Una niña de nueve años y otro de ocho corren cada uno con una “pistola” de plástico en las manos de colores vivos. Avanzan de manera estratégica, se esconden entre los arbustos, tratan de imitar las escenas de acción que ven en televisión. Atraviesan uno de los parques que tiene la localidad de San Cristóbal, en el Suroriente de Bogotá.
Desde lejos los observan investigadores de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, son expertos atención en de infancia y adolescencia. Llevan varios meses identificando la rutina de lo que parecería un juego inocente, pero en realidad tras medio año de seguimiento, lograron identificar que los menores cada vez que llegaban al otro lado del parque, entregaban a su juguete que iba cargado de sustancias alucinógenas.
Adultos que interactúan con los niños sacan papeletas de basuco y marihuana, dejan dentro de los juguetes uno que otro billete de dos mil o cinco mil pesos. Los niños al devolverse a la casa llevan el producido del día. Hombres armados que pertenecen a la banda que tiene el control del microtráfico, rodean el sector.
Entrar allí para las autoridades no es fácil. Los barrios San Isidro y Barcelona se caracterizan por tener en su entrada empinadas escaleras. Un lugar perfecto para que los delincuentes se camuflen, desde el pico del barrio ven, cuando las patrullas de Policía se acercan y los uniformados empiezan a ascender, lo que les da tiempo suficiente a los ilegales de esconder armas y sustancias sicoactivas.
Por eso los investigadores crearon una estrategia: uno de los policías tendría que entrar al barrio y ganarse la confianza de los expendedores de droga, una misión encubierta. Parecía un consumidor más, era la única manera de tener acceso a las ollas y dejar en evidencia cómo eran instrumentalizados los niños para delinquir.
No se equivocaron, cuando el supuesto consumidor llegó a uno de los expendios se encontró con una casa vieja y desbaratada, incluso le faltaban ladrillos, se podía ver el interior de la vivienda. No era casualidad, esa era la ventanilla de atención. Por el hueco se ve un niño de aproximadamente 13 años sentado en una silla, viste camiseta, pantaloneta y unas chanclas. Se pone de pie y atiende a su supuesto cliente, le recibe un billete de cinco mil pesos y saca de un canguro que tiene terciado sobre su torso, unas papeletas de alucinógenos.
Las autoridades identificaron que el niño atiende todos los días en la mañana y en la tarde. Él es el encargado de despachar la mercancía, luego lo relevan sus padres. Esa olla se caracterizaba por atender las 24 horas de los siete días de la semana, hasta que el ministro de Defensa Diego Molano ordenó la intervención para mitigar la delincuencia en Bogotá. Ese fue el momento en el que los investigadores culminaron su investigación y detectaron que este menor era primo de los otros dos niños que jugaban en el parque con las armas de juguete.
Gran parte de la familia de los niños se dedicaba al tema del microtráfico, pero ese es quizás el menor de sus delitos, lo más grave acá es la utilización de niños para delinquir. Este delito no tiene rebajas de penas, pueden pasar hasta 15 años detrás de las rejas y así admitan su responsabilidad, no tiene rebaja de pena. En total capturaron a ocho personas y los menores quedaron en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Los grupos delincuenciales saben que los niños menores de 14 años no son considerados por las autoridades como delincuentes sino como víctimas, incluso son inimputables, por eso sacan provecho y los envuelven en la carrera criminal. Muchos, luego de vender estupefacientes pasan a cometer hurtos, traficar armas y cuando superan los 15 años ya están capacitados para cometer homicidios.
Los investigadores han determinado que los menores de edad tienden a ser más crueles y violentos a la hora de cometer su crímenes, muchas veces por la adrenalina que genera, la falta de conciencia y el saber que las penas para ellos son lapsas. Por lo anterior, desde hace año y medio las autoridades crearon un grupo especial para combatir a estar organizaciones que se escudan en los menores. De hecho, hay un fiscal especializado para atender únicamente estos casos junto con un equipo selecto de uniformados de la Policía.
Los niños que vendían en la localidad de San Cristóbal creían que vender drogas estaba bien, estaban convencidos que así ayudaban a sus padres con los gastos del hogar y el bienestar de sus hermanitos, pero ahora están en un proceso de restablecimiento de derechos.
El coronel Jhon Alzate, quien está a la cabeza de la dirección de protección y servicios especiales de la Policía Nacional indicó que con esta operación que llamaron ‘La Virgen’ lograron recuperar el parque para que los niños de la zona realmente salgan a jugar.
Solo se espera que después de la intervención que ordenó el ministro, estas actividades se mantengan y no se vuelva a dar espacio para que los delincuentes maten la inocencia.