Karina García aspiraba a ser la primera alcaldesa del municipio de Suárez, Cauca, en las elecciones de octubre de 2019. Pero un atentado a la camioneta en la que se desplazaba junto a su madre Otilia Sierra; el aspirante al concejo municipal Jeison Camilo Obando; los presidentes de las JAC veredales, Aidé Tróchez y Héctor González y la dirigente Lavedis Ramos, acabó con este sueño. El domingo 1 de septiembre un grupo residual de las Farc realizó la emboscada con granadas y después remató a los ocupantes del vehículo con ráfagas de fusil. Solo el guardespaldas de la líder sobrevivió. Mas de nueve meses después del atroz crimen, el Comando Específico del Cauca, orgánico de la Tercera División del Ejército Nacional, capturó a uno de los presuntos autores materiales del atentado: Édgar Quitumbo Peña, alias Gordo James; quien sería la mano derecha de alias Mayimbú, sindicado de comandar el ataque y por quien el gobierno ofreció una recompensa de mil millones de pesos para dar con su paradero.
Alias el Gordo James habría pertenecido al Frente 30 y al Frente Sexto del la antigua guerrilla de las Farc. Actualmente, sería el segundo cabecilla del grupo armado organizado residual Estructura Sexta Columna móvil Jaime Martínez, en la cual lleva más de 25 años. El Ejército reportó que en el operativo también fueron capturadas otras cuatro personas encargadas de la seguridad del cabecilla. "Así mismo se incautaron 5 pistolas, granadas de fragmentación, equipos de comunicación, boletas de extorsión y 35 millones de pesos en efectivo", reza el comunicado de la entidad.
En diciembre del año pasado, las fuerzas militares también informaron sobre la captura de alias Alonso, señalado de ser el coordinador de las disidencias de las Farc en el sur del país puesto que se encargaba de instruir a las estructuras Jaime Martínez, Carlos Patiño y Dagoberto Ramos. Alias Alonso era ficha clave del también disidente Gentil Duarte y sería otro de los responsables del crimen de García. El caso de Karina García fue foco de controversía en 2019 por la falta de garantías a los líderes sociales en el país, pero sobre todo porque el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, salió a criticar a la JEP por haber incluido a Mayimbú en la justicia transicional. A lo que la magistrada Patricia Linares respondió diciendo que "la fuerza pública no tiene ninguna limitación para perseguir y capturar a los comparecientes que se hayan rearmado y estén delinquiendo".