La Defensoría del Pueblo condenó el asesinato del líder comunal José Eduardo Cárdenas Sánchez, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio la Subestación, zona norte de Quibdó, Chocó.
Además, esta entidad expresó su preocupación por la situación en la zona urbana, donde se han registrado enfrentamientos entre estructuras de crimen organizado que tienen atemorizada a la población.
En la última semana, se han reportado varios casos de homicidios selectivos, desplazamiento forzado, confinamiento y amenazas contra la población civil en Quibdó. Esta situación es especialmente preocupante dado el contexto de violencia que ha afectado al departamento de Chocó en los últimos años, con altos índices de desplazamiento forzado, violencia sexual, asesinatos y amenazas.
Por todo lo anterior, la Defensoría del Pueblo solicitó celeridad en las investigaciones y presencia institucional en la zona para proteger a la población y, en especial, a los líderes comunales y sociales. Asimismo, la entidad hizo un llamado a las autoridades competentes para que asuman compromisos que conduzcan a una eficaz protección y salvaguardar los derechos humanos en la capital chocoana.
La entidad ha reiterado esta solicitud en un oficio dirigido al Ministerio del Interior, para que se convoque a una sesión extraordinaria en la que se puedan discutir medidas concretas para proteger a la población en Quibdó.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo señaló la importancia de tomar en cuenta la Alerta Temprana 049-19 y el informe de seguimiento del año 2021, que señala la evolución del riesgo en la zona, especialmente con el surgimiento de nuevos grupos de crimen organizado.
Asesinan a funcionario de la Defensoría
Como Néstor Enrique Martínez Brito fue identificado el hombre de 49 años asesinado en la mañana del miércoles 15 de marzo en Riohacha.
Información preliminar dio cuenta de que la víctima mortal se movilizaba en una motocicleta por el barrio Ranchería cuando a eso de las 5:30 de la mañana fue interceptado por otra moto. Trascendió que los atacantes lo obligaron a detenerse y a arrodillarse. El parrillero, al parecer, desenfundó un arma de fuego y le propinó dos impactos de bala en la cabeza.
Las primeras versiones indican que Martínez Brito se dirigía a la casa de su hija para recogerla y llevarla al colegio. La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales de la Sierra Nevada, ha planteado interrogantes sobre el posible involucramiento del Clan del Golfo en el asesinato.
La víctima se desempeñaba como funcionario de la Defensoría del Pueblo, asumiendo como defensor comunitario desde hace 20 años. La entidad lamentó y rechazó lo sucedido.
“Asesinar a un funcionario de la Defensoría del Pueblo es golpear a la comunidad, atentar contra el bienestar de los más vulnerables e irrespetar las reglas básicas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, aseguró Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.
“Hoy quiero extender toda mi solidaridad a la esposa y los familiares de Néstor Enrique, así como a sus amigos y las comunidades que lo conocían. Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación celeridad en la investigación y que prontamente sean judicializados los responsables de este crimen”, añadió el defensor.
Y agregó Camargo que “la Defensoría del Pueblo es una institución nacional de derechos humanos, su función es promover y divulgar los derechos y cada uno de los funcionarios que hacen parte de ella tienen una misión que redunda en el bienestar de millones de colombianas y colombianos. El trabajo por los derechos humanos no puede convertirse en un estigma, ni mucho menos en un riesgo para la vida de quienes lo desarrollan”.