Álvaro Leyva Durán, el suspendido canciller, no se presentará ante la Procuraduría General. Este jueves 15 de febrero comienza el juicio disciplinario en su contra por el lío de los pasaportes.
En el pliego de cargos formulado el pasado 27 de enero se señala que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas, cometidas a título de dolo, es decir, con conocimiento.
La primera tiene relación con la decisión de declarar desierta la Licitación 001 de 2023, sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
En segundo lugar, el organismo de control disciplinario llamó a juicio al ministro por, supuestamente, decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
Para salvaguardar la integridad del expediente, la Sala tomó la decisión de suspenderlo provisionalmente, en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes.
En la indagación preliminar, la Procuraduría General escuchó la declaración de la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Martha Lucía Zamora, quien fue la primera en advertir los riesgos de suspender el proceso licitatorio.
Igualmente, llamó la atención por una reunión que se habría presentado en un restaurante en París, Francia, entre Jorge Leyva, hijo del canciller, y Juan Carlos Losada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y quien había sido encargado por el mismo canciller de adelantar el segundo proceso licitatorio.
En esta reunión se habría hablado largo y tendido sobre el tema del contrato de pasaportes, pese a que Jorge Leyva no tenía nada que ver con el proceso. Al parecer, su papel era como lobista de varias empresas interesadas en el millonario contrato.
En medio de esta situación, la defensa de Leyva radicó una tutela con la que busca que se anule el fallo por medio del cual fue retirado por tres meses de su cargo, mientras se adelanta el juicio disciplinario por las presuntas irregularidades en la licitación de los pasaportes.
Para la defensa de Leyva, encabezada por el abogado Yefferson Dueñas, en el trámite que llevó a la suspensión del cargo mediante el pliego de cargos, se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al ejercicio de cargos públicos.
“Ese tipo de actos materializa la falta de transparencia e imparcialidad dentro de estos procesos, máxime cuando lo que se debate es una decisión que no contiene elementos objetivos, por lo que se ponen en riesgo las garantías esenciales que deben revestir a todos los procesos judiciales y administrativos”, señala la tutela.
En este sentido, se asegura que la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, quien ratificó el pasado 7 de febrero la suspensión, incurrió en constantes prejuzgamientos en los medios de comunicación y debates académicos. Por esto, se pide dejar sin efectos la suspensión y que Leyva vuelva al cargo y afronte así el proceso disciplinario.
“En consecuencia, solicito se deje sin efecto el numeral segundo del auto proferido por la Sala Disciplinaria de Instrucción que dispuso la suspensión provisional del disciplinado. Decisión que fue confirmada por la señora procuradora general de la nación, doctora Margarita Cabello Blanco, mediante auto del 7 de febrero de 2024″, advierte la tutela.