El 24 de enero de 2021, en una finca ubicada en la vereda Cerro Rico del corregimiento Chambimbal, a 30 minutos de Buga, fueron asesinados cinco jóvenes que celebraban la culminación del año escolar. Un grupo armado llegó a la finca, sometió a las víctimas y les disparó de forma indiscriminada. Ahora la Fiscalía logró probar la presunta responsabilidad de dos personas en el brutal crimen.

Diego Fernando Rivas Zuleta, alias Simón, y John Jaime Ramírez, alias JJ, fueron los judicializados por este asesinato. De acuerdo con la Fiscalía, formarían parte del grupo armado organizado residual, Adán Izquierdo, y fueron los responsables de atacar a los jóvenes, incluso algunos menores de edad, que estaban en esa fiesta.

“La priorización de este tipo de hechos, dispuesta por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, permitió identificar a Diego Fernando Rivas Zuleta, alias Simón, y John Jaime Ramírez, alias JJ, como presuntos responsables del homicidio de cinco personas, entre ellos un menor de edad”, dijo la delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando Guerrero.

En audiencias concentradas, un fiscal especializado presentó al juez de Control de Garantías el material probatorio y explicó por qué los ahora judicializados deben permanecer en un centro de reclusión. Su condición judicial es muy grave con los señalamientos de la Fiscalía. Los cargos fueron de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones agravado.

“El trabajo investigativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación permitió esclarecer el homicidio colectivo de cinco jóvenes asesinados la madrugada del 24 de enero de 2021 en una finca ubicada en la vereda Cerro Rico del corregimiento Chambimbal, a 30 minutos de Buga, en el departamento del Valle del Cauca”, explicó la Fiscalía.

La crónica de este macabro asesinato quedó dibujada en la memoria del país. Una finca de recreación que fue testigo de una masacre. Los rastros de una guerra en los espacios donde los jóvenes estuvieron bailando durante la noche y las evidencias en video que dejaron las propias víctimas mientras celebraban su graduación. Nadie se explicaba la barbarie.

“Las investigaciones dan cuenta de que en la madrugada, y portando armas de fuego, los presuntos agresores llegaron a la finca y se habrían dirigido a la piscina y al jacuzzi donde departían los jóvenes; algunos de ellos eran adolescentes”, dijo la fiscal Obando al confirmar la nueva medida de aseguramiento a los dos presuntos responsables.

Hasta la vicefiscal Martha Mancera se sumó a la investigación. Viajó al lugar de los hechos y coordinó las verificaciones, al punto de que fue posible identificar a los presuntos responsables y lograr su judicialización ante los jueces. Fueron meses de indagaciones, de testimonios y pruebas, las que llevaron a esclarecer el crimen.

“Una hora después de ocurrido el crimen, la Policía Nacional fue informada sobre lo ocurrido. En pocos minutos, un fiscal especializado, destacado para el caso, inició y coordinó los actos urgentes. De inmediato, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Buga y del grupo itinerante iniciaron el procesamiento de la escena, el cual se prolongó hasta finalizada la tarde del mismo día”, explicó la Fiscalía.

A pesar de la evidencia y del material de prueba en su contra, los dos presuntos implicados no aceptaron los cargos; sin embargo, el juez concluyó que deben seguir privados de la libertad en los centros carcelarios donde estaban por otro delito: porte ilegal de armas.