El equipo periodístico de SEMANA fue intimidado en varios momentos durante su recorrido por el Cauca para la más reciente portada de la revista. Dos grupos de reporteros se adentraron en los municipios más peligrosos de esta región, que hoy está vetada para las autoridades y donde suceden constantemente los más violentos crímenes. En un momento, en la vereda el Jagual, en una estación de servicio, llegaron unos hombres en una moto que se parqueó cerca del carro donde iban los periodistas.

“Nos saludaron. Nos bajamos. Y se quedaron ahí dos milicianos. Me dijo textualmente. ¿Ustedes saben dónde están? ¿Usted sabe qué es este lugar? Nos preguntaron qué hacíamos por esa zona. Para mí era claro que era un campanero. Eran dos personas con revolver al cinto”, cuenta otro de los periodistas.

Lo primero que hizo el miliciano fue preguntarle si estaba grabando. Uno era un hombre corpulento, lleno de tatuajes y con una gorra de Pablo Escobar. El otro era un hombre de origen indígena. Los dos se molestaron por la presencia de los periodistas. “Si se aparecen por aquí les damos plomo”, dijo un hombre que abordó a los periodistas de SEMANA en zona rural de Caloto, explicando las dinámicas del conflicto con otros grupos.

En ciertos puntos de las carreteras rurales hay retenes ilegales. Supuestos campesinos deciden quiénes pueden ingresar. | Foto: Juan Carlos Sierra

El episodio de Caloto no fue el único atentado contra la libertad de prensa. Otro periodista de SEMANA que estaba en otro punto del departamento también vivió hostigamientos. “Dos tipos en moto, con armas largas, nos interceptaron cuando iba de Argelina a Balboa. Interceptaron el vehículo en donde nos movilizaban y nos preguntaron qué estábamos haciendo en la zona. Luego ellos estaban en una especie de montañita, mirándonos y chateando por el celular. Nos encontramos con ellos de nuevo. Y luego vimos a las Farc ya uniformadas. Allá está la Carlos Patiño”.

El Cauca se ha convertido en un campo de guerra. Los habitantes de la zona aún se encuentran impactados por el asesinato de Carmelina Yule, lideresa indígena de la zona. La mujer murió luego de un macabro operativo de la guerrilla, a pesar de que los Nasa pertenecen a la zona.

Pero por encima de cualquier cosa, está el negocio de la marihuana, que a pesar de que esté en declive por los golpes militares y el cambio en las dinámicas internacionales de consumo, sigue produciéndole a la guerrilla 10.000 pesos por cada libra que sale de Toribío.

En su mejor momento hubo cerca de 9.500 productores en la zona, que producen cerca de 250 libras por cada cuatro meses, que es el tiempo entre la siembra y la recogida. Esto equivaldría a cerca de 2.375 millones de libras de marihuana, que les significarían en ganancia cerca de 23.000 millones de pesos a la organización en dicho periodo de tiempo.

“Aquí hay una serie de grupos al margen de la ley enfrentados entre sí”, agregó Jaime Díaz Noscué, alcalde de Toribío.

Lo cierto es que el conflicto no solo se da entre la guerrilla y el Ejército, sino que también surgen nuevos grupos que se enfrentan entre sí por el poder territorial. Aún quedan algunos residuos del ELN en la zona, pero en la zona alta surge un llamado frente 57, el cual busca darle una orientación ideológica a la guerra del Cauca.

Así dictan las leyes los criminales en el Cauca: por medio de pancartas amenazantes y grafitis en las fachadas de las casas. Quien es sorprendido violando algunas de estas restricciones es asesinado, secuestrado u obligado a pagar multas. | Foto: AFP or licensors

Pero la Dagoberto Ramos es la más grande, con la mayor cantidad de hombres en sus filas. Una forma de nutrir las filas ha sido el reclutamiento de menores, según exponen las comunidades indígenas de zonas aledañas. Según los líderes, con los que conversó SEMANA, los milicianos reclutan niños y adolescentes desde los 8 años. Los seducen con celulares, recursos y motos para que dejen el colegio y se unan a ellos, según narran.

El frente Jaime Martínez manda en el noroccidente, al pie de la cordillera occidental, principalmente sobre los municipios de Suárez, Buenos Aires, Morales, Cajibío y Piendamó. Esta estructura también tiene fuerte presencia en Jamundí, a tan solo 25 minutos de la capital del Valle del Cauca.

En los cascos urbanos del noroccidente se vive en tensa calma, dado que los atentados y enfrentamientos cerca de la zona de mayor tránsito y comercio son esporádicos, pero ocurren. Los milicianos transitan vestidos de civil, con gorras alusivas y arma corta en el cinto. Las motocicletas patrullan camuflados entre la gente, con el fin de alertar a los jefes de la disidencia, quienes permanecen en las veredas.

La Policía Nacional y miembros del Ejército reciben bombazos y ráfagas de fusil con frecuencia. En Suárez, la base militar se encuentra abandonada por hostigamientos del frente, a pesar de encontrarse en inmediaciones del embalse de Salvajina, una hidroeléctrica a cargo de la empresa Celsia. Así también ocurre con estaciones en los cascos urbanos y veredas, de las cuales algunas se encuentran destruidas por ataques, lo que provoca que los uniformados deban cercar el área alrededor del predio, con el fin de garantizar la protección de quienes laboran en las oficinas.

SEMANA llegó hasta la zona, evidenciando que los municipios controlados por la Jaime Martínez se encuentran abandonados por el Estado. El principal cultivo del territorio es la coca, por lo que la economía de sus habitantes depende fuertemente de los cultivos ilícitos.

En muchas ocasiones, los adolescentes optan por dejar de ir a clases para ganar plata. De esta forma, la disidencia y algunos cultivadores les da trabajo como raspachines, haciendo parte del negocio. Otros se deciden por el fusil, siendo en principio carne de cañón para proteger a los guerrilleros de posibles enfrentamientos con grupos de menor escala o el Ejército.

Las disidencias de Iván Mordisco mantienen una arremetida violenta en departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca. | Foto: AFP or licensors

Otra renta que recibe la guerrilla es la minería ilegal de oro, que podría llegar a ser la principal fuente de ingresos de los disidentes. Todo esto se da a raíz de la caída del precio de la hoja de coca, que pasó de aproximadamente $ 56.000 por arroba a $ 26.000, lo cual implica un fuerte golpe económico, tanto para la organización criminal como para la comunidad.

“Estamos viviendo una crisis. Con la llegada de los cultivos todo se encareció. Todo está caro, pero el producto ha bajado. Estamos en una crisis total. Todo nos lo venden como si fuéramos coqueros. La situación económica está cruel”, dijo un líder social de la zona, que prefirió mantener su nombre bajo reserva.