“Los ratones cuidando el queso”, es la frase jocosa que se ajusta, como ficha, a la vergonzosa historia donde un grupo de policías y un funcionario de la Dian, quedaron como presuntos responsables de liderar una red dedicada al contrabando de cigarrillos, licores y cosméticos a la Costa Caribe colombiana.
La Fiscalía entregó detalles de una investigación que dejó al descubierto la deshonra a cargo de los policías que juraron cumplir su función y proteger la Constitución, pero que terminaron convirtiendo el uniforme en la fachada perfecta para delinquir. Así lo explicó el fiscal durante las audiencias preliminares.
“Los elementos materiales probatorios indican que la organización ilegal recibía en Atlántico y La Guajira cargamentos de cigarrillos, licores, ventiladores, artículos cosméticos y alimentos, que ingresaban de manera ilegal al país. Posteriormente, eran trasladados en vehículos de carga y buses de servicio público hasta bodegas ubicadas en Medellín (Antioquia). Desde ese punto los distribuían a diferentes municipios”, señaló la Fiscalía.
La pruebas recaudadas por los investigadores se sumaron a una lista triste que confirmaría la tragedia para un país, con su policía metida en las entrañas de la corrupción, donde la consigna no es proteger, sino ganar, incluso por encima de la ética. Las evidencias se presentaron en la imputación de cargos.
“Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales imputó a los detenidos, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir agravado, favorecimiento y facilitación del contrabando, tráfico de influencias de servidor público, y cohecho por dar u ofrecer”, advirtió el ente acusador.
La Fiscalía se lanzó con un operativo en la ciudad de Barranquilla, Riohacha y Maicao, en La Guajira. El resultado confirmó lo que durante meses se investigó: policías a cargo de permitir, facilitar y liderar lo que debieron combatir. Una vergüenza institucional y un golpe certero a la confianza en el servicio que prestan los uniformados honestos, muchos, en la Policía.
“Fueron capturadas 17 personas que harían parte de la red delictiva, entre ellas seis integrantes de la Policía Nacional y un empleado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Los funcionarios serían los encargados de asesorar a la estructura y de gestionar la recuperación de la mercancía incautada, mediante la utilización de documentación falsa”, señaló la Fiscalía durante las audiencias.
A pesar de las pruebas, de las evidencias en su contra y la necesidad de apartar a los policías de los testigos, un juez de Barranquilla consideró que la medida de aseguramiento no se justificó en debida forma. Los dejó en libertad, atados a la investigación, pero libres. La Fiscalía apeló la decisión.