En 2006, tan solo dos años después de pisar una cárcel en los Estados Unidos, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orjuela, los otrora todopoderosos del Cartel de Cali, fueron condenados a 30 años de prisión por su responsabilidad por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La sentencia se dio después de una extensa negociación con las autoridades del Estado de la Florida. En la misma se pactó la entrega de 2.100 millones de dólares para la reparación de las víctimas. y 29 propiedades ubicadas en Colombia, Estados Unidos, España y Ecuador. Igualmente, se pidió la protección para los familiares que se encontraban en el país.

Con esta negociación, se libraron de ser procesados por cargos de obstrucción a la justicia y lavado de activos. En su momento, el acuerdo fue celebrado por las autoridades estadunidenses que lo calificaron como histórico, por lo que representaban los dos capos del narcotráfico.

Con esto, una Corte de Miami (Distrito Sur de la Florida) emitió el respectivo fallo y avaló cada uno de los puntos de la negociación. Durante el juicio, Gilberto se mostró apático y jamás vislumbró un gesto de arrepentimiento por sus acciones. “Me someto a la justicia americana”, dijo el narcotraficante antes de que se le quebrara la voz en sala de audiencias donde se encontraba una multitud de periodistas.

En el proceso –como lo reseñaron los informes periodísticos de la época- los dos jefes del Cartel de Cali admitieron haber importado más de 200.000 kilos de cocaína a los Estados Unidos entre los años de 1990 a 2002 en cargamentos de postes de concreto, vegetales, madera, cilindros de cloro, y en una ocasión en un avión 747 hacia México, una de las rutas más importantes para el tráfico de drogas.

Igualmente, los 28 familiares de los capos que también pactaron la negociación, renunciaron a 300 compañías constituidas en las Bahamas, Panamá y Colombia. Con esto lograron conservar algunas de sus propiedades y ser retirados de la denominada ‘Lista Clinton’, que congelaba los bienes de personas relacionadas con el terrorismo y el narcotráfico, así como a su núcleo familiar y empresas.

También se comprometieron a nunca demandar la devolución de sus bienes. En la negociación se fijó el restablecimiento de las visas de los Estados Unidos, por un período limitado de tiempo, para realizar visitas en el centro penitenciario FCI Coleman en el Sur de la Florida.

No tienen derecho a demandar las extinciones de dominio ni presentes o futuras. Sin embargo, los familiares de los capos iban a seguir siendo vigilados. Al menor indicio de actividad ilícita, el acuerdo se rompería y por ende perderían todos los beneficios pactados. El Gobierno de los Estados Unidos se reservó el derecho a extinguir o decomisar nuevas propiedades o activos que aparezcan con posterioridad.

En marzo de 2020, Gilberto Rodríguez Orejuela había pedido la libertad por piedad ante las autoridades de los Estados Unidos señalando que tenía una enfermedad terminal. Sin embargo, el juez de distrito Federico Moreno concluyó que el excapo no tenía problemas de salud suficientemente graves para merecer una liberación adelantada.

En su decisión el juez cuestionó a Rodríguez y las acciones que adelantó en contra de la salud de los habitantes de los Estados Unidos. “La corte sólo puede imaginarse los profundos y destructivos efectos de tanta cocaína en Estados Unidos”, escribió Moreno. “¿Cuántas miles, si no cientos de miles, de vidas fueron afectadas?”

En este sentido señaló que los problemas de salud de Rodríguez Orejuela no son suficientes para ameritar una liberación compasiva. “La condición médica de Rodríguez Orejuela, aunque lejos de ser perfecta, también está lejos de ser extraordinaria y apremiante”.