Los pueblos indígenas se están quedando huérfanos. El asesinato de los líderes de esta población minan los proyectos de resistencia territoriales, mientras las balas se llevan años de sabiduría con las que estas poblaciones étnicas han construido todas sus formas de lucha y resiliencia. Las amenazas y atentados se han vuelto tan constantes que en los territorios exigen con más fuerza la intervención de las altas cortes internacionales para que hagan seguimiento a los ataques de los que han sido víctimas, principalmente los guardias indígenas. Las comunidades del Norte del Cauca parecen sufrir los efectos de una guerra reciclada. Durante 2019, en este territorio se han cometido 33 asesinatos, 7 atentados y han circulado 38 amenazas colectivas e individuales. En los primeros cinco días de agosto, en esa región asesinaron a 2 guardias indígenas. El primer día, Gersain Yatacue, quien se desempeñaba como coordinador de la guardia de la vereda San Julián, fue asesinado cuando se dirigía a su lugar de origen, en Toribío. Según las autoridades, Yatacue fue asesinado en el sector de Pajarito, resguardo de Huellas Caloto. Le recomendamos: Asesinan a guardia indígena en el norte del Cauca Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), detrás de su asesinato, hay una represalia por el ejercicio que realizaba de control territorial. “Estamos siendo objetivo militar de los grupos que quieren causar desarmonías en los territorios, por eso hacemos un llamado a la comunidad para continuar con este ejercicio”, manifestó el coordinador zonal de la guardia indígena del norte. Tres días después, las autoridades indígenas denunciaron el asesinato de Enrique Guegia, quien se desempeñaba como cambuwesx (alguacil) y The Wala (sabedor ancestral) del cabildo de Tacueyo. De acuerdo con los lugareños, el 4 de agosto, dos personas en moto lo abordaron y le dispararon en el sector la Balastrera, en la vereda La Luz del municipio de Toribío. Las autoridades ancestrales de ese municipio convocaron a una audiencia pública para rechazar las acciones de las disidencias de las Farc en contra de la población civil. "Se equivocan quienes piensan que esconderemos nuestros bastones y pañoletas, o que dejaremos de ejercer nuestro derecho a la libre autodeterminación". Este lunes, durante la madrugada, seis personas incineraron las oficinas de este cabildo en la vereda La Liberia, resguardo indígena de Chimborazo. Según las autoridades indígenas, las acciones en contra de esa población son una advertencia por la prohibición de la comunidad a la siembra de cultivos ilícitos. “A nosotros como autoridad nos preocupa esta situación porque después seremos declarados objetivo militar”, dijo el vicegobernador del resguardo y agregó que pese a eso continuarán defiendo su territorio. Una situación similar se presentó el pasado 26 de julio en la vereda La Chivera cuando miembros de la Guardia Indígena Kiwe Thegnas fueron víctimas de un atentado. Hombres que en la zona identifican como disidentes de las Farc hirieron a cuatro guardias indígenas tras atacarlos con varias ráfagas de disparos y granadas de fragmentación. El Cric condenó todas las formas de acción armada e instó a las altas cortes internacionales a pronunciarse y hacer el seguimiento a las diferentes instancias de control frente a las actuaciones violentas en contra de los pueblos indígenas, principalmente al Pueblo nasa del Norte del Cauca. "Rechazamos el actuar de los grupos armados en contra de la organización, principalmente de la guardias indígenas. Exigimos a la comunidad internacional el acompañamiento masivo para ejercer la defensa de derechos humanos y responsabilizamos al Gobierno que no ha estado atento a la situación de nuestros territorios", explicó el Cric. ¿Quién los está matando? A las 126 autoridades ancestrales les preocupa que sus poblaciones estén frente a un plan de exterminio sistemático por la defensa de sus territorios. "Para nosotros es claro que la proliferación de cultivos utilizados para uso ilícito como marihuana y coca en nuestros territorios tiene como raíz la crisis de la producción agrícola de la región y de todo el país", explicaron. Puede leer: Quién es quién en la violencia del posconflicto Según ellas, el debilitamiento de los mercados locales ha forzado a muchas familias a usar tierras para cultivar coca con propósitos distintos a los tradicionales, incorporando cultivos de marihuana y amapola. Por eso pidieron al Gobierno a resolver el problema de los cultivos ilícitos en concertación con las comunidades. El Cric también advirtió sobre la aparición de panfletos a nombres de las Águilas Negras, el Cartel de Sinaloa y Renacer Quintín Lame en los que amenazan a la guardia indígena, a los integrantes del Cric y a los gobernadores. A pesar de las firmas, la organización cree que todo hace parte de una estrategia de inteligencia militar utilizada por las disidencias para justificar una guerra en sus territorios y mostrar los asesinatos como resultado de choques entre grupos ilegales. Para la organización, el problema más grave es la violencia que acompaña a las economías ilegales. "Los narcotraficantes necesitan de las armas para proteger y promover su negocio ilegal, los dineros del narcotráfico son el combustible para todos los grupos armados – legales e ilegales-, y estos grupos actúan como delincuencia de los narcotraficantes", explicó el Cric. "Es nuestra casa, no vamos a dejar que otros la destruyan" Para hacerle frente a los ataques sistemáticos, las autoridades indígenas decidieron fortalecer sus formas de lucha para no permitir la destrucción de sus territorios. "Se equivocan quienes piensan que esconderemos nuestros bastones y pañoletas, o que dejaremos de ejercer nuestro derecho a la libre autodeterminación", dijeron. Por eso, están orientando a todo el conjunto de comuneros a fortalecer el control territorial en sus veredas, establecieron la prohibición de armas a todos los habitantes del territorio sean indígenas o no y autorizaron a todos los Los Kiwe Thegnas para decomisarlas y destruirlas. Además, adoptarán un plan piloto para hacerle frente al crecimiento de los cultivos ilegales, decomisarán todos los vehículos hurtados y anunciaron que liberarán a cualquier persona que esté privada de la libertad por parte de grupos delincuenciales en sus territorios.