Para la Fiscalía General, existe evidencia suficiente para inferir que un grupo de agentes de la Policía hicieron todo lo posible para que la línea telefónica de Marbelys Meza, quien laboraba como niñera de la entonces jefa del Gabinete de Gustavo Petro, fuera interceptada. Para esto, incluso llegaron a falsificar documentos que indujeron al error a la fiscal que llevaba la investigación contra Meza por el robo de un maletín lleno con dinero y documentos personales que estaban en el apartamento de la funcionaria.
“A través de engaño consiguieron que la fiscal 101 del Grupo de Investigación de Hurtos de la Seccional Bogotá ordenara la interceptación de los abonados celulares (...) pertenecientes a Marelbys del Carmen Meza Huertas, quien trababa en la casa de la señora Laura Sarabia como niñera del hijo de aquella, y a Johson Pineda Sarmiento, persona cerca de la señora Meza Huertas”, precisó la fiscal durante la imputación de cargos.
Las pruebas recolectadas indican que desde que se recibió la denuncia por parte del esposo de Laura Sarabia, a finales de enero, por el presunto robo de una maleta con cuatro mil dólares en efectivo y documentos privados que estaban en el apartamento de la funcionaria en el norte de Bogotá, se empezaron a realizar varios actos abiertamente ilegales para vincular a la niñera quien era “la principal sospechosa”.
“El informe del 30 de enero lo entregaron unas personas a Alfonso y Dana, incluso al primero le fue remitido el informe a su correo electrónico por parte de Garmán Alonso Cabana, pero este informe fue modificado por ustedes dos tanto en su fecha y hora, como en su contenido, incluyendo una actividad que no se hizo en actos urgentes”, señaló la fiscal durante la audiencia.
Las acciones no terminaron ahí. y los agentes también quisieron interceptar la línea telefónica de Fabiola Perea, una joven quien laboraba por días en la casa de la familia de Laura Sarabia realizando servicios varios.
Durante las dos horas que duró la imputación, la fiscal del caso fue reiterativa en señalar que existió una distribución de funciones dirigida a alterar informes y ejercer presiones para que las líneas telefónicas fueran vinculadas a una investigación que se adelantaba contra alias Siopas, uno de los máximos comandantes de la banda criminal del Clan del Golfo.
Para llegar a esto, se alteraron varios informes de policía judicial para que una fiscal los presentara ante un juez de control de garantías con el fin de conseguir la interceptación de los abonados celulares. Igualmente, sus dos mejores amigos fueron interceptados para obtener información sobre el presunto robo.
Esta no fue la única revelación durante la audiencia. El abogado Luz Elia robles Arrieta, la mejor amiga de Marelbys Meza, le pidió a la juez que se declare víctima porque, según denuncia, también fue interceptada de manera ilegal, le pusieron un alias y la hicieron pasar como miembro del Clan del Golfo para poderla interceptar.
La línea de Marelbys fue presentada como la de La Cocinera, a quien señalaban de ser la encargada de prepararle los alimentos a Siopas. Mientras que la de Fabiola Perea fue anexada como La Madrina, una persona de confianza del peligroso criminal.
Por considerar que esta violación de su intimidad y ser vinculadas con un grupo armado ilegal, tanto Marelbys Meza como Fabiola Perea pidieron, por medio de sus abogados, ser declaradas como víctimas dentro de este proceso. En la solicitud, se recordó que en medio de la polémica prueba del polígrafo a la que fue sometida en enero en un salón ubicado en inmediaciones a la Casa de Nariño
Por estos hechos, la Fiscalía General le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones al capitán Carlos Andrés Correa Loiza; el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua, los patrulleros John Fredy Morales Cárdenas y Dana Alejandra Canizales Bonilla y el civil Fredy Alexander Gómez.
Tras la pregunta de la jueza tercera de control de garantías de Bogotá todos se declararon inocentes. La Fiscalía General solicitará el próximo lunes 4 de septiembre que se les imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad.