Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas (Asomineros), anunció –durante el Congreso Nacional de Minería 2024, que se lleva a cabo en el Hotel Hilton de Cartagena– que su asociación demandará a la ministra Susana Muhamad.
Según González, “sentimos que ella, que ha sido tan vehemente defendiendo este acuerdo, no lo está cumpliendo y no lo está cumpliendo porque ella sigue reuniéndose a puerta cerrada con dos o tres activistas, sigue haciendo su activismo pasando por encima de la identidad de la cultura, de las vocaciones y de los saberes de los pueblos que llevamos siglos ahí haciendo minería”.
En el mismo evento, González celebró el reciente aval de la Corte Constitucional a la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, que protege a los líderes ambientales, garantiza el acceso a la información y consultas previas para proyectos con impacto ambiental.
“Colombia debe entender que Escazú no es para que solo las ONG que se autodenominan ambientalistas (...), sino también para que nos respeten los derechos que tenemos las comunidades ancestrales que venimos de tercera generación, que hemos cumplido por encima de cualquier cosa la ley, que hemos trabajado con la institucionalidad y que vemos que en este momento en Colombia no tenemos garantías”, dijo la presidenta de Asomineros durante su intervención.
González cerró su intervención reafirmando el compromiso de Asomineros con las comunidades de Vetas, y recalcó que no va a permitir que siga el incumplimiento del Gobierno nacional.
ACM sobre el futuro de la minería en el país
La minería global se encuentra en una encrucijada con crecientes demandas por minerales estratégicos para la transición energética y el desarrollo de tecnologías más limpias, como baterías para vehículos eléctricos y celdas para paneles solares. Sin embargo, este sector también enfrenta tensiones ambientales, sociales y geoestratégicas, lo que ha llevado a un mayor escrutinio global y la necesidad de una mayor responsabilidad. En respuesta, la industria ha elevado sus estándares hacia una actividad más sostenible, segura y transparente.
Colombia, un actor clave en el mercado global de minerales, no es ajena a estos desafíos. El país ha integrado paulatinamente estándares internacionales en sus operaciones mineras, transfiriendo conocimientos y tecnología a pequeños mineros y contribuyendo significativamente al desarrollo nacional y regional. No obstante, el sector enfrenta un endurecimiento regulatorio que ha desincentivado nuevas inversiones. Según el Dane, el crecimiento del sector minero cayó un 8,1 % en el segundo trimestre de 2024.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), subrayó que actualmente se está tramitando un proyecto de ley para un nuevo código minero y se ha propuesto la creación de una nueva empresa minera estatal. Además, se han expedido varios decretos en los últimos dos años, incluido el Decreto 044 de 2024, que permite al Ministerio de Ambiente declarar y delimitar temporalmente áreas de reservas naturales, generando “una enorme incertidumbre e inseguridad” en el sector.
A pesar de estos desafíos, Nariño destacó la significativa contribución de la minería a la economía colombiana. En 2022, la industria aportó 20 billones de pesos en impuestos de renta y regalías, la mayor contribución en la historia reciente del país. Además, la minería ha impulsado la reindustrialización y el encadenamiento productivo en regiones apartadas. En 2022, la minería compró bienes y servicios por un valor de 14 billones de pesos a Panamá, de los cuales 5 billones correspondieron a mipymes en los municipios de influencia minera.
Estos temas y otros son discutidos en el Congreso Nacional de Minería 2024, que se llevará a cabo en Cartagena, con la participación de expertos en biodiversidad, geopolítica, territorio, economía, mercados, inteligencia artificial y minerales para la transición energética.