“Nosotros no podemos fallar”. Con esa contundente frase, Gustavo Petro les dio la bienvenida a los miembros de su gabinete el 7 de agosto, minutos después de haberse puesto la banda presidencial. Muchos de quienes han seguido por años al nuevo jefe de Estado fueron cautivados por sus discursos, por sus anhelos de convertir a Colombia en una potencia de la vida, pero, desde que juró como el nuevo presidente, Petro pasó de la oratoria a la gerencia.
En su primera semana de mandato, anunció fuertes medidas de austeridad, puso en discusión las primeras reformas que había prometido y les abrió las puertas de su gabinete a los partidos tradicionales.
No habían pasado ni siquiera 24 horas de haberse instalado el nuevo Gobierno, cuando el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, llegaron al Congreso y radicaron la gran apuesta de Petro para sus primeros 100 días: la reforma tributaria.
Con esa iniciativa, se buscan recaudar 25,9 billones de pesos mediante nuevos tributos como el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, así como la eliminación de exenciones en el impuesto de renta, especialmente para los ingresos más altos.
Dos días después, aterrizó en el Capitolio la ley que busca prohibir el fracking en Colombia, iniciativa que cuenta con el respaldo pleno del Gobierno y deja ver que Petro va muy en serio con su política de transición energética y disminución progresiva de las actividades extractivas.
En estos primeros días en la Casa de Nariño, Petro puso a su equipo a dar los primeros pasos para la llamada “paz total”, que no es otra cosa que la reanudación de los diálogos con el ELN y el sometimiento a la justicia de la totalidad de los grupos armados ilegales.
El alto comisionado de paz, Danilo Rueda; el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda y el canciller Álvaro Leyva viajaron el jueves a La Habana para reunirse con los integrantes del ELN que permanecen en la isla desde 2019.
Este es el primer contacto directo entre el Ejecutivo y esa guerrilla desde la posesión de Petro.Fuentes del Gobierno le confirmaron a SEMANA que la tarea puntual con la que viajaron Leyva, Rueda y Cepeda es la de definir la hoja de ruta para retomar las conversaciones en el punto donde quedaron durante el mandato de Juan Manuel Santos.
El asunto no será sencillo. Al frente está un grupo que se ha burlado de los diálogos y sigue dedicado a los asesinatos, secuestros, extorsiones, a la minería ilegal y al narcotráfico, entre otras rentas ilícitas.
Apretarse el cinturón
Mientras, por un lado, Petro radicó una dura reforma tributaria con la que los colombianos tendrán que meterse la mano al bolsillo, por el otro ha empezado a enviar mensajes de que también el Gobierno se apretará el cinturón.
Horas después de la primera reunión que tuvo con el gabinete, el presidente informó que ordenó a sus ministros “desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas”. También dio la orden de eliminar todo gasto suntuario o superfluo.
Tomó la decisión de eliminar más de 120 cargos de la Presidencia, entre puestos de asesores de la Casa de Nariño y consejerías que, según su concepto, no están haciendo nada y, por el contrario, generan un gasto innecesario.
Advirtió que las tareas se pueden asumir por los ministerios en diferentes áreas específicas de función.En ese sentido, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, fue claro en advertir que está en marcha una profunda reforma a la Casa de Nariño, en la cual los asesores de las consejerías deberán devolver las camionetas a la Unidad Nacional de Protección (UNP). “
Vamos a empezar a buscar, a identificar y a cancelar a personas que tengan más de dos, tres o cuatro contratos. No es bueno que una persona tenga más de tres contratos con el Estado y eso lo vamos a empezar a revisar con mucha calma”, sostuvo Lizcano.
Y fue enfático: “La idea es que exista una reducción en los costos y aquí en la casa, en la Presidencia de la República, por instrucciones del presidente Petro vamos a dar ejemplo y el primer ejemplo es que tenemos 130 vacantes para nombrar, pero vamos a nombrar solo cuatro”.
Lizcano insistió en que en la Presidencia habrá una reducción de hasta 50 por ciento del número de contratistas de la Casa de Nariño y se eliminará la mitad de las altas consejerías, medida que se adoptará para reforzar la política de austeridad.
Con la idea de acercarse a los ciudadanos, según anunció Lizcano, por orden de Petro, uno de los icónicos lugares del centro de Bogotá, donde se ubica la sede de los poderes Legislativo y Ejecutivo, será abierto al público. Se trata de la emblemática Plaza Núñez, que es la que divide el Capitolio Nacional (sede del Congreso) y la Casa de Nariño (sede de la Presidencia).
Las cuotas
Durante su primera semana de gobierno, Petro tuvo que hacer frente a los partidos políticos, a los cuales necesita para sacar adelante sus reformas.
Esas fuerzas tradicionales buscan cobijo en la coalición petrista y cuotas de representación burocrática en el gabinete y las entidades del Estado, a pesar de la distancia ideológica. Y el presidente no solo se ha mostrado dispuesto a negociar, sino que ya les abrió las puertas de su Gobierno.
A los conservadores les entregó el Ministerio de Transporte, en cabeza de Guillermo Reyes, un hombre muy cercano al presidente del Partido Conservador, Carlos Trujillo.
En el caso de los liberales, las hojas de vida del ministro de Justicia, Néstor Osuna, y la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, fueron enviadas por esta colectividad, aunque algunos señalan que no se sienten representados por estos nombres.
“Son de (César) Gaviria, pero no son de todo el Partido Liberal”, dijo a SEMANA un representante a la Cámara de ese partido.
Por los lados de La U, ha sido claro que le fue reservado el Ministerio de las TIC. Las hojas de vida en la baraja de Petro para este cargo fueron enviadas por esta colectividad.
A la Alianza Verde le fue entregada la dirección del Sena, que estará en cabeza de Jorge Londoño, exsenador de esta colectividad. Este es uno de los fortines más apetecidos por los partidos, pues esta entidad tiene sedes regionales en todo el país.
De esta manera, el Gobierno ha logrado empezar a conjurar los conatos de rebeldía que la semana pasada habían surgido en los partidos tradicionales en el pulso por la elección de contralor.
La U, los liberales, los conservadores y Cambio Radical habían anunciado su apoyo a la candidata María Fernanda Rangel, muy cercana al actual contralor, Felipe Córdoba, lo que generó preocupación en el Gobierno, que no gusta de esta candidatura y se la ha jugado por apoyar, tras bambalinas, a Carlos Hernán Rodríguez.
Pero tras los anuncios de Petro en la conformación de su gabinete, los partidos se han mostrado dispuestos a echar para atrás esa decisión. La elección de contralor será la primera prueba de fuego para la coalición de Gobierno, de allí que el Ejecutivo se la esté jugando a fondo.
A pesar de que en la primera semana Petro aprovechó la luna de miel que vive con la opinión pública para poner en marcha los asuntos más duros y polémicos del inicio de su mandato, como la reforma tributaria y la negociación burocrática con los partidos, en adelante tendrá que empezar a enviar mensajes al ciudadano de a pie.
Al colombiano que se levanta todos los días a las cinco de la mañana a trabajar por un salario mínimo poco le interesa si el Ministerio de Justicia es de los conservadores o si el contralor es amigo del Gobierno o no. El ciudadano espera respuestas frente al desempleo, los altos precios de los alimentos o la inseguridad ciudadana. El país espera gerencia y resultados.