Un artículo incluido en la ley anticorrupción buscaría justamente que no se denuncie la corrupción, lo que podría ser una amenaza para la libertad de prensa.
Tanto la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) como la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) coinciden en la preocupación alrededor de una medida incluida en el proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República, el cual ya está listo para iniciar su segundo debate, y tiene como objetivo establecer reglas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.
De acuerdo con Asomedios y AMI, un nuevo artículo incluido en la ponencia que se debatirá y votará en esta ocasión afectaría la libertar de prensa en el sentido de que “hay una amenaza para cualquiera que deba denunciar posibles irregularidades en el ejercicio de las funciones o para el ejercicio divulgación de los medios de información”.
Todo porque se incluye un aparte relacionado con la injuria y calumnia que, a juicio de Asomedios y AMI, no tendría sentido que se incluya en el proyecto de ley.
“Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”, según el cual “el que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.
Agregan que la medida propuesta contempla que, “cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la ley 906 de 2004″, dicen los gremios de la comunicación.
Tanto Asomedios como AMI señalan que: “no entendemos qué relación tiene una disposición así con el objeto de la ley”.
Dentro de las explicaciones de los gremios, “la tipificación de los delitos de injuria y calumnia y la responsabilidad penal y civil extracontractual derivada de la comisión de los mismos aplica para todos quienes cometan esos actos en Colombia, sean o no funcionarios o ex funcionarios públicos o sus familiares, por lo que no se entiende tampoco la creación de un régimen especial o privilegiado en caso que los sujetos pasivos de tales delitos fueran estas personas”.
Una amenaza
A juicio de los gremios, “esta regulación especial y privilegiada, sí representa una amenaza para cualquiera que deba denunciar posibles irregularidades en el ejercicio de tales funciones o para el ejercicio de las mismas, como lo hacen, por ejemplo, los medios de información”.
Lo más preocupante para ellos es que “semejante fuero se extienda más allá de los periodos de servicio público con el mismo objeto, solo parece querer garantizar que jamás se denuncien actos o hechos que debieran ser denunciados, por temor a las consecuencias y costos de procesos judiciales en contra de medios y periodistas, es decir una modalidad legal de acoso judicial tendiente a la censura desde el poder público en cabeza de quienes lo ejerzan y sus familias”.
Un ordenamiento jurídico contrario
Tanto a Asomedios como a AMI les llama la atención que se incluya además una disposición así, cuando en el mismo Congreso y por iniciativa del mismo partido (Cambio Radical), y con los mismos argumentos, se promueve otro proyecto de ley que modificaría el Código General del Proceso, con el fin de erradicar el acoso judicial o litigioso para cercenar los derechos a la libertad de expresión, información y asociación”.
¿Qué piden?
La petición de los gremios de las comunicaciones es que sea eliminada esta propuesta, la cual “es altamente inconveniente para el ordenamiento jurídico, en especial para la garantía del ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos”.