A pesar de que diferentes organizaciones sociales han venido denunciando que más de 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia en lo transcurrido de 2020, Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos, reveló que de acuerdo con un informe basado en cifras de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, se ha verificado únicamente el asesinato de 37 personas durante este año y aún hay 49 homicidios por esclarecer.
Además, el segundo informe de homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos revelado por Gutiérrez señala que, en 2016 la cifra de asesinatos fue de 61, en 2017 se reportaron 84, mientras que en 2018 se dio el mayor pico de homicidios cuando se registraron 115, el cual bajó en 2019 con 108. “Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Huila, son los territorios donde más se registró violencia contra líderes. Es muy importante resaltar que siguen siendo los Líderes de Juntas de Acción Comunal la población de mayor afectación, luego los Líderes Comunitarios, Líderes Ambientales, Líderes Campesinos y Líderes sociales”, reportó Gutiérrez.
Así mismo, indicaron que estas zonas coinciden con factores de riesgo ligados al accionar de grupos armados organizados, la explotación ilícita de yacimientos mineros, narcotráfico, el despojo de tierras y recursos naturales. “Es claro que las amenazas provienen predominantemente de estructuras criminales organizadas que violan los derechos humanos de la población y actúan en contra de líderes comunitarios, sindicales, políticos, campesinos e indígenas, defensores de tierras, de comunidades negras y afrocolombianas”, agregó la consejera presidencial.
Respecto al tema de investigación y judicialización, específicamente lo que tiene que ver con los responsables de homicidios y amenazas contra defensores de derechos humanos y líderes sociales por parte de la Fiscalía, Gutiérrez dijo que “se ha dado el 52% de efectividad del cartel de los más buscados por atacar líderes sociales”. Igualmente, aseguró que han continuado haciendo seguimiento a los casos de 2019, así como a las 25 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre lo ocurrido en el presente año, además de la adaptación por parte del Gobierno de la metodología de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y del cruce de información con la Fiscalía.