No fue suficiente el arsenal probatorio que presentó la Fiscalía contra el exgobernador de Arauca Facundo Castillo, por sus presuntas relaciones con la organización criminal del ELN a quienes incluso les habría entregado recursos de la administración pública.
Claramente, la Fiscalía había señalado en su escrito de acusación que “entre los años 2012 a 2021, se pudo establecer que se encuentra en fase de consolidación el fenómeno criminal a través del cual el Ejército de Liberación Nacional (ELN), permeabilizó la administración departamental y local alcanzando niveles administrativos y la alineación de intereses entre la organización criminal y los Gobernadores del Departamento de Arauca, José Facundo Casttillo (2012-2015) (2020-2023) y Ricardo Alvarado Bestene (2016-2019)”.
Agregaba la acusación: “Se evidencia el apoyo y promoción que esta organización armada brindó a los intereses políticos y económicos de los gobernadores, y a su vez, el beneficio y apoyo financiero que recibió la estructura criminal por parte de la administración departamental, en cabeza de los mandatarios acusados, a través de la contratación pública”.
No obstante, pasados más de 500 días desde esta imputación, no fue definida su situación y quedó en libertad por la conocida fórmula de libertad por vencimiento de términos. En la decisión señalan que el largo tiempo que pasó entre la imputación y la orden de libertad no se debe a maniobras dilatorias.
Su captura y sus relaciones
Más de tres semanas se tomó un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá para definir la situación jurídica del gobernador de Arauca, Facundo Castillo, investigado, capturado y judicializado por los presuntos vínculos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varios hechos de corrupción durante su administración. El magistrado analizó el material probatorio recaudado por la Fiscalía y presentado en la imputación de cargos, para concluir que es necesario mantener al mandatario detenido y en una cárcel.
Para la Fiscalía, el gobernador incurrió en la comisión de al menos cinco delitos, que no solo lo dejan como responsable de financiar las acciones terroristas del ELN, sino entregar millonarios contratos a integrantes de esa guerrilla, como fachada para completar ese apoyo económico a la insurgencia.
Dijo el fiscal del caso que los hechos investigados son muy graves y dejaron a la comunidad a merced de la guerrilla, pues si la administración departamental estaba al servicio de ese grupo criminal, con la entrega de contratos tal situación puso en riesgo la seguridad pública.
“La comunidad se encuentra expuesta por el accionar delictivo del doctor José Facundo Castillo, que son bastante graves, sin que se pierda de vista que se ha podido establecer este probable vínculo con la guerrilla, el proceso de financiación, sino también contra la administración pública que el juró proteger”, dijo el fiscal al explicar por qué la necesidad de la medida de aseguramiento.
El fiscal aseguró que la comunidad, la que votó o no por el gobernador Castillo, terminó defraudada, pues los recursos públicos que se le confiaron terminaron en manos de la guerrilla del ELN a través de sus intermediarios o enlaces, los mismos a quienes se entregaron los millonarios contratos.
“Son conductas eminentemente dolosas, sin ningún respeto a la moral y sin escatimar esfuerzos económicos; la forma en la que actuó el gobernador es una violación directa al las normas de la contratación pública. Afectó la seguridad donde la comunidad está totalmente vulnerada, donde la presencia de esta estructura criminal está al servicio de José Facundo Castillo y cualquier acto que ellos hagan en contra de sus intereses va afectar su seguridad”, explicó el fiscal en la solicitud o petición de enviar a la cárcel al gobernador.
La defensa del mandatario aseguró que la Fiscalía no pudo demostrar que su cliente representa un peligro para la sociedad, de ahí que no existe la necesidad de enviarlo a una cárcel cómo lo pidió el fiscal del caso. Al contrario, trató de desvirtuar la contundencia de varios testigos que fueron presentados a través de declaraciones por parte del ente acusador.
El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, luego de estudiar el material probatorio, los argumentos de la Fiscalía y los reparos de la defensa del gobernador Facundo Castillo, tomó la determinación de enviarlo a la cárcel por considerar que efectivamente puede representar un peligro para la sociedad y para el proceso que apenas arranca en la Fiscalía.
“Las penas, eventuales, que se podrían imponer por esas conductas son altas, como es el concierto para delinquir agravado, la financiación de grupos de delincuencia organizada, el contrato sin cumplimiento de requisitos legales… El daño generado en el departamento de Arauca no solo es el tiempo pasado, sino que vemos cómo la administración y estos acuerdos con la guerrilla afectaron la seguridad pública”, dijo el fiscal.
Con la decisión del magistrado, la Fiscalía tiene puerta abierta para presentar el escrito de acusación y ante la Corte Suprema de Justicia solicitar una condena por los delitos que fueron imputados o, por el contrario, que el Alto Tribunal decida absolverlo.