Confundidos. Así quedaron los colombianos el miércoles pasado, cuando se enteraron de que Hernando Buitrago, el guerrillero de las Farc que se había fugado hacía dos semanas del búnker de la Fiscalía, fue recibido con honores por el Presidente de la República en el Palacio de Nariño. El guerrillero, conocido como 'Julián', que había sido capturado por secuestro, decidió entregarse a las autoridades, bajo la promesa de ingresar al programa de desmovilizados. La acogida que tuvo el mando medio de las Farc luego de su acto de contrición fue, por decir lo menos, desproporcionada. El Presidente no sólo lo presentó con bombos y platillos ante congresistas y ministros sino que ordenó dos días en una suite cinco estrellas (Hotel Tequendama) para el prófugo y toda su familia. La situación, que a medida que avanzaba ya tomaba visos de sainete, empeoró cuando el Ministro del Interior y de Justicia dijo que iba a oficiar a la Fiscalía para que le cesaran el proceso que había contra él por secuestro. Con justa razón salieron de inmediato el fiscal Luis Camilo Osorio y el vicepresidente Francisco Santos a decir que a Buitrago se le seguirá investigando. Quizá Pretelt, nada menos que ministro de Justicia, no recordó que el pasado 18 de julio el guerrillero fue capturado con las manos en la masa, en Gigante, Huila, en un secuestro extorsivo por el que podría pasar en la cárcel más de 10 años. Y que además era investigado por la Fiscalía por su posible participación en la casa bomba puesta en Neiva y el secuestro del edificio Miraflores en esa ciudad. Delitos atroces todos ellos, que no son indultables. Esta increíble y triste historia deja un muy mal sabor sobre la actitud que existe en la cúspide del gobierno frente al Estado de derecho. Porque una cosa es que el programa de desmovilización sea una importante y exitosa estrategia para sacarle hombres y mujeres a la guerra y así disminuir la intensidad del conflicto. Estrategia válida, sin duda. Pero otra muy distinta es que un guerrillero que fue capturado por delitos atroces, y que luego comete el delito de fuga, decida -para eludir cárcel- acogerse al programa de desmovilización que ofrece el gobierno. Y que las más altas instancias del poder aplaudan esta burla a la justicia.El episodio envía además un preocupante mensaje: que el ejecutivo no tiene reparos en subordinar la justicia a su estrategia de seguridad. Con la posible intención de enviarles un mensaje a los combatientes de la guerrilla para que se desmovilicen, el episodio de 'Julián' está enviando otros mensajes, estos muy preocupantes, a la sociedad, a las autoridades y a la comunidad internacional. El acto de propaganda puede llegar incluso a conceder arbitrariamente impunidad por crímenes atroces. En lo simbólico, el episodio en el Palacio de Nariño demostró una frivolidad poco común en un presidente tan serio como Uribe. A un país que trata de recuperar la confianza y la seguridad en medio del fuego cruzado del conflicto, de los desplazados por la violencia, de los llantos de las viudas y huérfanos que se ven a diario en los medios no se le puede enviar el mensaje de que el perdón de la sociedad es gratis, sobre todo para crímenes graves. Más aún porque mientras 'Julián' y su familia descansan en la suite de un hotel de lujo, los 11 funcionarios de la Fiscalía que fueron destituidos por la cinematográfica fuga del guerrillero siguen en la cárcel de Chiquinquirá. El gobierno no puede ni debe sobredimensionar un instrumento, sin duda importante, como el de la desmovilización. Si lo que pretendía era repetir un hecho como la deserción del guerrillero 'Plotter', se equivocó de cabo a rabo. 'Plotter' se entregó por voluntad propia a las autoridades y se convirtió en un buen ejemplo para muchos guerrilleros que quieran hacer lo mismo. Pero 'Julián' fue capturado en un secuestro. Y esa no es una diferencia pequeña. Este episodio no corresponde al de una nación con instituciones serias, con separación de poderes, ni al de una "democracia plena pero amenazada", como el propio Presidente define al país.