Una de las grandes críticas al Gobierno Petro tiene que ver con la politización de entidades reconocidas en el pasado por su carácter técnico. Aunque todos los Gobiernos nombran a cercanos, hay quejas en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) porque están relegando a funcionarios experimentados por personas del círculo político del director, Alexánder López, que no acreditan experiencia.
Funcionarios que han trabajado desde hace años en el DNP con distintas administraciones aseguraron que López llevó a personas que pertenecían a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso y no tienen el conocimiento necesario. Asimismo, estarían procediendo con sesgo político al priorizar proyectos exclusivos de alcaldes y gobernadores del Pacto Histórico y que no sean críticos de la gestión de Petro.
Entre las personas cuestionadas está Elizabeth Cristina Correa Soto, subdirectora general de Descentralización y Desarrollo Territorial, una de las cuatro subdirecciones de la entidad. Correa llegó al DNP el pasado 15 de abril, conforme a la resolución firmada por López. El director fue nombrado el 6 de marzo por Petro.
Según fuentes en el DNP, Correa es la mano derecha de López y filtra las reuniones del director de Planeación. Quien realmente manejaría esa dependencia es Andrés Santiago Villarreal, subdirector de Descentralización.
Correa fue contratada como asesora grado 18, por lo que gana un salario de 16.153.855 pesos mensuales, de acuerdo con la misma resolución. En contraste, según los registros del Congreso y personas que conocen de esta situación, ella era la secretaria de López en el Senado y asesora en quinto grado, con un salario cercano a los 9 millones.
Cuando Correa fue nombrada, hubo polémica porque horas antes había sido posesionada en ese mismo cargo Paula Moreno Villalobos. Incluso se anunció públicamente con una foto compartida por el DNP en sus redes sociales. Pero en menos de 20 minutos Moreno fue sustituida por Correa.
En la Casa de Nariño no habrían avalado la llegada de Moreno, pues había tenido experiencia en distintos Gobiernos, entre ellos los de Santos y Duque. Ese hecho importó más que sus estudios en Políticas Públicas y Desarrollo y su candidatura a doctora en Ciencias Sociales.
Por el contrario, la hoja de vida de Correa ha sido cuestionada porque no tendría experiencia en gestión pública territorial o descentralización fiscal, temas fundamentales para la Subdirección que dirige y las funciones que debe desempeñar.
En el DNP señalan que Correa lleva una agenda política alineada exclusivamente con el Pacto Histórico, bloqueando a personas que no son de esa corriente. “La politización acá nos hace daño, ya que nosotros somos técnicos”, reclamó un funcionario. “Vemos con tristeza cómo la entidad se ha descarrilado por este tipo de personas que llegan sin ningún fundamento técnico”, añadió.
Otro funcionario procedente de la UTL de Alexánder López es Giovanny Andrés León Perilla, quien tiene un contrato de prestación de servicios por 106.723.000 pesos para prestar servicios profesionales a la Dirección General desde el pasado 20 de marzo. Su contrato va hasta diciembre, es decir, gana 11.858.111 pesos mensuales. Según los registros del Congreso, era asesor uno en la UTL de López, es decir, el rango más bajo, con un salario de 3.900.000 pesos.
Una funcionaria adicional que también llegó con López desde el Senado fue Mary Leydi Rosero Montenegro, quien, según la resolución con la que fue nombrada en el DNP el 8 de abril de 2024, tiene un salario de 12.011.750 pesos mensuales, gracias al grado 12 con el que fue contratada.
Otro es Juan Esteban Díaz Jiménez, quien tiene un contrato por 54.096.000 pesos desde el 17 de mayo hasta diciembre de este año, es decir, gana 7.728.000 pesos mensuales. En el Congreso era asesor grado uno, también con un salario de 3.900.000 pesos.
Díaz fue contratado por prestación de servicios para brindar sus conocimientos a la Subdirección de Gobierno y Asuntos Internacionales del DNP, especialmente, en la “formulación, implementación y seguimiento de actividades de asistencia técnica a entidades del orden nacional y territorial”.
Un cargo adicional que repite ese patrón es el de Ángel Fernando Sepúlveda Sancristán, quien logró un contrato de prestación de servicios desde el 4 de abril de este año hasta diciembre por 46.539.000 pesos, es decir, gana 5.817.375 pesos mensuales, cuando en el Congreso recibía 3.900.000 pesos porque también era asesor grado uno.
Esta situación ha molestado a los funcionarios del DNP, pues ven cómo otros con menor experiencia van creciendo más rápido solo por la cercanía política, mientras que ellos han trabajado durante años con el mismo salario.
A López lo criticaron cuando fue posesionado por Petro, ya que no tiene la experiencia técnica para dirigir Planeación Nacional. Su nombramiento fue demandado por Samuel Alejandro Ortiz, pues López no cumpliría los requisitos. El proceso está en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEMANA consultó a López a fin de conocer las razones para que se llevara a gran parte de su equipo del Congreso al DNP con elevados salarios y si es verdad que solo están atendiendo a un sector cercano ideológicamente. Sin embargo, no contestó las llamadas y mensajes.
Jorge Iván González, exdirector del DNP, renunció a su cargo molesto con Petro. Según le dijo a SEMANA, el Gobierno estaba priorizando el activismo sobre la tecnocracia. Hoy esa tesis pareciera verse reflejada en lo que está pasando en Planeación Nacional.