En un giro impactante en el caso del asesinato del teniente de la Policía Nacional Esteban Camilo Ojeda Erazo, la contundencia del material probatorio presentado por un fiscal especializado de la Dirección Seccional Bogotá llevó a un juez con función de control de garantías a imponer medida de aseguramiento en un centro carcelario contra Jorge Ortega Contreras, presunto miembro de la organización criminal detrás del brutal asesinato.
Los acontecimientos que desencadenaron esta medida de aseguramiento se remontan al fatídico 8 de abril de 2018, cuando el teniente Ojeda Erazo fue drogado mientras disfrutaba de su tiempo libre en una discoteca en el centro de Bogotá. Según las investigaciones, Lidia Andrea Moncada Matuk y John Edison Segura Vargas habrían suministrado sustancias benzodiacepinas al oficial inconsciente, con la intención de robar sus pertenencias, especialmente sus tarjetas bancarias, que luego utilizaron para realizar compras por más de cinco millones de pesos.
Luego de ser sacado del lugar en estado de inconciencia, el oficial fue llevado al barrio El Parejo de la capital, donde los perpetradores se dieron cuenta de su identidad como policía. Este descubrimiento llevó a que Ojeda Erazo fuera secuestrado y sometido a torturas extremas que finalmente resultaron en su trágica muerte.
El cuerpo del oficial fue hallado enterrado en el mismo lugar donde fue torturado, con las manos y los pies atados, una bolsa sobre su cabeza y una soga alrededor de su cuello. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional llevaron a cabo una intensa investigación que finalmente condujo a la identificación y captura de varios sospechosos, entre ellos Jorge Ortega Contreras.
El presunto involucramiento de Ortega Contreras en este brutal crimen tomó un giro internacional cuando huyó a Venezuela, desde donde fue extraditado el pasado 3 de agosto. Al llegar al aeropuerto El Dorado, fue entregado a las autoridades de Migración Colombia y posteriormente puesto a disposición del Gaula de la Policía Nacional.
La Fiscalía imputó al acusado una serie de cargos graves, incluyendo secuestro extorsivo, tortura, homicidio y hurto calificado, todos agravados por las circunstancias del crimen. Ortega Contreras aceptó los cargos imputados en su contra.
El caso ha tenido un desarrollo significativo con las recientes condenas de otros involucrados en el crimen. Winston Orozco Montero, conocido como Pizza, fue sentenciado a 53 años de prisión, mientras que Lidia Andrea Moncada Matuk y Sergio Esteban Zamora Bello recibieron penas de 43 y 40 años de prisión respectivamente. Las acciones legales en curso continuarán arrojando luz sobre este trágico suceso y la justicia seguirá su curso implacablemente.
Sospechosos del asesinato de la patrullera Paula Ortega
De otro lado, dos hombres son los principales sospechosos del asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba en Neiva. La tesis se sostiene con la versión de testigos y un material de guerra que les fue incautado cuando, presuntamente, escapaban de la escena del crimen.
Ortega Córdoba murió de manera violenta cuando prestaba el servicio en el CAI de Ipanema. Una vez se cometió el homicidio, sus compañeros activaron un plan candado en todos los rincones de la capital de Huila para dar con la identidad y el paradero de los responsables.
En medio de las inspecciones, los uniformados ubicaron a dos sujetos en el sector de San Antonio de Anaconia que, por datos de personas, habrían sido los autores materiales del hecho. Así lo informó la institución por medio de un boletín de prensa:
“Se logra la captura de dos hombres, quienes, por información de la comunidad y similitudes morfológicas, serían los presuntos responsables de asesinar a la mujer policía en el barrio Calixto de esta ciudad”, relató la unidad.
En el operativo se les incautó una granada de fragmentación IM 26, una pistola 9 milímetros con silenciador, 250 gramos de pentolita, panfletos alusivos a la estructura Jorge Briceño de las disidencias de las Farc y el arma de dotación que le fue hurtada a Ortega.
De momento, se están adelantando las actividades de judicialización con el fin de dejarlos a disposición de la Fiscalía para que asuman un proceso penal, presuntamente, por cometer los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.