Aunque la atención del público frente a la investigación al director Nacional de la Policía, general Rodolfo Palomino, se centró en la supuesta red de prostitución masculina que funciona en esa entidad con su presunta aprobación, lo cierto es que el debate ha dejado de lado que el oficial también está en la mira por el supuesto incremento injustificado de su patrimonio.Por eso, la Procuraduría le solicitó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de esa entidad que rinda un concepto sobre las finanzas y bienes del oficial entre el 2004 y el 2015. El informe deberá ser incluido en el expediente que se tiene abierto en contra del uniformado en un máximo de 20 días.El tema de los bienes quedó documentado, en una columna de Daniel Coronell donde reveló la manera como el alto oficial, con un salario con prestaciones de 15’238.297 pesos, adquirió propiedades en Fusagasugá y Sopó (Cundinamarca). También han salido a flote otros negocios del alto oficial asociados a tractomulas. La información luego fue ampliada por La FM.Para el capitán (r) John Fabio Marín, la adquisición de esos bienes podría demostrar que Palomino incrementó injustificadamente su patrimonio. Por eso incluyó ese aspecto en la queja disciplinaria que interpuso contra el oficial. Para determinar si el director de la Policía obtuvo o no réditos económicos no justificados, un equipo designado por el procurador Alejandro Ordóñez consultará documentos y bases de datos y hará entrevistas.La ‘Comunidad del anillo’El escándalo sexual en el que se ha visto involucrado el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, terminó por arrastrar a otros altos funcionarios del Estado, como el viceministro del Interior, Carlos Ferro.Justamente, el nombre del segundo a bordo del ministro Juan Fernando Cristo afloró este martes en esta historia porque el alférez de la Policía Ányelo Palacios filtró un video en el que él aparece conversando con Ferro y revela la intención de sostener relaciones homosexuales entre los dos.Si bien esta conversación grabada por Palacios hace parte de la órbita íntima de ambas personas, esta supuesta prueba –unida a otros elementos– ha sido considerada por la Procuraduría suficiente para armar el expediente acerca de la ‘Comunidad del anillo’ (una red interna de prostitución masculina en la Policía) y la participación de congresistas en ella.Esa documentación fue trasladada a la Fiscalía (aunque el ente investigador ya tenía una investigación abierta sobre los mismos temas) porque el propio procurador, en su declaración del martes, dijo que los hechos prescribieron en el campo disciplinario, donde un funcionario puede ser vigilado por sus actos hasta cinco años después de dejar el cargo.Aun así, Ordóñez dijo que si aparecían nuevos elementos, su entidad abriría otro proceso. El ente acusador, por su parte, determinará si hay una dimensión penal en estos hechos.Palacios, que hoy ostenta el cargo de capitán, fue quien grabó ese encuentro, que se produjo en enero del 2008, cuando el hoy viceministro era senador del Partido de La U. En ese momento, el entonces alférez ya habría hecho parte de la ‘comunidad’. Al parecer, el uniformado fue víctima de abuso por parte del coronel Jaír Castellanos.Este oficial retirado –que se desempeñó como jefe de seguridad del Congreso– supuestamente era el encargado de reclutar a los alféreces más atractivos, que luego eran ofrecidos para sostener encuentros sexuales con congresistas, según relató Palacios a la Procuraduría.“No sólo relató que oficiales de la Policía Nacional estarían involucrados en una red de prostitución masculina en esta institución, sino que ese modus operandi también se pudo haber presentado en el Congreso de la República, a través de oficiales de la Policía como el entonces coronel Jerson Yaír Castellanos, quien posiblemente era el enlace de dicha corporación”, recalca el documento de la FiscalíaAl parecer –sigue el documento–, Castellanos estaba dispuesto a hacerles estos ‘favores’ a los congresistas con el firme anhelo de obtener de ellos su apoyo político y obtener su ascenso al generalato.El capitán Palacios dice que esta red de prostitución masculina funcionó por lo menos entre el 2004 y el 2008. Al ser interrogado sobre el porqué de la tardanza para denunciar los hechos, asegura que fue presa del miedo.“Cuando intentó denunciar los hechos de prostitución en la institución se sintió perseguido por el general Palomino, pues algunos compañeros le decían que él era el ‘recomendado’ del general Palomino para que lo echaran de la institución policial”, dice el auto de apertura de investigación.Por estos hechos, la Procuraduría abrió investigación formal contra el general Rodolfo Palomino, a quien también investigará por los seguimientos ilegales a los periodistas que lideraron las pesquisas relacionadas con esta red de prostitución: Vicky Dávila, directora de La FM, y Claudia Morales, subdirectora de La Luciérnaga de Caracol Radio.Sin embargo, en el ambiente quedó servido un debate: ¿Era necesario publicar un video en el que, a simple vista, no hay mayores pruebas acerca de la denominada ‘Comunidad del anillo’ y en el que dos hombres mayores de edad hablan sobre asuntos íntimos? Muchos consideran que aquí el daño colateral, es decir, el hecho a Ferro y a su familia, fue más grande que el presunto valor testimonial de la grabación.Investigación contra Ferro, engavetadaDesde el 2009 la Fiscalía tiene una denuncia en contra del hoy ex viceministro del Interior Carlos Ferro por su presunta participación en la muerte de Segundo Eduardo Díaz Pinzón, quien era su aliado político.Se trata de una prestante figura de Fusagasugá y principal promotor de la candidatura al Senado de Ferro. El hecho se registró en abril de ese año, cuando Díaz desapareció misteriosamente y su cadáver fue hallado a los pocos días con señales de tortura.Según un artículo de Édgar Artunduaga para el portal KienyKe, existe un video que muestra el momento en que el político ingresaba con su escolta de la Policía John Harold Arias Berján a su apartamento. Tiempo después, el uniformado aparece bajando hasta el sótano con un “bulto” que cargó hasta un vehículo que lo esperaba. Días después apareció el cadáver en la vía a Sibaté (Cundinamarca).KienyKe narra que John Harold Arias Berján había sido previamente parte del esquema de seguridad del exsenador Carlos Ferro y que, al parecer, Ferro había cedido el escolta a Segundo Díaz y, tras su muerte, habría movido influencias para que no se abriera una investigación por homicidio en su contra.Semana.com pudo establecer que la investigación por este homicidio se inició en el 2009 en la Fiscalía de Fusagasugá, pero fue trasladada hace 10 días al despacho de un fiscal de la Unidad de Bandas Criminales en Bogotá.Según fuentes del ente acusador, no existe una investigación formal contra el ex viceministro del Interior. “El caso llegó hace unos días y sólo tenemos menciones en contra de Carlos Ferro, por lo que no ha sido vinculado a una investigación”, le dijo esa fuente a Semana.com.Este portal pudo establecer que esta semana se desarrollará un comité en el que se definirá si el caso permanece en la Unidad de Bacrim o es trasladado a un fiscal delegado ante la Corte Suprema, debido a que para la época de los hechos Carlos Ferro era congresista y lo cobija un fuero especial.Ferro ha sido un miembro reconocido del Partido de la U. El presidente de la colectividad, senador Roy Barreras, salió en su defensa. El propio presidente Juan Manuel Santos lo describió hace algún tiempo como una “fiera que defendió proyectos importantes en temas de educación, TIC, cultura y turismo, cuando fue congresista”. El martes debió dejar su puesto.