Pablo Ardila, exgobernador de Cundinamarca, se encuentra actualmente tras las rejas en España por cargos relacionados con blanqueo de capitales (lavado de activos), abuso sexual, delitos contra la hacienda pública, el medioambiente y la seguridad vial, en el marco de una empresa criminal que habría estado moviendo millones de euros desde hace por lo menos dos años.

SEMANA indagó con autoridades colombianas y españolas sobre el proceso en el que también fue privada de la libertad su esposa, Luisa Margarita Plata, y seis personas más. Los detalles evidencian una vida llena de costosas propiedades, joyas por más de 3.000 millones de pesos y movimientos de grandes sumas de dinero.

El exgobernador Pablo Ardila y su esposa, Luisa Margarita Plata, fueron detenidos el 5 de mayo. Desde entonces, las autoridades han descubierto una posible red de lavado de activos y trata de personas.

Entre los aspectos que más han llamado la atención está la mansión en la que vivía y en la que pagaba un alquiler de 14.000 euros mensuales, un monto cercano a los 63 millones de pesos. Incluso, en esa misma vivienda residió el reconocido exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, que jugó en importantes clubes de Europa como el F.C. Barcelona.

La vivienda está ubicada en uno de los sectores más exclusivo de Barcelona, donde viven varios deportistas de élite. Durante el allanamiento las autoridades españolas encontraron grandes sumas de dinero en efectivo equivalentes a casi 300 millones de pesos.

También encontraron una colección de joyas y relojes costosos, que alcanzan un valor en el mercado cercano a los 700.000 euros, más de 3.000 millones de pesos. Además, vehículos de alta gama.

Conforme avanzaban los allanamientos, la sorpresa para la Policía de España era mayor. Hasta drogas y munición para armas encontraron en los registros: 187 pastillas de éxtasis, 5 gramos de cocaína, 5 gramos de cristal, 4.864 cartuchos de munición y un arsenal de documentos y material informático sobre los movimientos de la red criminal.

Al ingresar a la mansión, la policía española se encontró con un amplio salón con partes de diferentes animales colgadas en paredes, muebles fabricados con especies silvestres y hasta osos disecados. Las extravagancias de Pablo Ardila sorprendieron a las autoridades, aunque desde su residencia en Colombia acostumbraba a darse ese tipo de lujos.

Animales disecados, joyas de costos millonarios y carros de lujo fueron encontrados en la mansión en la que vivía.

Esa mansión, los costosos carros, las visitas a exclusivos clubes en España y las millonarias compras en joyerías motivaron a las autoridades de este país para pedirle ayuda a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) en Colombia a fin de que les prestara colaboración, mediante los mecanismos de cooperación judicial, y así identificar a Ardila, sus movimientos y los antecedentes penales.

Trata de personas

Los problemas del exgobernador de Cundinamarca con las autoridades españolas no solo se relacionan con el lavado de activos. De acuerdo con las investigaciones de la Ucrif, también estaría cometiendo el delito de trata de personas.

En mayo de 2020 se presentaron en la dependencia del grupo III de la Ucrif, en Barcelona, dos de sus empleados que manifestaron tener información de delitos en los cuales estaría involucrado Ardila.

Ante la contundencia de las versiones y señalamientos, estos dos empleados pasaron a convertirse en testigos fundamentales en el caso. Gracias a estas denuncias, la Ucrif ubicó a otra persona que también era víctima del delito de trata de personas. De acuerdo con sus testimonios, fueron contactados bajo engaño para ir a trabajar a España en actividades de servicio doméstico.

La promesa era que tan pronto pusieran los pies en Europa su situación laboral iba a ser legal, tendrían papeles en regla e, incluso, un trabajo con las garantías de ley y un jugoso sueldo. Las promesas resultaron falsas, llegaron a Europa como turistas y, según su relato ante las autoridades, terminaron explotados laboralmente durante los tres meses que les permitía su documentación.

No hubo contrato laboral ni vinculación a seguridad social. Lo que sí llegó fue un aviso de despedida supuestamente por no haber superado el periodo de prueba. Los tres testigos finalmente afirmaron que nunca se les habló de periodos de prueba, ni en Colombia antes de partir ni a su llegada a España.