Nada más desolador que ver a 170 mujeres y niños, víctimas de desplazamiento forzado en tres oportunidades y que se salvaron de una “violación colectiva” donde se supone era su espacio de protección, su hogar temporal en Bogotá: La Rioja.
Esas mujeres y niños estuvieron, según las denuncias, secuestrados y bajo la amenaza de la violación por cuenta de otro grupo indígena: los emberá katio. Huyeron de La Rioja y terminaron, con la intermediación del Ministerio del Interior, en el hogar Buen Samaritano, en pleno centro de Bogotá.
Según los mismos indígenas y la fundación Predicadores de la Misericordia, el Gobierno se comprometió a apoyar y sostener a este grupo de mujeres y niños indígenas que terminaron nuevamente desplazados, sin embargo, de esos compromisos apenas se conocieron dos aportes de 4 millones de pesos. Hace más de un año que prácticamente se olvidaron de los indígenas y de la promesa que les hicieron.
“Desde mi labor como sacerdote, desde mi labor como evangelizador, hoy me siento abandonado y ciertamente casi en la calle, porque no hemos podido garantizar todo lo que merecen los indígenas, porque no hemos tenido ningún apoyo de ninguna institución”, dijo el padre Michael Daniel Cuevas, cabeza de la fundación, mientras hace plegarias por la ayuda que requieren los indígenas.
Los propios indígenas contaron la SEMANA cómo fue su experiencia mientras salieron huyendo de La Rioja y terminaron en este hogar de paso, abandonados y viviendo de la caridad que logre obtener el padre y su fundación, porque de las ayudas del Gobierno no se volvió a conocer, ni siquiera respondieron los derechos de petición.
“Siempre nos han llenado de engaños y nos tiran como un perrito, nosotros no queremos eso, nosotros también somos humanos, necesitamos respeto… Nosotros no somos animales, ni culpables, llegamos por un desplazamiento del conflicto armado, necesitamos que nos ayuden, por favor”, dijo la líder de las mujeres.
Ahora los indígenas tienen que vivir hacinados en el segundo piso del hogar El Buen Samaritano que se comparte con habitantes de calle. Los niños y mujeres duermen en camarotes ubicados en fila que se tapan con cobijas como si se tratara de pequeños cambuches y en medio de cada camarote aparecen improvisadas cocinas con estufas a gasolina que se convierten en una bomba de tiempo.
“No podemos más, la fundación no puede más y sin la ayuda gubernamental no podemos seguir sosteniendo esta situación. Más de 170 personas, 54 familias indígenas que se encuentran en el hogar”, señaló el padre Michael.
La petición, el ruego que hacen los indígenas, el padre y la fundación, es que el gobierno responda por lo que prometió, que entiendan la gravedad de la situación porque las deudas ya desbordaron la capacidad de servicio social de la fundación. Se deben más de 300 millones de pesos en arriendo y 50 en servicios, lo que llevó a un proceso ejecutivo que está por embargar a la fundación.