Los operativos que permitieron la captura de 13 personas en Bogotá y Medellín por pertenecer presuntamente a la organización criminal autodenominada primera línea calle 80, ahora se convierten en una medida de aseguramiento en centro de reclusión para quienes fueron identificados plenamente por la Fiscalía.

Una juez de control de garantías escuchó los argumentos del ente acusador y que dejó a los capturados como los responsables de liderar, coordinar y ejecutar actos de terrorismo en contra de sedes institucionales, establecimientos de comercio y los ataques con bombas molotov a miembros de la fuerza pública, en el marco de la protesta.

La Fiscalía presentó el material probatorio que recaudó en meses de investigación y seguimiento a los principales cabecillas de esta organización criminal, que logró, de acuerdo con el ente acusador, infiltrarse en la protesta legítima para afectarla y provocar enfrentamientos con la Policía.

En contra de los capturados hay declaraciones, vídeos, fotografías y conversaciones que fueron obtenidas por un agente infiltrado de la Fiscalía, quien logró meterse en lo más profundo de la organización, ganarse la confianza y obtener las pruebas que ahora los deja como judicializados en esta investigación.

Para la Fiscalía, los capturados incurrieron en varios delitos a la hora de enfrentarse a la fuerza pública y atacar bienes privados como el centro comercial Héroes, donde incluso, amenazaron con degollar a un vigilante que trató de oponerse a su ingreso en las instalaciones que tenía por encargo custodiar.

“La organización delincuencial autodenominada primera línea realizó los hechos vandálicos en el sector de la avenida Ciudad de Cali en la localidad de Suba, con la tenencia y lanzamiento de sustancias peligrosas bombas Molotov, en contra de la fuerza pública y agreden a un policía rompiendo el escudo con el que se protegía atentando contra su integridad personal”, señaló el fiscal del caso.

El ente acusador aseguró que si bien en el país se respeta el derecho a la legítima protesta, esta no puede incluir actos violentos en contra de la misma población, por la que aseguran están luchando. Los ahora judicializados incurrieron justamente en eso, un atentado contra sus propios vecinos, como quedó establecido en los audios que compartieron a través de grupos de WhatsApp.

“Ese día no nos vamos a ir como primera línea ni nada, vamos a ir como personas X y quemar toda esta mierda para que vean los vándalos que podemos llegar a ser, los de Engativá estamos todos, lo que hay son gente uribista viejitos hijos de puta, ojalá se mueran rápido”, se escucha en los audios revelados por la Fiscalía.

La Fiscalía insistió que los 13 capturados representan un peligro para la sociedad, pues su comportamiento, incluso desde sus propias casas, fue un atentado contra la seguridad pública, de ahí en la necesidad de imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario, siendo esta y no otra, como la detención domiciliaria, la que puede garantizar que los ciudadanos estén tranquilos.

Paralelamente a este proceso, se adelantan otras investigaciones en la Fiscalía para determinar la vinculación que tendrían las llamadas primera línea con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), particularmente en la financiación de las actividades criminales que se desenvuelven en la capital del país.

“Acaso estás primeras líneas han recibido plata o donaciones, acaso responde también de manera esporádica a que ELN ha venido financiando esta organización delincuencial, pero si se denota que entraban dineros en algún momento, al punto de que estaban haciendo el reclamo de qué pasó con los 100.000 que nos debe ELN”, dijo el fiscal del caso.

Con esta decisión la Fiscalía abre paso a otra etapa procesal que implicaría la radicación del escrito de acusación en contra de los ahora judicializados, con ello y en juicio, establecer su participación en los hechos investigados.