Al presidente Iván Duque lo quieren asesinar a como dé lugar. Aparte del atentado en Cúcuta contra el helicóptero en el que viajaba el mandatario con algunos de sus ministros el pasado 25 de junio, SEMANA conoció, en exclusiva, que también estaba listo un detallado plan criminal para matarlo derribando el avión presidencial cerca de Bogotá.
Esta versión aparece consignada en informes reservados y fue corroborada por algunos de los capturados tras el atentado contra la Trigésima Brigada del Ejército en la capital de Norte de Santander y el ataque al primer mandatario. Los detalles son escalofriantes, y las autoridades ya tienen suficiente evidencia.
El nuevo plan contra el presidente se ejecutaría durante una de las aproximaciones de la aeronave al aeropuerto de Catam, ubicado en el occidente de la capital del país, justo cuando estuviera sobrevolando a baja altura sobre la población de Funza, Cundinamarca. Desde tierra, francotiradores tenían la orden de dispararles a las turbinas del Fokker F-28, un avión al servicio del presidente de la república. Los atacantes se ubicarían en las veredas El Hato y Las Palmas, a una corta distancia de la pista de Catam (ver mapa).
Uno de los detalles más alarmantes, de acuerdo con los documentos en poder de SEMANA, es que un miembro del esquema de seguridad del presidente Duque sería el encargado de filtrar el dato exacto del aterrizaje del avión a la base militar. “Fuga de información, posible integrante del esquema de seguridad”, se lee en uno de los archivos. Un hombre identificado como alias Richard sería el encargado de dirigir a los francotiradores que atacarían la aeronave.
Para ejecutar el atentado, los implicados compraron una vivienda y dos camionetas desde hace un mes. Asimismo, en los últimos 15 días, diez personas procedentes del Catatumbo, de las llamadas fuerzas especiales de las disidencias de las Farc, llegaron a Bogotá para cometer ese magnicidio.
El atentado contra Duque, según el informe reservado, se iba a concretar con fusiles tipo Barrett, calibre 50 mm, y explosivos tipo “rampa o llovizna”. El plan criminal fue denominado por las disidencias de las Farc y los narcos como “Objetivo Colombia 6”. Con el fin de garantizar que el presidente viajara a Cúcuta de forma urgente, además del atentado contra la Trigésima Brigada, el grupo criminal también pretendía atacar el comando de la Policía en Norte de Santander con un carro bomba y explosivos lanzados desde rampas fijas, ubicadas a 200 metros. Además, planeaban atentar contra la Sijín de la Policía, en el sector Corral de Piedra, en Cúcuta, con explosivos llevados desde Tibú a esa ciudad. El material, al parecer, fue almacenado en una vivienda del barrio Cerro Pico, donde funciona una chatarrería. También pretendían activar carros bomba en la sede de la Fiscalía y el Palacio de Justicia, en Cúcuta. Para ello pensaban usar un bus o un vehículo de alta gama, con placas venezolanas.
De todo lo maquinado, alcanzaron a ejecutar el atentado contra la Trigésima Brigada. Aunque 44 personas resultaron heridas, la dimensión de la tragedia no fue mayor, porque solo se activaron 290 metros de cordón detonante por una falla técnica. Es decir, quedaron inactivos 1.710 metros más que hubieran podido volar por completo esta sede militar.
¿Quiénes son?
La Fiscalía tiene claro quiénes quieren asesinar al presidente Duque. Se trata de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco y Gentil Duarte, dedicadas al narcotráfico. La misión le fue asignada a alias John Mechas, cabecilla de las también llamadas Gaor 33 (grupo armado organizado residual). Los tres comandantes se esconden en Venezuela desde donde impartieron las órdenes.
El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que los planes contra el presidente se fraguaron en el país vecino. Al cierre de esta edición, diez personas habían sido capturadas en Cúcuta, la Ye de Astilleros, en el Zulia, y en los corregimientos de La Gabarra y Campo Dos, en Tibú, durante el desarrollo de nueve allanamientos. Les incautaron 23 celulares, cinco vehículos, 185.620.000 pesos, tres USB, dos discos duros, una tableta, una minigrabadora, cinco computadores, una moto, un revólver calibre 38 con 24 cartuchos y una pistola Jericó.
Hasta ahora, en los dispositivos incautados se encontraron estrategias para conseguir recursos y planear la logística; planos de los lugares donde iban a atacar; hablan del “Objetivo Colombia 6”, refiriéndose al presidente; solicitan “autorización” para ejecutar el hecho; muestran el plano general del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta; anexan un informe detallado de los equipos de comunicaciones que se requieren.
“Necesito comprar dos radios VHF frecuencia aérea y marítima de 7.5 wtt. Valor aproximado 12 millones de pesos cada uno”, dice uno de los mensajes encontrados por las autoridades. También aparece una solicitud de alias Darwin: “Necesito que me autorice la llevada de dos fusiles para la misión Colombia 6”. De hecho, horas después del atentado contra el helicóptero presidencial, fueron hallados dos fusiles cerca al aeropuerto Camilo Daza.
Los capturados son señalados de planear el atentado contra la Trigésima Brigada del Ejército y el ataque con fusiles al helicóptero en el que viajaba el presidente con sus ministros y el gobernador de Norte de Santander. Aún quedan pendientes otras órdenes de detención. Al presidente Duque le quieren cobrar los duros golpes que le ha propinado a esta estructura del narcotráfico con la incautación de más de 15 toneladas de cocaína, sin contar demás operaciones contra los narcos en todo el país.
Entre los capturados se encuentra el capitán retirado del Ejército Andrés Fernando Medina, alias el Capi, quien, según la información de las autoridades, tiene nexos con carteles mexicanos y es el hombre de confianza de Ciro Alfonso Gutiérrez, alias Ciro, integrante de las disidencias de las Farc y también capturado por el atentado contra la Trigésima Brigada. Medina, antiguo piloto del Ejército, fue retirado en 2016 de forma discrecional. Coordinaba actividades de inteligencia para el Gaor 33 y daba instrucciones sobre equipos de comunicaciones y comandos de operaciones a los integrantes de esa disidencia de las Farc.
Entre las pruebas más contundentes de la supuesta participación de este hombre en estos hechos criminales, se destacan dos videos. Uno, conocido por la opinión pública esta semana, en el que se escucha la narración de Medina, con lujo de detalles, sobre cómo sería el atentado contra la Trigésima Brigada del Ejército en Cúcuta con un carro bomba. Hay otra grabación desconocida que podría poner en peores circunstancias a este exoficial, que ahora busca un preacuerdo con la Fiscalía. Se trata de otro video grabado por él, en el cual se comprobaría un seguimiento minucioso a un grupo de militares estadounidenses que permanecían en la Brigada, en Cúcuta, donde estalló el carro bomba. De comprobarse esta situación, alias el Capi podría verse envuelto en un proceso de extradición.
Las autoridades establecieron el papel desempeñado por cada uno de los diez capturados. Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, alias Ciro, coordinó con alias el Capi la consecución y movilización del vehículo con el que se cometió el atentado terrorista contra la Brigada. Es un articulador logístico dedicado a conseguir elementos de comunicación, armamento y uniformes, según las autoridades.
En tareas similares estaría involucrado Jhon Freddy Lizarazo, alias Pancho, quien, al parecer, transportaba elementos logísticos para los disidentes de las Farc, al igual que Joaquín Medina Duarte, alias Joaquín, quien, presuntamente, manejaba el dinero y se encargó de movilizar el vehículo usado en el atentado contra la Brigada, de acuerdo con los investigadores. Este hombre es el papá del capitán retirado Andrés Fernando Medina. Por su parte, Édison Durán Ascanio, alias Dimar Martínez, es señalado por las autoridades de acondicionar el vehículo con los explosivos en el atentado contra la Brigada.
Además, sería el responsable de disparar contra el helicóptero presidencial en Cúcuta junto con otra persona, buscada por la fuerza pública. Yeison Herminio Bernal Rincón, de 25 años, sería el encargado de las tareas de inteligencia delictiva y de transportar a los integrantes de las disidencias de las Farc de la zona rural de Tibú a Cúcuta. Al parecer, ayudó en la fuga de los responsables de dispararle al helicóptero presidencial. Otro de los capturados fue Vladimir Acosta Pérez, alias Jimmy, de 21 años, quien sería un correo humano y colaborador logístico. Las autoridades lo consideran hombre de confianza de los principales cabecillas del Gaor 33. Fredy Esteban Maldonado Torrado, alias Miguel, es señalado de tener funciones similares.
Yefferson Román Gamboa Durán, alias Román, es considerado un reclutador de las disidencias de las Farc y señalado de transportar, presuntamente, a los integrantes de esta organización terrorista a Cúcuta. Por último, aparece una mujer, Geraldine Fiayo Torrado, alias Geraldine, de 20 años, quien, al parecer, estaría tratando de ingresar a la Policía Nacional. Dicha incorporación había sido aplazada por exámenes médicos. Otros tres integrantes de las disidencias, conocidos con los alias de Aurelio, Sebastián y Darwin, son buscados por las autoridades.
Todos los capturados recibían órdenes de alias Jhon Mechas, comandante de las disidencias, quien se alió con el Frente de Guerra Nororiental del ELN para retomar las zonas donde delinquía el frente 33 de las Farc en el Catatumbo y la frontera con Venezuela. Mechas tiene a su servicio a por lo menos 250 hombres armados en Tibú, Teorama, El Tarra, Convención, Sardinata, Hacarí y San Calixto, en Norte de Santander. Controlan gran parte del negocio de la coca en el Catatumbo y tendrían una pista clandestina para el uso de aeronaves que cargan droga rumbo a Centroamérica y Norteamérica. Mechas tiene una circular azul de Interpol por concierto para delinquir agravado, terrorismo, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, y daño en bien ajeno.
El atentado contra Duque en Catam no alcanzó a ser ejecutado. Sin embargo, el de Cúcuta estuvo a punto de terminar en una tragedia y de sumir al país en una crisis sin precedentes si se hubiera consumado el magnicidio. Por fortuna, fallaron quienes dispararon, y una de las balas quedó a solo cuatro centímetros del rotor del helicóptero Black Hawk. Todo estaba tan milimétricamente preparado que, incluso, los delincuentes habían sido alertados y sabían exactamente en qué puesto iba sentado el primer mandatario. Sobre ese punto preciso efectuaron más disparos.
El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, y el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, lideraron las pesquisas en las últimas semanas. “Esta es una de las investigaciones más rigurosas de la historia reciente. Con elementos probatorios y evidencia contundente no solo capturamos a los autores de los dos atentados, incluido el que se cometió contra el señor presidente, sino que confirmamos una vez más cómo desde Venezuela se planifican y financian muchas de las acciones terroristas cometidas en territorio colombiano”, dijo el general Vargas.
En la investigación trabajaron tres fiscales especializados, quienes participaron en 80 audiencias para legalizar el material probatorio. “La Fiscalía no permite que se ataque la institucionalidad y persigue con resultados el crimen en Colombia. No hay escondite al que no podamos llegar ni hecho que no podamos resolver”, aseguró el fiscal Barbosa.
Duque en la mira
Al poco tiempo de haberse posesionado como presidente, ya había información sobre una persona cargada con explosivos que abordaría a Iván Duque, cuerpo a cuerpo, en uno de sus viajes. En ese mismo año, entre el 21 y el 26 de diciembre, tres venezolanos fueron capturados en Valledupar y Barranquilla con fusiles y una subametralladora. La inteligencia estableció que atentarían contra el mandatario en un acto público. Luego, en 2019, la situación se puso aún más tensa. El entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, alertó al presidente sobre un plan criminal en su contra de los disidentes de la columna móvil Dagoberto Ramos en Caldono, Cauca, durante una minga indígena. Se ejecutaría con francotiradores.
A finales de ese año, Duque fue blanco de amenazas por medio de la página del Consejo Superior de la Judicatura, que fue hackeada. También sucedió con el perfil en Twitter del aeropuerto El Dorado, en el que un mensaje publicado advertía que le prohibirían al presidente ingresar al terminal aéreo. El 2020 fue complejo para la seguridad del mandatario. El 13 de septiembre de ese año, los organismos de inteligencia detectaron un plan criminal con francotiradores contra el primer mandatario, quien estaba invitado a un evento público en la plaza de Bolívar llamado ‘Perdón y reconciliación con las familias de las víctimas’.
El acto fue convocado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Duque no asistió y se desató una tormenta política, pues el equipo de la mandataria, pese a que sabía que el presidente no asistiría, ubicó una silla vacía con su nombre. Igualmente, informantes indicaron que grupos armados ubicados en Venezuela querían atentar contra Duque durante ese año. Otro plan detectado implicaba a dos ciudadanos extranjeros de Israel y Rusia. Ese 2020 se cerró con una información muy delicada: querían envenenar al presidente.
El 2021 ha sido sin duda el más crítico en materia de amenazas para Duque. Antes de caer en una emboscada en Venezuela a manos de un comando enemigo, Jesús Santrich, exjefe de las Farc, amenazó de muerte al presidente. Luego, ocurrió el atentado contra el helicóptero en Cúcuta, y los planes que revela SEMANA para atacar el avión presidencial en Catam.
Desde 2018, los grupos terroristas de Iván Márquez e Iván Mordisco han querido asesinar a Duque. Todo esto ha obligado a reforzar la seguridad del mandatario de tal manera que se mantiene un riguroso control en su propio esquema de protección para evitar fugas de información e infiltraciones.
El presidente Duque ya fue notificado por las disidencias de las Farc. Los disparos que impactaron el helicóptero pudieron haber terminado con su vida. En cualquier democracia, más allá de las diferencias, la vida del presidente es un asunto de seguridad nacional. A Duque no le puede ocurrir nada no solo por su bien y el de su familia, sino por el de Colombia.