Los detalles de una investigación que lideró la Fiscalía en la seccional de Bogotá, dejó, infortunadamente, la captura de seis policías en la localidad de Engativá. Los uniformados, al parecer, le exigían dinero a ciudadanos bajo el argumento de estar involucrados en hechos criminales.
Los policías, según la investigación, ubicaban a las víctimas, los capturaban ilegalmente con el argumento de tener, en su contra, procesos judiciales pendientes, incluso con órdenes de captura. Los llevaban a instalaciones de la misma Policía y hacían exigencias que llegaban hasta los 10 millones de pesos.
“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías abundante material de prueba que da cuenta de la existencia de una organización delictiva conocida como ‘Engativá’, la cual estaría conformada por integrantes de la Policía Nacional”, dijo la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación, por estos hechos, se recibieron dos denuncias de personas que fueron retenidas ilegalmente el año pasado, en la localidad de Engativá. Las víctimas señalaron que varios policías se valieron de sus cargos para intimidarlas y conducirlas mediante engaños.
“Este grupo de uniformados, al parecer, contactaba a particulares y les hacían creer que estaban involucrados en algún delito. Con supuestas órdenes de captura, presuntamente, los conducían a una instalación oficial, los privaban de la libertad y les exigían sumas superiores a los 10 millones de pesos para dejarlos ir y no judicializarlos”, dijo el fiscal durante las audiencias preliminares de imputación de cargos.
Luego de recibir las denuncias, los investigadores lograron demostrar la presunta responsabilidad de los uniformados en las extorsiones bajo esta modalidad. Los afectados relataron a los fiscales cómo fueron llevados a las estaciones y en esos espacios hacían las exigencias de dinero.
“Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a los detenidos el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo y sucesivo. El cargo no fue aceptado por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario”, advirtió el ente acusador.
La gravedad de los delitos imputados y con el material probatorio presentado por la Fiscalía, permitió argumentar, ante un juez, la necesidad de una medida de aseguramiento en contra de los uniformados. Para los fiscales, estos policías, curiosamente, representan un peligro para la sociedad y deben estar en una cárcel, no en estaciones atendiendo requerimientos ciudadanos.
“Los afectados con la decisión son el subteniente Cristian Roberto Soto Álvarez; y los patrulleros Juan Pablo Durán Rodríguez, Daniel Andrés Causil Sierra, Carlos Eduardo Quinayas Franco, Edwin Javier Montes Castro y Daniel Leonardo Sánchez Díaz”, señaló la Fiscalía tras concluir las audiencias preliminares.
La investigación de la Fiscalía continúa, son seis uniformados los procesados, pero las denuncias podrían incluir a otros funcionarios con esta presunta red de extorsión. Los policías ahora judicializados no aceptaron su responsabilidad en los hechos.