La modificación en las condiciones de acceso al programa de vivienda de interés social ‘Mi Casa Ya’ realizada por el gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado preocupación. La Contraloría General de la República advirtió que estas modificaciones afectaron la entrega de subsidios en 2023 y no son coherentes con las características socioeconómicas de la población vulnerable que busca beneficiar, ya que muchos no tienen la capacidad de pago para acceder al sistema financiero.
Para el órgano de control, el cambio que introdujo el Decreto 490 de 2023 “está bien intencionado, puesto que propende por priorizar a la población más vulnerable teniendo en cuenta la categorización del Sisbén IV; sin embargo, dadas las condiciones para acceder al subsidio (tener aprobado un crédito y que el avance de la obra esté en más del 70 %), existen barreras que dificultan el acceso a la población de más bajos recursos”.
Las modificaciones propuestas priorizan a los municipios de categoría 5 y 6, así como a las zonas rurales y a las categorías más bajas del Sisbén; sin embargo, para la Contraloría, se requiere que, independientemente de la categoría del Sisbén, las familias demuestren capacidad financiera para acceder a un crédito y cuenten con recursos para pagar el valor de la vivienda que no se financiará. Esto significa que incluso las familias con mayores oportunidades de ser beneficiarias pueden no lograr obtener el subsidio debido a sus bajos ingresos.
Esto ha llevado, según el órgano de control, a una restricción en el número de asignaciones en el programa, lo que no contribuye a reducir el déficit habitacional ni a proporcionar una solución efectiva de vivienda a la población más necesitada. Además, la disminución de la demanda de viviendas VIS y VIP podría obstaculizar el acceso a una vivienda digna y afectar el sector de la construcción, el crecimiento económico y la generación de empleo.
En respuesta a estas preocupaciones, el Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda emitieron la Resolución 0101 de 2024, que establece los modelos de operación de asignación y preasignación al programa ‘Mi Casa Ya’. Sin embargo, esta resolución solo aplica para Viviendas de Interés Prioritario (VIP), dejando fuera a las familias que buscan tener vivienda propia en el segmento VIS.
La Contraloría destacó que las modificaciones al Decreto 1077 de 2015 afectaron la entrega de subsidios de ‘Mi Casa Ya’ en 2023, mostrando una reducción del 22,4 % respecto al año anterior. En lo que va del año 2024, se ha asignado un 5,8 % de los 50.000 subsidios que el Gobierno Nacional planea entregar, lo que representa una disminución significativa en comparación con años anteriores.
Para mejorar la situación, la Contraloría recomienda reducir las tasas de los créditos, rediseñar los programas de asignación de subsidios para hacer más ágil el proceso y apalancar la construcción de vivienda. Además, instó a alcanzar niveles plenos de ejecución del Presupuesto de la Nación para impulsar el sector de la construcción y contribuir al crecimiento económico del país.
“Una recomendación de la Contraloría es que, teniendo en cuenta la relevancia del sector de la construcción, es importante revertir la tendencia negativa que tuvo el sector en 2023 y los años previos a la pandemia y, con este objetivo es preciso reducir las tasas de los créditos, en lo cual el Banco de la República tiene una elevada injerencia, rediseñar programas de asignación de subsidios para hacer más ágil el proceso y apalancar la construcción de vivienda. Adicional a esto, deben alcanzarse niveles plenos de ejecución del Presupuesto de la Nación”, indicó la entidad de control fiscal.