Toda una polémica ha generado en las últimas horas el anuncio del presidente Gustavo Petro para que el ICBF detenga la compra de la bienestarina para la alimentación de los niños en Colombia que están bajo su proyección.

La bienestarina que se da a los niños bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un alimento precocido, a base de una mezcla de cereales, leguminosa y leche entera en polvo, con vitaminas y minerales y ácidos grasos esenciales de fácil preparación.

No obstante, Petro pidió parar su adquisición debido a que es “un producto importado”.

“Cuando el ICBF entrega bienestarina está cometiendo un grave error, porque la bienestarina es un producto importado al por mayor, hay un contratista, y eso lo reparten a los niños donde no se la roban, pues no”, dijo el jefe de Estado.

El asunto es que, según indagó SEMANA, cumplir la petición de Petro puede resultar difícil para el ICBF, pues el contrato que firmó la entidad para la producción de este alimento va hasta el 30 de noviembre de 2027, es decir, todavía quedan cerca de cinco años más de vigencia del contrato.

Así quedó estipulado en la adjudicación de la licitación pública ICBF-LP-005-2021SEN. Según el documento, conocido por esta revista, el contrato, firmado con la empresa Ingredion Colombia S.A, arrancó su ejecución el 8 de abril de este año y finalizará hasta el 30 de noviembre de 2027.

El contrato tiene como objetivo la “producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional (AAVN) como la Bienestarina, el desarrollo de nuevos productos y la distribución a puntos de entrega primarios”.

Según lo acordado en el documento, durante los poco más de cinco años que dura el contrato, para el cual se comprometieron vigencias futuras, el ICBF girará para la producción de este alimento 1,1 billones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 176.008 millones, en 2022; 184.345 millones, en 2023; 193.086 millones, en 2024; 202.247 millones, en 2025; 211.850 millones, en 2026, y 220.590 en 2027.

Sin embargo, causa curiosidad que en septiembre de este año el propio gobierno de Gustavo Petro hizo una adición presupuestal a este contrato por 17.010 millones de pesos, debido a que “la evolución del precio de las materias primas de los AAVN ha presentado un aumento considerable durante la vigencia 2022, el cual excede lo estimado en la estructuración del presupuesto”.

Cabe aclarar que, según el ICBF, la bienestarina “se produce en las plantas de propiedad de la entidad, ubicadas en los municipios de Sabanagrande (Atlántico) y Cartago (Valle del Cauca)”.

En todo caso, este planteamiento del presidente Petro le generó duras críticas al mandatario, especialmente de quienes lo señalan de que eventualmente los menores del ICBF caigan en desnutrición por la ausencia de este alimento.

“Parece una inocentada para los niños más vulnerables de Colombia que el presidente @petrogustavo prohíba la distribución de bienestarina para su alimentación. Muy grave. Será el responsable de más desnutrición infantil”, apuntó el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, férreo opositor a Petro.

Gutiérrez le pidió al mandatario que reconsidere esta decisión, por el bienestar de los menores.

La propuesta de Petro

Al tiempo que pidió detener la compra de bienestarina, Petro le ordenó a Javier Pava Sánchez, director de la Unidad de Gestión de Riesgo, implementar la creación de cooperativas para comprar las cosechas de los campesinos y, de ese modo, poder llevar alimentación a las zonas más críticas.

El jefe de Estado también indicó que la alimentación de una región no debe depender de las importaciones.

“Lo que tenemos que lograr es que el territorio produzca la comida suficiente, el mismo territorio donde viven los niños; con la comida que se puede producir en ese territorio y no importarla. Hoy la bienestarina debe estar costándonos ‘un ojo de la cara’ por estar importándola, cuando el territorio puede dar la alimentación; si el Estado ayuda, eleva la rentabilidad de los productos que se pueden conseguir en el territorio”, agregó el presidente Petro desde el municipio de Magangué.

El mandatario explicó que el programa de Ollas Comunitarias que ha venido impulsando se propone atender una situación de emergencia ocasionada por las fuertes lluvias, como consecuencia del cambio climático, pero indicó que la solución de fondo es garantizar a la población vulnerable un sistema permanente de abastecimiento de alimentos, impulsado por el Estado.

Respecto a la distribución de estos productos, planteó la creación de asociaciones de tenderos o de establecimientos estatales que permitan vender a precios más bajos que los centros de comercio tradicionales.

Según el mandatario, este proyecto “lo tiene que empezar a implementar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), porque es precisamente para defendernos de la crisis climática” y que “va más allá de la Olla Comunitaria”.