Las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro Urrego y apoyadas por el Gobierno fracasaron. Primero, no fueron masivas y segundo, terminaron en un “secuestro colectivo” en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá.
Al mediodía, tan pronto se conoció que en las votaciones de la Corte no hubo humo blanco porque a ninguna de las candidatas le alcanzaron los votos para ser elegida fiscal general, un grupo de manifestantes bloqueó los accesos y salidas del edificio que concentra y representa el poder Judicial de Colombia. La turba pretendía arrinconar y obligar a la Corte a elegir fiscal a las malas.
Durante cinco horas, ni los magistrados ni los demás funcionarios pudieron salir. Estaban sitiados por los manifestantes que bloquearon estratégicamente las puertas de los parqueaderos ubicadas sobre la carrera octava y la calle 12.
La grave situación obligó a que los pocos policías que estaban en el Palacio de Justicia instalarán una cerca para rodear toda la edificación con el fin de evitar un ingreso por la fuerza por parte de algunos manifestantes que portaban banderas del M-19 y del Partido Comunista.
Uno de los momentos más angustiantes de la manifestación se vivió cuando un grupo de 20 personas intentó entrar por la fuerza al parqueadero ubicado sobre la carrera 8, atacando verbal y físicamente a las policías que estaban protegiendo la vida e integridad de todos aquellos que estaban dentro de la edificación.
Por esta grave situación, desde muchos sectores políticos y judiciales no dudaron en calificar el asedio de los manifestantes como un secuestro.
La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, manifestó la gran preocupación que la invadía por lo ocurrido y le ordenó al director de la Policía Nacional, general William Salamanca, que tomara medidas urgentes y necesarias para proteger la vida e integridad de los magistrados, trabajadores y empleados de la Rama Judicial, así como de los periodistas que estaban encerrados.
Incluso, según se pudo establecer, una funcionaria de la Procuraduría que se encontraba en el Palacio fue agredida por un grupo de manifestantes cuando intentaba salir de la edificación.
Por su parte, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla Paucar aseguró, en diálogo con SEMANA, que la situación vivida en inmediaciones del Palacio de Justicia fue de extrema gravedad.
“No se puede presionar de esta manera a la Corte para que elija un fiscal. Estamos viviendo un precedente nunca antes visto. Entonces, si las cosas no salen como yo quiero, mandó al pueblo a presionar. Eso sí es antidemocracia”, agregó el exmagistrado, quien sea dicho de pasó lideró las salas en las que se eligió, en el año 2009, a Viviane Morales como fiscal general en medio de fuertes debates.
Para Arrubla, lo presenciado fue un claro “golpe a la justicia” que se alejó totalmente de los principios de la protesta. “Es un acto vandálico contra la libertad de los magistrados. Estamos ante un secuestro colectivo”.
El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez manifestó por medio de su cuenta en X que pese a las diferencias que sostuvo con los magistrados de las altas cortes durante su período, no se pueden promover acciones que pongan en riesgo la vida e integridad de los togados.
“No se puede permitir que grupos violentos tengan a los magistrados en una especie de secuestro”, publicó el exmandatario frente a la grave situación.
Desde varios sectores políticos no dudaron en calificar las amedrantaciones y amenazas con lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, dejando a su paso el asesinato de una veintena de magistrados -entre ellos el presidente del alto tribunal Alfonso Reyes Ecahandía- y una decena de desaparecidos.
El congresista Miguel Polo Polo fue el primero en hacer estos señalamientos. “Aquí vamos a hacer respetar la Corte Suprema de Justicia a las buenas o las malas. Pero que se olvide Petro [de] que va a repetir lo que hizo su guerrilla M-19 en el 85. Hay que estar en pie de lucha para defender nuestra institucionalidad de la insurrección y el bandidaje”.