Una paradisíaca mansión en las afueras de Cartagena era usada por un grupo criminal dedicado a la trata de personas; ahora quedó en manos del Estado. Se trata de una lujosa vivienda que se convirtió en el centro de operaciones de una poderosa red encargada de ubicar menores de edad y convertirlas en víctimas de los degenerados deseos de turistas extranjeros.
La casa, de mil metros cuadrados, con playa y piscina privada, en las noches se transformaba en un centro de diversión nocturno, lleno de luces, licor, drogas y habitaciones donde permanecían las menores de edad, sometidas a las exigencias de los clientes de esta red criminal.
“Estas personas, al parecer, contactaban a adolescentes entre 14 y 16 años, a través de redes sociales y sistemas de mensajería móvil. Las jóvenes eran ciudadanas colombianas y extranjeras en condición de vulnerabilidad, a las que les ofrecían dinero, ayudas económicas para sus hogares y familias, y otros supuestos beneficios para que accedieran a tener encuentros con extranjeros”, explicó la Fiscalía.
En la casa, justamente eran sometidas las víctimas, las mismas que más tarde le entregaron información a la Fiscalía para completar los operativos, recaudar el material de prueba y capturar a los responsables de liderar esta red de explotadores de niñas en la ciudad de Cartagena.
“Los hombres interesados pagaban diversas sumas de dinero, que dependían de los lugares y el tipo de acompañamiento que realizaban las víctimas. Algunas veces en apartamentos, y en otras oportunidades en fiestas programadas en establecimientos nocturnos y en una mansión lujosa”, señaló el ente acusador.
La mansión y otras dos propiedades que fueron identificadas por la Fiscalía en el curso de esta investigación fueron ocupadas con fines de extinción de dominio, un golpe certero a las finanzas de esta organización que, sin duda, estaba acumulando millonarias ganancias a costa de la explotación de las menores de edad.
“Como parte del trabajo integral que realiza la Fiscalía General de la Nación en contra de las conductas delictivas que afectan la integridad y la formación sexual de los niños, niñas y adolescentes, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y toma de posesión sobre tres inmuebles que serían utilizados por esta estructura dedicada a la explotación sexual de adolescentes en Cartagena”, señaló la Fiscalía.
Las propiedades, que fueron objeto de extinción de dominio, están avaluadas en más de 18.000 millones de pesos y pasaron a la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Ahora, lo que se convirtió en una prisión de lujo para las menores de edad, se convertirá en la forma de financiar la lucha contra la trata de personas; esto, si la SAE encuentra la forma de monetizar lo que la Fiscalía logra incautar.
“Este resultado a las finanzas de esta red de trata de personas hace parte de la estrategia Argenta, dispuesta por el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar el patrimonio del narcotráfico, la criminalidad organizada y la delincuencia”, explicó el ente acusador tras los operativos que permitieron la captura de los señalados responsables.