Una organización criminal se habría infiltrado en la Gobernación de San Andrés para transportar a personas de manera irregular entre Colombia y Nicaragua. SEMANA accedió al expediente judicial que causa revuelo en la isla y muestra la crudeza del fenómeno delincuencial que, con el paso de los meses, toma más fuerza.
El negocio estaba dirigido a ciudadanos asiáticos con dinero suficiente para costear la ruta VIP de la migración hacia Estados Unidos, título que hace referencia a la comodidad de viajar en una lancha por el Caribe frente al viacrucis de caminar 17 kilómetros bajo el sol por la extensa selva del Darién, en los límites del departamento del Chocó y Panamá.
El paquete incluía un trayecto terrestre entre Nariño y Medellín, un tiquete de Rionegro hasta el aeropuerto costero Gustavo Rojas Pinilla, hospedaje y alimentación en la ciudad por un par de horas, y una embarcación clandestina que terminaba en cualquier playa nicaragüense. Todo estaba avaluado en 2.500 dólares, más de 10 millones de pesos.
Según un informe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, esta banda tendría preferencia por los vietnamitas y chinos, pues son reconocidos en la región por no cuestionar las tarifas de la migración y entregar el dinero en efectivo, por lo que no quedarían en evidencia ante las autoridades con eventuales transacciones bancarias.
Todo se coordinaba entre coyotes por medio de aplicaciones de mensajería instantánea. En varios archivos conocidos por SEMANA se leen los siguientes fragmentos: “Voy a cobrar 850 (dólares) por persona. Vamos con seis (chinos), pero el man tiene más para meter; (…) que no entren juntos, que lo hagan de dos en dos en el mismo vuelo”.
Dos funcionarios públicos formarían parte de este entramado: alias Natasha, en la Secretaría de Servicios Públicos y Medioambiente, y alias José, en la Oficina de Control, Circulación y Residencia. Ambos fueron detenidos y procesados por los supuestos delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes.
La mujer es considerada por los detectives como la presunta líder de la organización criminal. En el radar se tiene un contrato de prestación de servicios por 13 millones de pesos con la Gobernación de San Andrés que le habría servido para conocer el funcionamiento de la administración pública y detectar el control migratorio.
Dentro del grupo, alias Natasha tendría bajo el mando a varias personas que debían rendirle cuentas sobre el paso de asiáticos por la isla y, posiblemente, también coordinaba las operaciones logísticas para que los extranjeros fueran embarcados hacia Centroamérica. Estaba atenta de la alimentación y los hospedajes.
Alias José hacía labores en la dependencia que supervisa la entrada y salida de habitantes de la isla, procurando que se cumplan las normas de Migración.
En el expediente se le acusa de facilitar “el ingreso de personas extranjeras, omitiendo su labor, para que siguieran irregularmente la ruta con destino a Nicaragua”.
De igual manera, la Fiscalía trata de esclarecer si la organización habría suplantado los sellos de Migración Colombia en los pasaportes de los extranjeros para legalizar su tránsito por el país. Esta sería una estrategia para despistar a los funcionarios y evitar su registro con el fin de no levantar sospechas de las rutas delincuenciales.
La familia de alias Natasha estaría involucrada en este negocio. Al parecer, su pareja sentimental, alias Gordo –un ciudadano nicaragüense–, conducía las lanchas entre San Andrés y su país. Él también está siendo judicializado y entre sus antecedentes se destaca el supuesto transporte de estupefacientes por el mar Caribe.
SEMANA se comunicó con la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para conocer su versión de los hechos, pero no fue posible recibir una respuesta oficial. Por ahora, serán las autoridades las que determinen responsabilidades.