“El 90 % de la actividad del contrabando para que se ejecute es con la participación de servidores públicos”, estas fueron las palabras de la fiscal encargada, Marta Mancera, al revelar cómo se dio el primer golpe por parte de las autoridades contra la principal red de contrabando de Colombia.
Por este caso fue capturado Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, quien según la funcionaria judicial era conocido como el zar del contrabando en Buenaventura, Valle del Cauca. La investigación, de acuerdo con las autoridades, señala que El bendecido era el encargado, al parecer, de reclutar a policías para que hicieran parte de la red y dejaran ingresar la mercancía de contrabando.
“Al parecer, era el enlace con funcionarios públicos para acceder a información que facilitaba la entrada de mercancías ilegalmente al país y su traslado a centros de acopio. Se encargaría de la entrega de dádivas a estos funcionarios. A su nombre estarían cerca de 200 predios, producto de su actividad ilegal”, señala el expediente de la Fiscalía.
Dentro de la redada contra esta red de contrabando cayeron funcionarios de la Policía activos y en retiro. Dentro de los capturados está Alexander Galeano Ardila, coronel retirado de la Policía y quien, presuntamente realizaba los enlaces con altos oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), para garantizar el éxito de la entrada de contrabando y su distribución a nivel nacional.
También fue capturado Mario Andrés Sarmiento, mayor de la Policía, quien sería una especie de enlace con otros integrantes de la institución para garantizar la libre movilidad de la mercancía de contrabando dentro del territorio nacional.
En medio del anuncio de estas capturas, dijo la Fiscal Mancera que detrás de todo este andamiaje estaría Diego Marín, alias Pitufo, sobre quien ya pesa una orden de captura y fue incluido en la base de Interpol, autoridad que activó una circular azul para alertar a más de 190 países de esta persona.
De acuerdo con Mancera, el funcionamiento de esta estructura generó que el Estado colombiano no recibiera cerca de 8 billones de pesos, por cuenta de los impuestos que no fueron pagados por el ingreso de la mercancía ilegal al país.
“Los servidores públicos se dedican de manera ilegal a no cumplir con su función”, señaló Mancera al referirse a los capturados en este caso. Explicó que en las irregularidades se vieron comprometidos funcionarios de tres puertos: Buenaventura, Santa Marta y Cartagena.
“Era una organización de la cual todo el mundo hablaba, pero no había ninguna actividad investigativa que le diera la estocada de la judicialización”, dijo la Fiscal General encargada.
Agregó que para este caso se contó con la colaboración de la agencia de Estados Unidos, DEA, que ayudó en las investigaciones. Sobre Diego Marín, alías Pitufo, dijo que tiene orden de captura y circular azul. “Interpol está haciendo las actividades propias para su ubicación, la importancia es saber su modus operandi y por su puesto esta es la primera fase, fase en la que logramos sus cabecillas identificar”, señaló Mancera.
Dentro de los otros detalles que se conocieron del caso, se reveló que la red de Pitufo y El Bendecido tendría la capacidad de mover hasta 30 contenedores semanales con mercancía, lo que representaría una renta criminal de ocho billones de pesos anuales.
Dicho contenedores, de acuerdo con los investigadores de la Policía, provenían de Estados Unidos y países de Asia y Europa. “Las diligencias se realizaron de manera articulada con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía en Bogotá, Bucaramanga (Santander) y Cali (Valle del Cauca).
“Adicionalmente, estas personas entregarían dádivas a funcionarios públicos para garantizar la entrada de la mercancía al país, transporte por rutas seguras en tracto camiones, que no dejan trazabilidad, y almacenamiento en distintas ciudades sin que autoridades locales advirtieran los cargamentos ilícitos”, indicó la Fiscalía sobre el modus operandi de la red.
De acuerdo con fuentes judiciales, para el éxito de la investigación fue necesario utilizar la figura de agente encubierto, con la que se logró que algunos de los hoy capturados les entregaran este año 902 millones de pesos a cambio de garantizar el ingreso, tránsito y mercancías sin el pago de rentas fiscales ni demás requisitos de ley.
Los capturados fueron presentados ante un juez de la República para responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y cohecho.