Anoche trataron de matar nada menos que a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), irónicamente, la entidad encargada de proteger la vida de las personas que están en riesgo en el país. El intento de homicidio fue frente a su casa, cuando estaba acompañado de su hija, y la rápida reacción de sus escoltas lo salvó.
SEMANA pudo establecer lo que sucedió en la noche en el intento de homicidio y cómo este hecho era algo que el director de la UNP sabía que podía pasar, puesto que Rodríguez ya sabía de seguimientos en su contra y por ello había tomado medidas con su esquema de seguridad.
Cambió sus rutinas, no iba a los mismos lugares, tomaba rutas diferentes para ir a su casa, al trabajo y a las distintas reuniones que tenía. Incluso, desde su esquema y él mismo habían notado movimientos extraños en su entorno.
El hecho se dio ayer entre las 10:30 y las 10:35 p. m. En ese momento Rodríguez llegaba al barrio Ciudad Montes, acompañado por su esquema de seguridad compuesto por un carro de protección y dos hombres, fuertemente armados y entrenados, quienes al final fueron los que le salvaron la vida.
Lo más delicado es que el director de la UNP iba acompañado por su hija, a quien había recogido en la universidad y luego tomaron el camino a casa. Anoche sucedió algo que no es habitual; por lo general, al llegar a la casa, el primero en bajarse es uno de los hombres de su cuerpo de escolta y abre la puerta. Pero ayer, Rodríguez se bajó del carro con su hija e ingresó de inmediato a su residencia. El cambio, al parecer, dejó sin rango de acción a los seis criminales que lo seguían en motocicletas.
Y fue justamente el sonido de las motos, en medio del silencio de esas horas de la noche, el que alertó al primero de sus escoltas que lo acompañó a la puerta. El hombre de inmediato alistó su arma para responder, pero aún no se había dado el ataque.
El verdadero campanazo se dio cuando otra moto se arrimó al carro de seguridad, justo al lado de la ventana del conductor. Mientras Augusto Rodríguez se refugiaba en en la casa protegiendo a su hija, se presentó el enfrentamiento a bala limpia entre los hombres de seguridad y los sicarios.
Uno de los escoltas, el primero en bajar del carro, abrió fuego y cruzó disparos desde el flanco derecho del carro. Al otro lado, por la puerta del conductor, el otro hombre de protección también actuó de forma inmediata con su arma y con una pelea casi que cuerpo a cuerpo, enfrentamiento en el cual resultó herido en un pierna.
En el cruce de disparos, y por la rápida reacción de los hombres de seguridad, uno de los sicarios resultó herido; trató de huir, pero cayó al piso a los pocos metros y murió en el lugar. Se sabe que se trataba de un joven de 25 años con un vasto prontuario delictivo.
En el lugar de los hechos, en la casa de Rodríguez, donde se presentó el cruce de disparos, quedaron muchas vainillas tiradas en el suelo, no fue un enfrentamiento de poca monta. Y ya las autoridades investigan el suceso.
La policía llegó al lugar y, tal como contó el comandante general de la Policía Metropolitana, general Carlos Triana, se hicieron los actos urgentes, se recogió toda la evidencia y los videos de seguridad de la zona para iniciar una profunda investigación, reconstruir los hechos y poder identificar e individualizar a los criminales.
Las denuncias que han levantado ampolla
Las denuncias las ha hecho, poniendo la cara, su propio director, Augusto Rodríguez. No hay suficientes vehículos, muchos son viejos, están en mal estado y los funcionarios utilizan la puerta giratoria. Así se lo había contado a SEMANA.
Cada semana está surgiendo un nuevo escándalo de corrupción en las entidades del país. Pareciera que se estuvieran carcomiendo el Estado. Pasó en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en la Aerocivil, y ahora le tocó el turno a la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que su mismo director, Augusto Rodríguez, quien asumió el cargo con el nuevo gobierno, le contó a SEMANA el rosario de irregularidades que encontró.
Falsos blindajes que ponen en riesgo la vida de personas amenazadas; carros que se varan y no son reemplazados a tiempo, poniendo a los protegidos a andar por su cuenta y riesgo; funcionarios que salen de la entidad y resultan trabajando en empresas de seguridad, y hasta una cuestionada exfiscal que se niega a devolver su esquema de seguridad, aunque no lo necesita, son solo algunas de las “perlas”.
Así, la difícil misión de proteger a 7.714 colombianos que están en alto riesgo, entre los que se encuentran jueces, congresistas, fiscales, líderes sociales, periodistas y hasta exguerrilleros, está cuesta arriba.
Uno de los casos más escandalosos tiene que ver con el falso blindaje de varios de los carros usados para la protección de personas con alto riesgo en el país.
Una investigación que, según Rodríguez, venía de tiempo atrás, pero que curiosamente se encontraba “engavetada”, puso sobre la mesa que: “No es uno, son por lo menos diez casos de vehículos supuestamente blindados por los cuales se paga un arriendo de entre 11 y 15 millones de pesos, pero que al retirar los tapizados de puertas, techos y pisos no tenían la protección. Solo tenían un blindaje de nivel bajo en los vidrios laterales. Una reprochable y peligrosa trampa”, aseguró Rodríguez a SEMANA.
Este medio tiene en su poder fotografías de los peritajes que expertos le realizaron a varias camionetas de alta gama arrendadas a la UNP. En todas se observa claramente la trampa.
“Una de las cosas lamentables que se detecta es que habían dejado acumular todas las investigaciones sobre este tipo de incumplimientos. Se iniciaban los procesos, se dejaban ahí, no se resolvía nada”, asegura Rodríguez.
La trampa con los falsos blindajes llevó al director de la UNP a diseñar un estricto proceso para la revisión de los vehículos blindados y a generar un cambio en las reglas de juego de contratación para evitar otra de tantas irregularidades: la cartelización.
La llegada de nuevos contratistas de vehículos fue traumática y peligrosa. Una de las empresas salientes que tenía que hacer empalme amenazó con “apagar” los 25 vehículos arrendados, lo hizo con cuatro, entre los que se encontraban los de dos expresidentes. Se abrió un proceso sancionatorio, pero va a paso de tortuga.
Rodríguez asegura que el talón de Aquiles de la UNP es el arrendamiento de vehículos, por lo que buscan alternativas; “estamos buscando adquirir una parte de la flota (1.000 vehículos) bajo el sistema de renting o de compra. Si es compra sería bajo la modalidad de gobierno a gobierno o en sociedad con el Ministerio de Defensa, bajo la lupa de Colombia Compra Eficiente”, reveló Augusto Rodríguez.
Atentado por carro varado
Otra “perla” está relacionada con el deficiente mantenimiento que algunas empresas le realizan a los vehículos arrendados. Muchos carros alquilados a la entidad se varan frecuentemente y no son reemplazados a tiempo, en un evidente incumplimiento del contrato, que cuyo costo se podría contar en vidas.
A mediados de abril del año 2022, la UNP le asignó un esquema de protección a Gabriel Ángel Quintero, líder de restitución de tierras en Norte de Santander. Entre mayo y septiembre, el vehículo tuvo cuatro mantenimientos.
El 5 de octubre el carro quedó varado. La UNP solicitó a la empresa arrendadora, Neosecurity, la reposición; nunca llegó y Quintero tuvo que moverse en moto, acompañado, a lo lejos, por sus dos escoltas. El 31 de octubre fue víctima de un atentado en el corregimiento Llanos de los Trigos, cerca de Ocaña, Norte de Santander.
“Lo estaban esperando y comenzaron a dispararle. Los escoltas y Quintero se arrojaron a una zanja y desde allí repelieron el ataque. Nuestros escoltas no han sido preparados para el combate, sino para la defensa y la protección de la persona. Tenían que sacarlo de la zona de peligro, pero no había forma porque no había vehículo”, reveló el director de la UNP.
Exfiscal cuestionada con protección
Pero la UNP no solo está en crisis por la falta de vehículos blindados o en mal estado. Hay un caso que resulta emblemático: la cuestionada exfiscal Yajaira Cáceres Pacheco recientemente fue acusada por la Fiscalía porque, cuando investigaba la posible reventa de boletas para la eliminatoria al Mundial de Fútbol de Rusia 2018, habría recibido boletas para los partidos contra Paraguay y Brasil, otras VIP para el Mundial.
“Pasó algo similar a lo del fútbol. Inició investigando en 2014 presuntos hechos de corrupción en la entidad y terminó muy amiga de los investigados”, reveló el director de la UNP.
Esa amistad le permitió, bajo un trámite de emergencia, obtener ―a finales de 2015― un esquema de seguridad con vehículo blindado, dos escoltas y chaleco antibalas. En mayo de 2016 se encontró que el riesgo era mínimo y se ordenó devolver el esquema.
“No se dejó notificar, desapareció con su esquema. No atendió la solicitud de finalización. Dos años después, en 2018, reapareció interponiendo un recurso de reposición y le volvieron a decretar las medidas de protección”, explicó Rodríguez.
“Hay una curiosidad, la firma con la que el director de la época, Diego Fernando Mora, le retiró el esquema, es distinta a la firma con la que se le regresó”, asegura el director de la UNP.
Pero hasta hoy, la exfiscal Cáceres no aparece para su notificación y continúa con un vehículo blindado y dos escoltas pagados por todos los colombianos con sus impuestos.
Puerta giratoria
La entidad no se salva de las llamadas “puertas giratorias”. Altos funcionarios se retiran con valiosa información, para trabajar luego en empresas contratistas de la entidad. Un conflicto de intereses, pero además una violación de la ley.
Así ocurrió con Diego Fernando Rodríguez Vásquez, quien se desempeñó, entre 2019 y 2020, como jefe de la oficina asesora jurídica y coordinador del grupo de contratación.
En 2021, un año después de su retiro, Rodríguez Vásquez se convirtió en el apoderado principal del consorcio Renting Blindados 2019-2021.
“Mi apoderado cuenta con las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial para transigir, desistir, sustituir, recibir, renunciar, reasumir y todos aquellos que tiendan al buen cumplimiento de su gestión”, sostiene un documento conocido por SEMANA, en el que se le entrega el poder para que represente a la empresa contratista de vehículos blindados en un proceso por presunto incumplimiento.
Hay una inhabilidad de dos años para quien ha sido funcionario público. Eso está definido en la ley 1474 de 2011.
Augusto Rodríguez dice que el desafío en la Unidad Nacional de Protección es grande y que estará en el cargo mientras tenga la colaboración del personal de la entidad que le ha mostrado su respaldo en el compromiso de proteger la vida de los colombianos amenazados.