El Clan Familiar, así era conocida la banda que -según la Fiscalía General- reclutaba a jóvenes en Manizales para que fueran explotadas sexualmente en Chile. La investigación adelantada por la Fiscalía General permitió establecer que la red era lideraba por Beatriz Elena Marín González, conocida con el alias de Betty.
La mujer, según pudieron establecer los investigadores, reclutaba mujeres en la capital de Caldas con ofertas de empleo en Chile. De esta forma, recolectaba toda su información. Ya en el país sudamericano eran sometidas a tratos totalmente inhumanos y explotadas sexualmente. “La red ubicaba a las víctimas en sectores marginales de la ciudad”, explicó Hugo Tovar Pérez, director Especializado Contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
La red, que estaba conformada por seis personas, tramitaba todos los pasaportes, les promocionaba los tiquetes aéreos para trasladarlas desde Pereira hasta Bogotá. En la capital de la República hacían escala rumbo a Chile “donde les retenían todos los documentos y las ubicaban en casas de lenocinio en las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Temuco”.
La red les fijaba una deuda de cinco millones de pesos que correspondían a los supuestos gastos en los pasajes aéreos. Como si fuera poco también les empezaban a cobrar los gastos de manutención en Chile y además les imponían unas aberrantes multas si no accedían a las pretensiones de tipo sexual.
La Fiscalía General, en medio de la investigación, registró 350 audios de interceptaciones telefónicas y de redes sociales con las que se pudo establecer el modus operandi de esta red de trata de personas y su entramado criminal en la capital de Manizales. En total, 27 mujeres víctimas de esta explotación sexual le entregaron su declaración a los investigadores.
En la misma, señalaban que eran encerradas en inmuebles en Chile, hacinadas en pequeñas habitaciones en condiciones totalmente precarias de salubridad que atentaban contra su dignidad personal. En esos mismos lugares -según narraron- eran obligadas a sostener relaciones sexuales con hombres que las contactaban en dos sitios web que fueron intervenidos por las autoridades.
La red las obligaba a grabar videos de contenido sexual explícitos en los que tenían que mostrar la cara. Estas grabaciones eran utilizadas como un método para intimidarlas y que no escaparan. Esto “en el entendido de que la estructura ilegal los iba a enviar a sus familiares para generar vergüenza y as la autoridades migratorias de Chile para que fueran detenidas y expulsadas”.
La red, según se pudo establecer, empezó a delinquir desde el año 2019. A partir de ese año “giró sistemáticamente de Chile a sus contactos en Colombia los dineros que recibía por las actividades de explotación sexual, y así cubrir los gastos para ubicar a más jóvenes en el Eje Cafetero y moverlas al exterior”.
En la audiencia de imputación de cargos, un fiscal de la dirección especializada contra las violaciones a los derechos humanos, señaló que cinco integrantes de una familia quienes tenían un rol determinado para la ejecución de actividades delictivas.
En el desarrollo de la investigación, se señaló que Beatriz Elena Marín González era la encargada de la captación y traslado de las víctimas. Por esto, tendrá que responder por los delitos de trata de personas y lavado de activos. Por su parte, Martha Yolanda Marín González, hermana de Betty, era la encargada de recoger las jóvenes en Manizales y llevarlas a Chile; igualmente, era la encargada de administrar los inmuebles donde eran recluidas las víctimas.
Mientras que su madre, identificada como María Lucena González Ríos, recibía los giros que se enviaban desde Chile y los distribuía entre los otros integrantes de la organización criminal con el objetivo que buscaran más víctimas. Cristian Javier Marín Gonzáles, quien era hijo de Beatriz, era el encargado de la selección y traslado de las mujeres a Chile y recibir el giro de los dineros.
Jorge Eliécer García Pinea, esposo de Martha Yolanda, era el encargado de recibir el dinero enviado desde Chile. Estas personas fueron vinculadas al proceso por los delitos de trata de personas, lavado de activos y concierto para delinquir.
Finalmente, William Javier Aguirre Pinilla y Sindy Lorena Cepeda Salinas, conocidos como Los Rolos, compraba los tiquetes aéreos para trasladar a las jóvenes desde Pereira a Bogotá y posteriormente a Chile. Por esto, les imputó los delitos de trata de personas, concierto para delinquir y lavado de activos.
Tras la pregunta del juez de control de garantías los procesados se declararon inocentes. Por la gravedad de los hechos, fueron cobijados con medida privativa de la libertad.