senado será trasladado al Batallón de Ingenieros Vergara y Velasco, de Malambo, mismo lugar en el que se encuentra, desde el pasado 18 de junio la excongresista Aida Merlano.
El coronel Luis Enrique Camargo, director de Centros de Reclusión Militar, ya le comunicó a la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana, que tras revisar la situación se determinó que Char estará privado de su libertad en la penitenciaría para miembros de la Fuerza Pública de Alta y Media Seguridad en Malambo.
La determinación se tomó debido a que en el batallón Paraíso en la guarnición militar de Barranquilla, lugar al que había sido remitido el pasado miércoles, no cuenta con cupos disponibles.
Debido a esta situación, el abogado de Aida Merlano pedirá que se revise la situación puesto que la excongresista es la principal testigo contra Char en el proceso que se le adelanta por la presunta compra de votos para las elecciones del 2018.
Char Chaljub fue detenido el pasado 7 de septiembre después que arribara a Colombia cumpliendo una orden de captura emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Tras hacer todo el trámite fue trasladado al pabellón de servidores públicos en la cárcel La Picota, de Bogotá.
Después que el magistrado Francisco Javier Farfán pidiera una licencia mientras resuelve el proceso penal que se le adelanta por presuntamente filtrar información al exsenador José Alfredo Gnecco Zuleta en el proceso por compra de votos, el expediente contra Char fue asumido por la magistrada Cristina Lombana.
Fuentes cercanas indicaron que la magistrada está realizando la recolección de pruebas para definir la situación jurídica del expresidente del Senado, esto eso, si lo llama a juicio o archiva el caso.
Char, mediante su defensa, ha manifestado en reiteradas oportunidades que es inocente y que todo se trata de una retaliación de Merlano en contra de su familia. Por eso anunció que cuenta con evidencia para demostrar las contradicciones.
El proceso contra Arturo Char
En un documento de 219 páginas, conocido en exclusiva por SEMANA, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reseñó el arsenal de pruebas documentales y testimoniales que recolectaron durante cuatro años en contra del expresidente del Senado Arturo Char, miembro de una de las familias políticas y económicas más importantes del país.
En el auto, que resolvió la compleja situación jurídica de Char, el alto tribunal consideró que existen pruebas documentales y testimoniales para inferir que el exsenador participó en un plan de compra de votos para las elecciones de marzo de 2018. Con esta estrategia también se buscaba favorecer a Aida Merlano.
Según el documento, en diciembre de 2017, Arturo Char fue a la ‘Casa Blanca’, sede de campaña de Aida Merlano, en Barranquilla, para “concretar el acuerdo delictivo que se canalizaría en procura de ejecutar las conductas punibles de corrupción electoral”. Una decena de testimonios y una grabación tomada por una de las cámaras de seguridad permitieron vincular al exsenador en “la estructura delictiva dedicada a la compra de votos”.
Pese a que Char, por medio de su defensa, reconoció la visita alegando que el objetivo era “finiquitar un asunto relativo a la Mesa Directiva de la Asamblea del departamento del Atlántico”, testigos aseguran que en los encuentros que se llevaron en la sede política ejerció presiones y dio instrucciones para el plan de compra de votos, que ya estaba en marcha.
“El referido acuerdo se tradujo en la organización y logística para la compra de 10.000 votos a favor de Arturo Char”, señaló la Corte en el documento, con el que se resolvió la detención “intramural” mientras se decide si es llamado a juicio por concierto para delinquir y manipulación de elementos materiales probatorios.
En esta ecuación corrupta –según las pruebas– también habría participado Adalberto Llinás Delgado, amigo de Arturo Char y hermano de Lilibeth Llinás, a quien el menor del clan Char había impuesto como candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico.
Para ratificar el modo, tiempo y lugar de estos encuentros, la Corte citó la declaración de Rafael Antonio Rocha, quien fue el gerente de la campaña de Aida Merlano y aportó evidencia de las reuniones. “Está probada la existencia de las acciones coordinadas para el acceso fraudulento a votos, en orden a lograr la elección de Aida Merlano Rebolledo y Lilibeth Llinás Delgado al Congreso, y la reelección de Arturo Char”.
La relación entre Merlano y la denominada casa Char tenía como factor especial la relación sentimental de la representante a la Cámara con el entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien le había manifestado su apoyo para que diera el salto al Senado en 2018.
Como lo relata la Corte, estaba proyectado para lograr “una especie de gana-gana (...) Se promocionaba políticamente a la amiga de Arturo Char, Lilibeth Llinás, y se respaldaba al mismo tiempo a la persona que mantenía una relación sentimental íntima con el alcalde de Barranquilla de la época”.
El convenio criminal, como catalogó la Sala de Instrucción de la Corte al complejo y sofisticado plan, tenía como objetivo principal fortalecer el “liderazgo y la hegemonía política” del denominado clan Char en el Congreso y “tener un incremento de aliados en el Legislativo, como parte de la plataforma política que impulsaría la aspiración de su candidato a la Presidencia de la República, Germán Vargas Lleras, y, en un futuro, la de Alejandro Char”.