En el 2012 el alcalde Bartolo Valencia encendió las alertas ante el Gobierno Nacional. No era para menos, unos 48.000 alumnos no tenían cupo para estudiar en Buenaventura. Algo que sin duda desataba una crisis en el puerto del Pacífico, que es azotado por la pobreza y la violencia.Ante el clamor del mandatario y de la comunidad al Ministerio de Educación Nacional, no le quedó más que aprobar a través del sistema general de participaciones, unos 21 mil cupos nuevos. Hasta ahí todo era perfecto, la ciudad contrató 97 operadores bajo la modalidad de contratación directa para que prestaran el servicio de educación y parecía que los niños no se quedarían sin clase. Pero una denuncia encendió la alerta  en la Fiscalía. Se hicieron las primeras revisiones a seis contratos y se halló que en ellos se decía que cada uno de los 3845 menores favorecidos en esos seis casos le costaba un millón de pesos al municipio.Curiosamente, los seis operadores hicieron subcontrataciones con 33 operadores para prestar ese mismo servicio por la mitad del costo que ya había pagado el municipio. Es decir, mientras el municipio pagó el servicio a un millón de pesos por cabeza, estos contratistas pagaron sólo 500.000 pesos.La suma de los contratos superó los 3.070 millones de pesos y, según la Fiscalía, las personas que fueron elegidas subcontrataron con otras instituciones a las cuales les otorgaron sólo el 60 % del total del valor del contrato, y se quedaron con el 40 %.Por estos hechos fueron vinculados a la investigación: la Fundacion Perla ONG, Fundación Etnoeducativa del Pacífico, Fundación Cooperativa del Pacifico, Corporación Mujeres del Pacifico Defendiendo la Pobreza, Corporación Héroes del Saber y Corporación Gimnasio Cooperativo del Pacífico.Algunos de los contratistas, detalla el informe de la Fiscalía, son empresas creadas pocos días antes de la firma de las convenciones para prestar este servicio educativo y no poseen al menos los tres años de experiencia que la ley exige. Así mismo, aparecieron niños clonados y niños fantasmas. Los mismos menores fueron hallados en varias listas y en varios colegios. Además, los contratos se suscribían a ocho meses, cuando la ley decía que se debían hacer por lo menos a diez meses.Con toda esta información un piquete de funcionarios de la Fiscalía comenzó una operación no menor. Debían cumplir la orden de un juez de capturar al alcalde de Buenaventura Bartolo Valencia.Además del mandatario, los funcionarios de la Fiscalía Valencia, capturaron al Secretario de Salud, Yasser Valencia Saa, así como al asesor jurídico de la Secretaría de Educación, Ancízar de Jesús Yepes, y a Carlos Enrique Riascos, exsecretario de Educación.La investigación de un enquistado grupo de corrupción también alcanzó a los contratistas Alberto Riascos Arboleda, Rocío Valencia González, Pedro Marino Barahona Diana Mayerling Riascos, Martina Arboleda Urrutia  y Vanessa Orozco Castillo, quienes habrían participado en dichos contratos.