Tras una reunión del presidente Iván Duque con Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU del proceso de paz, el mandatario dijo este martes que el doloroso problema del asesinato de líderes sociales ha disminuido durante su gobierno debido a las medidas tomadas para garantizar la seguridad de estas personas. Según Duque, la implementación de un Plan de Acción Oportuna (PAO) y los instrumentos de atención y protección colectiva se han traducido en que “hay una tendencia decreciente frente a este fenómeno, lo que hace que empezó nuestro Gobierno”. El presidente tomó como referencia los estudios de la Fiscalía -no revelados durante su intervención- que darían cuenta de esta disminución. No obstante, los recientes y seguidos casos de asesinatos que se han presentado en lo corrido del año dejan interrogantes sobre esta afirmación. Le sugerimos: Informe especial: ¡Basta ya! No más asesinatos de líderes sociales Por eso, SEMANA habló con algunas organizaciones que analizan y recolectan información sobre este fenómeno para tener un panorama más amplio de qué está pasando con los líderes y lideresas sociales en el país. La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) entregó un informe detallado sobre la Violencia Política y Electoral desde la firma del Acuerdo Final de Paz, donde expone que son 269 los líderes asesinados desde el 26 de noviembre del 2016 al 27 de mayo de 2019. En este informe, Pares determinó que Nariño, Antioquia, Cauca y Córdoba son los departamentos donde más ocurren estas agresiones, aunque en 24 departamentos más también hay por lo menos un caso de asesinato registrado.
En cuanto a la “tendencia decreciente” que menciona el gobierno, Ariel Ávila, subdirector de Pares, asegura que no hay tal tendencia, solo que “los picos más altos son periodos preelectorales y este pico -mayo de 2019-, como no es un periodo preelectoral, por eso tendió a bajar”. Además, él cree que es muy probable que esta cifra aumente entre junio y septiembre, de cara a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores. Iván Duque se posecionó como presidente el 7 de agosto de 2018 y, según la gráfica de Pares, antes de asumir el cargo se dio el segundo pico más alto de homicidios a líderes desde que se firmó el Acuerdo de Paz, llegando a tener 17 casos en julio de 2018, cifra que también se registró en enero del mismo año. También hay que decir que si se compara el acumulado de líderes asesinados desde que Duque asumió la presidencia, con el mismo periodo del año pasado (agosto 2017 - mayo 2018), sí existe una disminución de 21 casos, pues durante su estancia en la Casa de Nariño se han registrado 71 muertes, frente a 92 que ocurrieron en los mismos diez meses del gobierno anterior, según el informe. Le recomendamos: ¿Cómo explicar la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales? Sin embargo, la coyuntura política del país y de seguridad de los líderes es distinta por lo que todavía no se podría establecer si efectivamente hay una disminución por las medidas implementadas en este gobierno o si obedece a otros factores que no se han tenido en cuenta en la medición. Sobre el número de excombatientes de las Farc que han perdido la vida, el documento señala que son 95 las personas asesinadas desde que se firmó el acuerdo de paz, además de 26 familiares de estos exguerrilleros que, de igual forma, resultaron muertos en circunstancias, en su mayoría, no esclarecidas. Lo que daría un total de 121 asesinatos. Una versión que dista un poco del conteo que lleva la Comisión de Derechos Humanos del partido Farc que habla de unos 150 miembros de su militancia asesinados. Entre los que señala, Victoria Sandino senadora de las Farc, hay “114 excombatientes asesinados más familiares entre los que se incluye a un hijo de una pareja de reincorporados -el pequeño Samuel David-”.
Volviendo al análisis de los líderes sociales asesinados, para la Fundación Ideas para la Paz (FIP) tampoco hay tal tendencia de disminución de este fenómeno desde que Duque llegó a la Casa de Nariño. Juan Carlos Garzón, director del área de Dinámicas de conflicto y negociaciones de Paz de la FIP, dijo que “durante la administración del presidente Duque (agosto de 2018 a abril de 2019), las amenazas contra los líderes sociales se duplicaron y los homicidios aumentaron 37 por ciento en comparación al periodo entre agosto de 2017 a abril de 2018”. Pero, también aclara que “si solo tomamos en cuenta lo ocurrido en los primeros cuatros meses de 2019, las amenazas se incrementaron 74 por ciento, pero los homicidios disminuyeron 27 por ciento. Sin embargo, la tendencia es al alza, pasando de 5 homicidios en febrero de 2019 a 14 en el mes de mayo", señala Garzón. A su vez, el experto recalca que no hay una única explicación para determinar por qué aumenta el asedio a los líderes. Aunque la contienda electoral hace parte de los factores, existen otras agendas particulares como la restitución de tierras, los proyectos extractivos, la defensa del territorio, la reclamación de los derechos de las víctimas y la disputa entre los grupos armados ilegales, que deben ser tenidos en cuenta. Le puede interesar: Sigue el baño de sangre, ahora toca a los excombatientes de las Farc El Sistema de Alertas Tempranas (SAT), de la Defensoría del Pueblo, registra que son 462 los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados desde el 1 de enero de 2016 hasta el 28 de febrero de 2019. De los cuales, vale señalar, la Defensoría se limita a verificar la verdadera condición de líderes en las comunidades, más no la ocurrencia del homicidio con relación a su ejercicio de liderazgo. Para Mateo Gómez, director del (SAT), no se puede afirmar o desmentir si la tendencia de los asesinatos ha disminuido con base en la metodología que ellos aplican, pero sí dice que “en expresiones de violencia, la tendencia ha sido constante desde el 2016 hasta la fecha” y añade que “frente al comportamiento de la violencia contra los líderes nosotros no hemos observado una modificación significativa entre el gobierno Duque y el gobierno Santos”. La Defensoría registra, al igual que PARES y la FIP, que los picos más altos presentados de este fenómeno, a casi tres años de la firma del acuerdo, se presentan en los meses electorales. Donde las desapariciones, secuestros y amenazas, que aunque menos sonadas, también aumentan. Por lo que, desde esa entidad, Gómez alerta al gobierno a ejercer “una serie de tareas para efecto de tener una política clara frente a las garantías para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en Colombia”, de cara a lo que se viene en octubre.