Ángel Rolando Colina Lugo, alias Ángelo, y Javier Enrique Ramírez Gómez, alias Porky, procesados por su presunta participación en el asesinato de la periodista Cindy Natalia Castillo Preciado, en medio de un hurto registrado en la madrugada del 24 de diciembre de 2021, buscarán quedar en libertad bajo la figura de vencimiento de términos. Sus abogados sostienen que ya se superó el tiempo para el inicio del juicio.

En la audiencia que quedó programada para el próximo 7 de diciembre, se señalará que pese a que el escrito de acusación fue radicado en abril pasado, hasta la fecha no ha iniciado el juicio en su contra. La defensa de la familia de la periodista, quien trabajaba como asesora de comunicaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha cuestionado esta petición asegurando que las abogadas de los procesados han incurrido en maniobras dilatorias para entorpecer el proceso presentando aplazamientos, supuestos preacuerdos y enfermedades.

El pasado 1 de diciembre, fracasó el inicio del juicio por la petición de aplazamiento radicada ante el juzgado 15 de conocimiento por la abogada Yenni Aldana, quien manifestó tener un problema personal para asistir a la diligencia judicial. El despacho fijó una nueva fecha para comenzar con la presentación de los testigos y las pruebas documentales aprobadas por el Tribunal Superior de Bogotá.

Según la Fiscalía General, cuando salía en compañía de un grupo de amigos de un restaurante ubicado en el barrio San Luis, en el sector de Galerías, la joven fue abordada por dos hombres que la amenazaron con un arma traumática modificada para exigirle la entrega de sus pertenencias.

En ese momento, Natalia se resistió al robo aferrándose a su bolso para que no se lo arrebataran, lo que desencadenó que uno de los ladrones la empujara y arrastrara por el piso, para posteriormente dispararle contra su humanidad. Mientras los asaltantes escapaban en un vehículo que los esperaba, los amigos de la periodista, quien trabajaba como asesora de comunicaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la trasladaban a la Clínica Palermo. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, la joven falleció pocas horas después.

Como Ángel Rolando Colina alias Anyelo y Jaiver Enrique Gómez alias Porky, fueron identificados los dos ciudadanos venezolanos que presuntamente asesinaron a la periodista Natalia Castillo en Bogotá. | Foto: Pantallazo de video de la audiencia

El 14 de febrero, tras 49 días de labores investigativas, la Fiscalía General reportó, junto a la Policía Metropolitana de Bogotá, la captura de los dos presuntos ladrones. La detención se hizo en el barrio Santa Fe, pleno centro de Bogotá. En los procedimientos se incautaron varios celulares robados, computadores portátiles, una tableta y dinero en efectivo.

Las pruebas contra los ladrones

Los investigadores determinaron que tras cometer el robo, Ángelo y Porky accedieron al teléfono celular de Natalia para extraer información sobre sus productos bancarios. A las 5:06 a. m. del 24 de diciembre se registró el retiro de 600 mil pesos en Medellín (Antioquia).

Días posteriores, sin denotar la más mínima muestra de humanidad, siguieron intentando realizar transacciones, las cuales fueron bloqueadas por el banco. Tras muchos intentos lograron un avance por 8 millones de pesos de una de las tarjetas de crédito de la joven, sin embargo, no pudieron quedarse con el dinero.

Para los investigadores, estas personas tenían un amplio conocimiento en el manejo y acceso ilegal a cuentas bancarias. Prueba de esto es que lograron realizar un retiro en criptomonedas por un valor de 5 millones y medio de pesos.

El pasado 15 de febrero, un juez de control de garantías los cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario. Esto al considerar que representan un peligro para la sociedad y que, estando en libertad, podrían afectar el desarrollo del proceso penal mediante la fuga. Los dos procesados no aceptaron cargos.

Pese a la evidencia probatoria, los dos han mantenido el discurso que son inocentes. Recientemente, se conoció la posibilidad de un preacuerdo con la Fiscalía General, pero esta opción se cayó por la oposición de los familiares de las jóvenes.

La Fiscalía General sostiene que estos asaltantes hacían parte de una organización dedicada al robo de celulares en Bogotá y hackeo de cuentas bancarias.